Escribe: Luis Alen.
Una debilitada presidencia que puede caer dependiendo de una bajada de pulgar de HC, condiciona la gobernabilidad de Marito Abdo. La amenaza de juicio político sólo favorece a la protección política mafiosa empotrada en el Parlamento, por lo que el presidente de la República debe recuperar su bandera de lucha contra la impunidad.
El “efecto Itaipú” le exige al Gobierno abdista redoblar su esfuerzo por cumplir una gestión acorde con lo que espera la ciudadanía, no sólo en cuanto a recuperación de la soberanía energética, sino también en materia de metas económicas y sociales.
El rápido deterioro del Gobierno de Marito Abdo se debe en gran parte a la misma indolencia del Ejecutivo en el manejo de un asunto muy estratégico como es la energía de la binacional Itaipú, pero también hay que reconocer que la mafia política aprovechó este desliz presidencial para marcarle un “nuevo rumbo” para que así el “caiga quien caiga” quede virtualmente en mera declaración lírica.
Al cumplirse un año de la asunción al mando de Marito Abdo, su presidencia se halla jaqueada por los cuatro costados y sólo se mantiene por el temor de la ANR de entregar el poder a los liberales llanistas-efrainistas y al Frente Guasu luguista.
Pero son los votos de Horacio Cartes en el Congreso los que realmente hacen la diferencia, a favor o en contra según la orden que venga de la casa de la avenida España, lo que se traduce en buen romance que la moneda de cambio por el salvataje es la impunidad para el cartismo.
Conspiración montada
La “traición a la Patria” en Itaipú ha desembocado en la presentación del juicio político para el presidente Mario Abdo Benítez y el vicepresidente Hugo Velázquez, pero el plan se ha constituido en un montaje para mantener la impunidad de los políticos mafiosos, más que en una auténtica amenaza para el jefe de Estado.
Muy altruista la gente de Horacio Cartes (HC, Honor Colorado) indicando que no condicionan para nada la orientación del Gobierno de Marito, descartando el cogobierno e incluso negando un pacto de impunidad para aquellos cartistas imputados o investigados por la Justicia, pero un apoyo que implica no aportar finalmente los votos para el juicio político -pese a que inicialmente HC lo hacía- tiene su costo inevitable en materia de impunidad.
¿Qué haría Horacio si, llegado el caso, Marito impulsa la embestida contra el negocio ilegal del contrabando de cigarrillos de Cartes? O que se animara a cobrarle a la tabacalera Tabesa, de HC, por impuestos debidos al fisco en base a una denuncia que desde hace años duerme el sueño de los justos en el Poder Judicial?
A Horacio Cartes no le causaría mucha gracia que Marito sea hasta ese punto tan “malagradecido”, porque supuestamente le está defendiendo de un juicio político que, a todas luces, no corre, primero porque el vicepresidente Hugo Velázquez también está colgado de la protección en forma conjunta con el presidente, y, segundo, porque los gobiernos de Brasil, Estados Unidos y Argentina, le hicieron saber al mismísimo Horacio que no cruce la línea roja, por su propio bien y para evitar cualquier efecto en investigaciones por drogas, contrabando de tabaco o lavado de dinero, que se podrían impulsar en dichos países contra el expresidente, llegado el caso.
El factor Velázquez
El vicepresidente Hugo Velázquez se pasó de revoluciones tanto en la defensa a ultranza de su “inocencia” en cuanto a su influencia en la negociación y firma del acta secreta de Itaipú a través de su secretario el joven José Rodríguez, como en la posterior ida a la casa de HC, en la mañana del jueves 1 de agosto, para sellar allí la cohabitación con Horacio.
La vuelta de Velázquez al redil cartista tiene la impronta de una verdadera conspiración del “florero” contra el “número uno”, hábilmente aprovechada por HC para matar dos pájaros de un tiro, ya que al desactivar la presidencia eventualmente inmanejable de Blas Llano al mismo tiempo se convertía en el árbitro de la situación política, o, en palabras más gráficas, en el dueño de la llave de la jaula en donde podría tener prisionero a Marito.
