Legítimo derecho

Un grupo de trabajadores informales, cansados por el abandono a fueron expuestos por las autoridades municipales, el sábado a la noche, ingresó al polémico predio de las 9 hectáreas, expropiado por el Parlamento a favor de la comuna esteña, y que posteriormente fuera cedido a los denominados “mesiteros”, pero que en la realidad nunca pudieron hacer uso del mismo.
Lejos de cumplir con lo dispuesto con los trabajadores de la vía pública, el clan Zacarías, fiel a su política angurrienta, mercantilizó la famosa finca (asentada en la cercanía de la aduana de la zona primaria), vendiendo a los empresarios golondrinas, dejando a la deriva a los humildes compatriotas, hoy deambulando por las calles, como mendigos, sin que tengan respuestas a sus reclamos.
Alrededor de 200 personas decidieron hacer justicia por mano propia ante el silencio de las autoridades comunales, invadiendo el predio, que legítimamente, es de ellos. Sin embargo, los mismos nunca pudieron disponer del terreno, porque la extensa propiedad fue sometida a una rifa por el clan Zacarías, que hizo su gran negocio, vendiendo la finca a un grupo de empresarios extranjeros, que hoy disfrutan del éxito empresarial, mientras que los mesiteros pasan hambre, tras ser desalojados de sus respectivos puestos de trabajo, en el microcentro.
De las 9 hectáreas de la propiedad expropiada para la reubicación de los vendedores de la vía pública, apenas 1 hectárea se destinó para ese fin, con la construcción de un galpón, con varias casillas de latas, en donde se ubicaron a algunos de los mesiteros que ocupaban las veredas de la avenida Luis María Argaña. El resto, es decir 8 hectáreas, fueron cedidas o vendidas a empresarios extranjeros, en donde actualmente funciona el Shopping del Este, vendido a los hermanos Nasser, un estacionamiento particular de 2 hectáreas y el mayor de todos, la construcción del Shopping Paris, del empresario Seong Yun Kim, propietario de Bonita Kim.
La expulsión de los trabajadores informales del predio que hipotéticamente les pertenece se realizó a los empujones y 5 manifestantes fueron detenidos en la ocasión,  denotando de esta manera que cualquier acción parecida será reprimida con una celeridad y efectividad inusuales a lo que caracteriza a la administración comunal, cuando se trata de otros tipos de incidentes. Con esta acción severísima, quedó demostrada que la justicia en esta región continúa estando al servicio de un clan. ¿Hasta cuando?, es la pregunta.
También deja patente que ya no existe visto de solución para la reubicación de los miles de vendedores informales que todavía están esparcidos por casi todo el microcentro de la capital departamental, y que tarde o temprano tendrán el mismo destino que aquellos que quedaron sin puesto laboral con el plan de reordenamiento de la avenida Adrián Jara. El panorama cada vez está más enrarecido, y si continúa de esta manera, puede derivar en una impredecible consecuencia social.
Con el negociado, por parte de los grupos dominantes de la institución municipal, de la finca de las 9 hectáreas, ya no existe un predio donde puedan ser reubicados los vendedores de la vía pública. La valiosa propiedad, perteneciente a los mesiteros, pasó a engrosar las cuentas personales de los miembros del clan Z.
Los únicos que aún pueden tener esperanza de un mejor porvenir son los actuales mesiteros que ocupan el paseo central de la avenida Monseñor Rodríguez, en el tramo final antes de la aduana local, que serán beneficiarios con el proyecto de ordenamiento de la Tercera Etapa, ya que dicha obra será encarada y financiada por la Itaipú Binacional.
A los demás mesiteros excedentes, que cifran sus esperanzas en la municipalidad de Ciudad del Este,  el futuro no es halagador,  y les espera apenas de lo mismo que a estos 200 “desocupados”, según las expresiones de las autoridades locales, si pretenden reclamar sus derechos, una segura y pronta represión. Si no se hace justicia con el conflictivo predio, no queda otra, que las movilizaciones, para exigir el legítimo derecho que les corresponde a los hermanos trabajadores de la vía pública.