Escribe: Luis Alen.
La bajada de pulgar a cuatro ministros de la Corte por parte del presidente Horacio Cartes y el pacto azulgrana tendrá consecuencias no precisamente para que mejore la Justicia en nuestro país, sino para un nuevo balance de poder, en el que posiblemente salga mermado en sus ambiciones políticas el sector disidente colorado y en forma evidente, el dirigente esteño, Javier Zacarías Irún.
Finalmente se reunieron los votos necesarios en la Cámara de Diputados para el inicio del proceso de juicio político a tres ministros de la Corte Suprema de Justicia: Sindulfo Blanco, Miguel Oscar Bajac y César Garay Zuccolillo. Los dos primeros, por expresa orden de su propio partido Liberal, deberán ser destituidos de sus cargos si es que el Senado a la vez logra reunir 30 votos, que hasta ahora no estarían.
El cuarto ministro que hubiera sido llevado al banquillo era Víctor Núñez, de extracción colorada, pero éste prefirió renunciar a la vista de la existencia de los votos necesarios en la Cámara Baja. Quien dijo que el juicio político es un verdadero espectáculo circense, optó por no ser un miembro más del escenario montado por la clase política con el fin de demostrar que controla los hilos que a su vez mueven a los miembros de la Corte, como el más avezado de los titiriteros.
Lo simpático del caso es que se demostró una vez más que el juicio político, en el caso de los miembros de la Corte, es una verdadera parodia, ya que no importa mucho comprobar “el mal desempeño de funciones” como lo exige la Constitución, sino que existan los votos necesarios para el “impeachment”. El resto del trabajo es sólo redactar a las apuradas las supuestas pruebas del “mal desempeño”.
Es que la consigna de la hora es, como siempre ha ocurrido en otros casos similares del pasado, “cambiar para no cambiar nada”. Es decir, lo que importa es realizar ajustes en la balanza del poder y no en el de Astrea, y evidentemente se está logrando con esta jugada dar vía libre a HC y a la clase política a poner gente de su entera confianza en la más alta instancia del Poder Judicial, posiblemente con el ánimo de lograr las condiciones para evitar algún problema en el proyecto de reforma constitucional para la reelección presidencial.
ZI, sin blindaje judicial
El político que aparentemente saldrá más perjudicado con la movida en la Corte es el líder esteño Javier Zacarías Irún, quien perdería a uno de sus aliados claves, el ministro Sindulfo Blanco, superintendente de la circunscripción judicial del Alto Paraná y quien habría venido otorgando el blindaje para evitar que la Justicia investigara las denuncias de supuestas irregularidades en la administración municipal del Clan familiar en Ciudad del Este.
Aunque es cierto que los políticos son muy hábiles a la hora de negociar nuevas alianzas con los magistrados que lleguen a ocupar los cargos vacantes en la máxima autoridad judicial, también resulta notorio que la merma en la influencia de Zacarías Irún y de la disidencia colorada en la Corte sería uno de los objetivos de la arremetida del presidente Cartes contra los cuatro ministros.
Por un razonable olfato político, uno de los líderes de los disidentes, el senador Julio César Velázquez, ya adelantó que no votará por el juicio a los ministros. Es que todo apunta a que la renovación judicial sólo será de nombres en la máxima instancia de la Justicia, y no precisamente un verdadero cambio como el que pide la ciudadanía para terminar con un Poder Judicial al servicio del poder o del dinero.
Los liberales del pacto azulgrana, aliados de HC, dejaron evidentemente en “off-side” a Zacarías Irún, tras la última jugada que realizaron en la junta municipal de CDE, cuando estuvieron a punto de votar por un presidente opositor a la gestión de Sandra McLeod.
Sobre la hora, dejaron de hacerlo con el compromiso de ZI a la senadora Zulma Gómez de votar por el juicio político, con lo cual el líder esteño prefirió quedarse sin el blindaje judicial que le proporcionaba el ministro liberal Sindulfo Blanco, a cambio de evitar la posible caída de la administración de Sandra, hecho que hubiera ocurrido tras un pedido de la junta de CDE a Diputados para la intervención de la municipalidad.
Como se puede apreciar, la movida contra los cuatro ministros sólo vuelve a reeditar el ya conocido libreto de que cada presidente de la República quiere tener la posibilidad de poner a sus hombres en la Corte, con el fin de precautelar sus intereses y especialmente los manejos de poder tendientes a la continuidad de su proyecto, en especial el tan mentado plan de la reelección.
Ningún presidente logró hasta ahora hacerse reelegir, desde la caída del “eterno” Alfredo Stroessner, porque se lo impide la Constitución. Habrá que ver si el pacto político para la salida de los cuatro ministros también incluye la posibilidad de romper el cerrojo para la continuidad del proyecto HC.
Por ahora se estaría logrando el primer paso al debilitar nada menos que el poder de la disidencia colorada representada por el Clan Zacarías, que en forma desesperada trata ahora de sumarse a un posible proyecto anti-Cartes promovido por el liderazgo del vicepresidente Juan Afara en el departamento de Itapúa, en una especie de “alianza del sureste”, como se le ha dado en llamar ya en la jerga periodística.
Pero lo que está aconteciendo con el tema del juicio político a la Corte, es evidente que todo apunta a un debilitamiento de la disidencia colorada, que hasta el momento es la única esperanza de una oposición seria a las pretensiones de HC de perpetuarse en el poder, a falta de una oposición fuerte y seria por fuera del Partido que le llevó al gobierno a Horacio Cartes.
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