La presentación casi meramente testimonial del juicio político a Mario Abdo y Hugo Velázquez, por el PLRA de Efraín Alegre, en acuerdo con el llanismo, más el apoyo del Frente Guasu de Fernando Lugo, y el aporte de otros partidos menores, no tiene los votos, tanto en Diputados como en el Senado, por lo que se puede señalar que la neutralización conseguida por Velázquez de su posible salida, ha sido como una magistral jugada de ajedrez político.
Lo que hay que evaluar, a partir de ahora, es la evidente debilidad del Gobierno de Marito. En el tema de las delicadas negociaciones con Brasil, ya desde ahora para la contratación de potencia en Itaipú, y las que se vienen por el Anexo C del Tratado con el Brasil, el escenario político nacional no es el ideal, por más que la ciudadanía está muy bien informada ya acerca de las distintas alternativas para el manejo futuro de la usina binacional, con el fin de preservar los altos intereses nacionales.
Los dos nombramientos en el consejo de Itaipú, del ingeniero Gerardo Blanco, y de la abogada María Antonia Gwynn, son buenas señales de lo que el presidente se propone realizar para la negociación con el Brasil. Pero, finalmente, todo dependerá de la decisión política, más allá de la opinión de los técnicos, como ocurrió ya en el caso del acta bilateral frustrado de mayo, que los socios vecinos siguen defendiendo.
Como ya lo dijera para justificar la decisión inicial de aprobar el acta, Marito tiene que decidir con una buena dosis de realismo político, pero también de patriotismo, atendiendo a que está en juego el alto interés nacional.
No le ayuda el hecho de que quedó muy ligado a la suerte del vicepresidente Velázquez, en el marco de las investigaciones tanto del Ministerio Público como de la Comisión Bicameral. Precisamente, el número dos del Ejecutivo operó fuerte el martes para sacar de la Comisión a la diputada Kattya González, que hubiera aportado mucho para la transparencia de las decisiones en el proceso investigativo del Congreso acerca del acta bilateral, y que es una de las exigencias de la ciudadanía.
De allí que lo primero que Abdo debe encarar desde ahora es un proceso de recuperación de la confianza ciudadana, con la máxima transparencia en su proceder, junto al cumplimiento de su promesa de luchar sin pausas contra la corrupción y la impunidad, especialmente en el candente asunto de la protección política al crimen organizado, el narcotráfico, el contrabando y el lavado de dinero.
Un dato poco esperanzador es que, aprovechando el vacío de poder generado por el peligro del juicio político y la crispación social por el tema de Itaipú, los políticos comprometidos con gestiones poco claras en materia administrativa en detrimento del patrimonio estatal o municipal, se han envalentonado y con mayor fuerza vuelven con todo para retomar los espacios de poder perdidos.
Es lo que ocurre, por ejemplo, con el clan Zacarías en Ciudad del Este, cuya influencia sobre el manejo de la comuna sigue tan campante, a través de los concejales que controlan en la junta municipal, por lo que no sería del todo descabellado que, para lograr una gobernabilidad de Miguel Prieto en el gobierno comunal, sea intervenida a su vez la corporación legislativa de CDE, lo que permitiría cumplir de alguna forma los cambios administrativos necesarios que planea el nuevo intendente, en el año y medio de gestión que le aguarda aún.
Lo mismo ocurre con la gestión a nivel nacional de Marito, que tiene aún por delante cuatro años, en los que, aparte de lidiar con el condicionamiento de HC y Velázquez, debe tratar de unir a la ciudadanía en pos de metas alcanzables en materia económica y social, además de la defensa de la soberanía energética en Itaipú.
Pero mientras esté dependiendo su presidencia de HC, Velázquez y otros impresentables colgados del saco de éstos dos, el futuro de la República muestra negros nubarrones en el horizonte.
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