Escribe: Luis Alen.
Se viene el “impuestazo” de Marito Abdo, tras el anuncio del envío del proyecto de aumentos en los tributos al Congreso, sin que se tuvieran en cuenta las objeciones de los empresarios, por lo que se presume que, por lo menos en Diputados, se pondrá a funcionar la aplanadora colorada, dejándose para el Senado la discusión principal debido a que aún no se sabe si habrá mayoría en la Cámara alta para la aprobación final.
No se puede negar la necesidad que tiene el Gobierno de más ingresos tributarios para equilibrar las deficitarias cuentas fiscales, más aún cuando se tienen datos de que el sector más pudiente de alta renta económica es el que menos aporta por obra y gracia de las excesivas deducciones en el Impuesto a la Renta Personal (IRP). El proyecto del Ejecutivo trata de enmendar esto, por lo cual es rechazado en el ámbito empresarial, que por su parte exige la contención del carnaval de gastos superfluos de la administración estatal.
Es cierto que Marito también prometió en campaña electoral mantener los niveles impositivos heredados para que el país sea competitivo, generando el aplauso de los empresarios del sector del “agrobusiness”, pero, justamente, éstos últimos son los que menos aportan al fisco, según las estadísticas del Iragro, que ahora se quiere eliminar para introducir a los hombres de campo en una sola bolsa con los demás aportantes del Impuesto a la Renta Empresarial.
El presidente dejó atrás la promesa de campaña y ahora se propuso ponerse a trabajar en una misión que es propia del Estado, como es la consecución del bien común y del bienestar general de la nación, a despecho de cualquier otra razón mezquina de grupos o de intereses minoritarios. En el caso del cobro de impuestos, debe primar el interés nacional y la equidad en la tributación, con fines especialmente sociales.
Pero he aquí que, en contrapartida, Abdo ha hecho poco para racionalizar el gasto público, que se ha disparado al conjuro del clientelismo político del que nuevamente ha hecho gala la clase política con el guiño cómplice del Gobierno y principalmente del responsable de la administración del país, el jefe de Estado.
El presidente debe poner un límite a los gastos corrientes y concentrarse en destinar los nuevos ingresos por la reforma a los gastos sociales y de infraestructura. La tendencia debe ser incrementar en forma sustancial la inversión en educación, del actual 4 por ciento del PIB (US$ 1.600 millones) a por lo menos el 8 por ciento. Lo mismo en salud, que insume actualmente US$ 900 millones anuales, con lo cual tendrá sobrada justificación el “impuestazo”.
Razones políticas
Marito tuvo un encontronazo con la realidad de la salud en el Paraguay, pero que tomó a la chacota, durante su última presencia por Ciudad del Este, el lunes pasado, cuando presidió una inauguración en el hospital regional, siendo encarado por la concejala de Presidente Franco, Bartola Fernández, del Partido Democrático Progresista (PDP), quien encabezaba un mini-escrache y le reclamaba a viva voz y en forma airada por la falta de médicos, insumos y medicamentos en los hospitales públicos.
Fernández le zarandeó a Marito advirtiéndole que no cumpliría todo su mandato en el caso que siga como está, “separado del pueblo”, al no disponer las medidas conducentes a dotar de presupuesto a las necesidades más urgentes de la población, en el área de la salud, ante la realidad de muertes que se podrían haber evitado en el caso que existieran los recursos.
El jefe de Estado tomó en sorna el pedido, pero después, al ver la reacción del público en las redes sociales, se rectificó, lo que estuvo correcto, aunque deja una sensación que el mandatario no tiene las respuestas adecuadas a los reclamos, tanto con medidas como con proyectos que se deben presentar en forma urgente a la población en áreas muy sensibles como la salud.
Pero no hay proyectos posibles sin la provisión de fondos genuinos, que sólo vienen de la recaudación de impuestos. Y es aquí donde entran a tallar hasta razones políticas, pues con solo incrementar el impuesto al tabaco, ya se podría haber ingresado recursos extras para destinarlos a la atención sanitaria más urgente de la población con menos posibilidades de acceder a servicios asistenciales de calidad.
En el tema del tributo cigarrillero, todo depende de la pulseada con Horacio Cartes, el tabacalero devenido en político, quien últimamente otra vez está en buenas relaciones con Marito para ofrecer los votos en el Congreso con los cuales se pueda otorgar gobernabilidad al Gobierno. Para este año tenía pendiente el Gobierno un ajuste sustancial al tabaco, después que sólo se aumentara la tasa de 16 a 18 por ciento, a poco de que asumiera Marito.
Pero así como no puede poner a raya a su clientela que pide más cargos y fondos públicos, Marito tampoco ha podido hasta ahora imponer un impuesto al tabaco mayor al actual porcentaje mínimo establecido por ley el año pasado. Más todavía, incluso no se anima a cobrarle a HC por posibles impuestos evadidos y que se hallan pendientes de decisión en una denuncia que hace años duerme en el Ministerio de Hacienda, en la Procuraduría General y en el Tribunal de Cuentas.
De este modo, Abdo corre el riesgo de seguir recibiendo reprimendas públicas como la del lunes, por lo que, indefectiblemente, debería poner el empeño en corregir su rumbo en materia de recaudación impositiva, especialmente sobre el tabaco, para destinar los fondos adicionales al escuálido presupuesto actual de salud.
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