Escribe: Luis Alen.
Al presidente Horacio Cartes se le ha derrumbado, como un castillo de naipes, todo el entramado que construyó en tres años de gestión gubernativa con el fin de mantenerse en el poder. Por errores propios o por la habilidad política de los opositores al proyecto continuista, tanto dentro como fuera del partido Colorado, a estas alturas se puede decir que a HC se le hace cuesta arriba el intento reeleccionista por la simple razón de que erró el camino.
Al principio de su mandato, caló hondo y en forma positiva en el sentir popular su posición contraria a los “negocios” de la clase política, con algunos de sus exponentes empotrados en el Parlamento desde hace un cuarto de siglo y arropados bajo el cortinado de las listas sábana. Pero desde que digitó a los obedientes líderes de la junta de gobierno de la ANR y se propusiera imponer definitivamente su poder económico sobre la política, haciendo tabla rasa hasta de sus propuestas contrarias a la corrupción en la administración pública, Cartes empezó a perder terreno en la consideración ciudadana.
Terminó por hipotecar totalmente su futuro político con el doble discurso de apoyar la transparencia en el manejo administrativo del Estado, pero al mismo tiempo evitando la investigación sobre las cuentas de la administración comunal del clan Zacarías de Ciudad del Este, al que adicionalmente le brindó la oportunidad de consagrar su blindaje con el aval de la propia Justicia.
Otro podría haber sido su devenir político, en el caso que hubiera sido coherente con el discurso anticorrupción y se haya mantenido incólume en la posición de no acompañar el “rumbo” de Zacarías Irún, a sabiendas de que la alternativa de ir detrás de ZI le podría significar la definitiva ruptura con el ala disidente colorada y con la oposición en general.
Coincidencias llamativas
Cuando asumió el gobierno el 15 de agosto de 2013, HC había proclamado con voz potente que los grupos criminales no le marcarían la agenda, pero a tres años de esta afirmación rimbombante ocurre todo lo contrario, a tal punto que la ciudadanía está perturbada por la emergencia cada vez más amenazante del poder narco, de la violencia en las calles, de la criminalidad organizada y de la acción del EPP en el Norte del país.
La intención evidente del Gobierno al comienzo de la gestión cartista era demostrar que sólo la presencia de HC al frente del Ejecutivo podía garantizar una lucha firme contra la inseguridad y la insurgencia del EPP, pero el balance hasta hoy de la actividad contra la criminalidad ha sido sumamente desalentador, por el evidente fracaso en la performance de los encargados de la seguridad ciudadana.
Lo ocurrido el sábado 27 en Concepción, con la muerte de ocho uniformados pertenecientes a la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) en una posible emboscada del EPP, vino a echar por el suelo cualquier propaganda oficial acerca de la efectividad de la lucha contra los grupos violentos en el Norte.
La demostración de la inutilidad más supina de los comandos militares ha sido el hecho de enviar al matadero a los miembros de la FTC sin la más mínima protección para un patrullaje que se sabe es peligroso, atendiendo a que estaban atravesando la “cueva del lobo” de la guerrilla, que aterroriza a todo el Norte y tiene prácticamente a la población presa del temor para no informar y proveer de datos certeros acerca de las coordenadas en donde se encuentran los “soldados” de la subversión.
En forma llamativa, se puede ver la coincidencia en que los golpes del EPP se dan cuando le ocurren a HC eventos en que se pone a prueba su poder, como fue el caso de la decisión del jueves pasado del Senado de poner un cepo hasta junio del año que viene para cualquier maniobra que posibilite la enmienda constitucional para la reelección. Y más aún cuando se está analizando la efectividad de la FTC en la campaña contra el EPP, con el proyecto de derogación de la Ley de Seguridad nacional sancionada en 2013 y que le diera poderes extraordinarios a HC para dirigir los movimientos militares y policiales contra los insurgentes.
Resulta harto sospechoso que el mismo EPP saliera a “ayudar” a los militares para frustrar el intento de investigación de la forma en que se distribuye el cuantioso presupuesto otorgado a la FTC por el Congreso para la lucha antiguerrillera y que es motivo de dudas sobre su destino, habida cuenta de la pobrísima demostración de equipamiento y de dotación de recursos que se vio en el episodio de la emboscada.
