Escribe: Luis Alen.
Por donde se lo mire, la principal consecuencia política del asesinato del periodista de ABC, Pablo Medina, ha sido el convencimiento de la ciudadanía de algo muy grave: que el Gobierno no controla a las poderosas mafias de la droga y el contrabando en los departamentos de Canindeyú, Amambay y Alto Paraná, inficionadas como están por los “narcos” las principales instituciones estatales y políticas de dichas regiones. Por otro lado, el líder del Frente para la Victoria, Javier Zacarías, hasta ahora no dio la cara por “Neneco” Acosta, principal mandante del crimen de Medina y que en el 2010 ya recibió la bendición del zacariísmo, para postularse intendente de la citada localidad fronteriza.
De allí que no existe otra forma de explicar la supuesta orden dada para el crimen, sino la de “patear la olla” para hacer trizas las esperanzas de que con HC se tendría a raya a los grupos mafiosos cada vez más ansiosos de poder que dominan la frontera paraguayo-brasileña.
Con el EPP en Concepción y San Pedro, más las corporaciones del crimen organizado que se pasean orondamente por los tres departamentos citados, se puede afirmar sin temor a equívocos que el Norte y Noreste de la Región Oriental del país se constituyen en verdaderas “zonas liberadas”, donde no impera la Constitución de la República sino la ley del fusil, es decir, la ley de la selva.
Si existió realmente la orden para el crimen del comunicador, la misma provino de sectores que apuntan a la no reelección de HC, ya que con la demostración de la falta de control del Gobierno sobre las mafias y el EPP, por ende, la continuidad de la tremenda inseguridad para los productores y la gente en los departamentos del Norte viene a demostrar que no anda el aparato de seguridad gubernamental.
Si el Gobierno es incapaz de dar seguridad en grandes segmentos del territorio nacional, por consecuencia también se podrá dudar sobre su capacidad para otorgar las garantías suficientes para las inversiones.
Ya se conoció por ejemplo el caso de las empresas viales que se rehúsan a realizar trabajos de construcción y asfaltado de carreteras en los departamentos norteños acosados por las bandas mafiosas irregulares y el grupo narcoguerrillero del EPP. Igualmente, varias comunidades como Horqueta y Tacuatí han dado la voz de alarma sobre la ausencia total de nuevos emprendimientos para la creación de fuentes de trabajo en su zona de influencia, por culpa de la falta de seguridad y garantías.
¿Quién manejaba a “Neneco”?
Un dato esclarecedor sobre la “orden” es que el sospechoso de ser el autor moral del alevoso atentado contra el colega periodista pertenecía al grupo político pro HC que controla el partido Colorado de Canindeyú, comandado por la diputada Cristina Villalba. Sin embargo, se hurgó con más detenimiento en los antecedentes de Vilmar “Neneco” Acosta, el ex intendente de Ypejhú, y se constató que fue catapultado a la arena política en 2010 por el movimiento político que lideran Luis Alberto Castiglioni y Javier Zacarías Irún.
Algunos analistas políticos como Enrique Vargas Peña –en el programa de TV del domingo pasado de Mina en Domingo- ya empiezan a preguntarse por qué Zacarías Irún no sale a explicar su papel como virtual mentor de “Neneco” para su meteórica carrera política, pese a su oscuro prontuario y a las investigaciones fiscales en curso sobre acusaciones de asesinato y doble nacionalidad.
La conspiración organizada para el brutal atentado contra Medina tenía intenciones políticas evidentes, y qué mejor manera de causar impacto demostrando la inutilidad de las fuerzas de seguridad, la fiscalía y el Poder Judicial. Precisamente, ahora se retomó la idea de defenestrar a través del juicio político a varios ministros de la Corte Suprema, comenzando por Víctor Núñez, a quien ni siquiera Dios le apoyará si es que se reúnen los votos que parece ya se tienen en el Parlamento, a pesar de que el magistrado haya señalado que “sólo Dios me va a sacar del cargo”.
El panorama político no es el mejor para HC, que ve venir la campaña por las municipales sin atinar ningún esfuerzo por aglutinar nuevamente su movimiento, Honor Colorado, para las justas electorales de 2015. Se dijo ya, por las dudas, que Cartes apoyará a cualquier candidato que surja de las internas. Es decir, prácticamente le da “cancha libre” tanto a los Samaniego en Asunción como a Zacarías Irún en Ciudad del Este, por enumerar sólo los dos principales municipios del país.
El avance del zacariísmo a nivel nacional puede ser también la consecuencia de la reculada de HC en las municipales. Esto se veía venir hace rato y sólo existía la esperanza de resquebrajar la estructura de ZI con una auditoría fulminante de la Contraloría en la comuna esteña, lo que no está aconteciendo. Por lo tanto, la reelección de Sandra McLeod en Ciudad del Este es casi un hecho. Así ya lo estaba sentenciando la apatía de Honor Colorado en CDE en los últimos meses.
A este paso, pensar en una reelección de HC en el Gobierno de la República en 2018 se hace cuesta arriba. Es que dejó pasar la oportunidad de las municipales para mantener bien aceitada la maquinaria de Honor Colorado. El caso Medina vino a rematar cualquier esperanza de reacción tras la abulia que se posesionó del movimiento oficialista desde la victoria electoral de 2013.
Pasó con varios presidentes de la transición desde 1989: Rodríguez, Duarte Frutos y Lugo se propusieron la reforma constitucional y la reelección, pero la corporación política que se prepara a tomar la posta en el siguiente período ya empieza a conspirar para evitar el propósito del inquilino de turno del Palacio de López. Es lo que seguramente está ocurriendo nuevamente ahora.
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