En medio del dolor de las familias enlutadas y de la consternación ciudadana, el cartismo quiere seguir con el planteo de endilgar a los políticos opositores una suerte de padrinazgo del EPP, cuando se nota claramente que la responsabilidad del crecimiento de la violencia en el Norte se debe a una sospechosa inutilidad del mismo Gobierno cartista y de que dicho territorio se ha vuelto una “tierra de nadie” por la tolerancia con los grupos violentos identificados y definidos como “narcoterroristas” por el propio Cartes en su discurso a la vuelta de su viaje a México, el mismo día de la masacre en Concepción.
El error del rumbo escogido
Los buenos augurios del inicio de su gobierno, con el plan de transparencia pública y la denuncia contra los viejos liderazgos políticos acostumbrados a los negociados con el dinero del Estado, le dieron a HC un gran capital político, que luego lo dilapidó con su doble discurso sobre la lucha contra la corrupción y con el fracaso total en materia de seguridad ciudadana.
Pero el mayor error político de Horacio Cartes ha sido poner toda la carne en el asador a favor de Javier Zacarías Irún, creyendo que con ello se aseguraba también el camino hacia la reelección. Pero no fue así, porque produjo el efecto contrario, por lo que se vio en el Senado. ZI se fortaleció, mientras HC cayó en total descrédito ante la ciudadanía.
¿Qué pasó realmente? La clase política representada en el Senado vio a su vez el peligro de una potencial recuperación política nacional de Zacarías Irún con el apoyo a la creciente oleada pro reelección entre las bases coloradas, y optó por cortar de raíz cualquier intento de “rekutú” por parte de Cartes, por lo menos a través de la enmienda de la Constitución.
En cierto modo, los líderes colorados disidentes y de la oposición vieron el peligro del unicato cartista en connivencia con la dictadura del clan Z en CDE, lo que podría traer negros presagios para el devenir de la República, por la posibilidad de una vuelta al autoritarismo de la época stronista, ya con el ropaje de un régimen dictatorial erigido sobre el poder de la narcopolítica o cosa semejante, con órdenes provenientes de una especie de “poder fronterizo”.
Ya sobran los ejemplos de lo que podría suceder en un futuro dominado por la entente cartista-zacariísta, como el caso actual de la censura de prensa que rige en el canal de cable de Ciudad del Este, que silencia la transmisión de programas de televisión supuestamente opositores a ZI.
Tanto HC como ZI, ahora aliados, no dan todo por perdido, evidentemente, y van a maniobrar en la Cámara de Diputados para insistir en el tema de la enmienda. Sin embargo, lo harán violando el texto constitucional, que prohíbe cualquier tratamiento de la enmienda por un año, una vez que cualquiera de las cámaras lo haya rechazado.
Por ahora, el proyecto de reelección prácticamente se ha paralizado. Es que para la reforma, en vez de la enmienda, tampoco existen condiciones, debido a que el llamado a una convención constituyente debe provenir de un amplio acuerdo político que difícilmente se establecerá, teniendo en cuenta el crispado ambiente ya en vísperas de las internas y de las generales de 2018.
Lo que le resta a Cartes es gobernar y cumplir sus promesas ante la ciudadanía, en lo que le queda de mandato, especialmente consiguiendo algún éxito contra el EPP. Pero como expresaron las autoridades departamentales de Concepción, el éxito final contra la guerrilla depende de la forma en que se aborda y se trata de solucionar el tema de la pobreza en el Norte, con más fuentes de trabajo y planes para sacar de la miseria a la mayoría de la población.
Los tres años de gestión de HC, a pesar de los programas de obras en curso y el gran endeudamiento del Estado, tuvieron como denominador común la excesiva prioridad por la continuidad de HC en el poder, desatendiendo la opción de acelerar al máximo los planes de gobierno y las inversiones con el fin de lograr un progreso social rápido.
Las consecuencias están a la vista y ahora la única salida para el presidente es llevar a cabo una gestión acorde con su compromiso con la gente de culminar las obras que podrían ayudar a ir superando la extrema pobreza de una buena parte del país.
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