Escribe: Luis Alen.
La “toma” de Ciudad del Este en la madrugada del lunes pasado por parte de un comando de la mafia brasileña, con el fin de perpetrar el mayor asalto en la historia del país, ha desembocado en la confirmación de que el Estado paraguayo se halla totalmente a merced del crimen organizado. En principio se habló de que el botín llevado por la banda delictiva superaba los 40 millones de dólares, pero posteriormente, directivos de Prosegur salieron a decir que el monto era de 8 millones de dólares, dejando atrás varias conjeturas.
No de otra forma se entiende que la segunda urbe de la República, ubicada en la frontera con el Brasil y la Argentina, se haya declarado una “ciudad abierta” para el accionar de una banda delictiva integrada por decenas de maleantes, que munidos de armas de guerra, explosivos y una gran logística, prácticamente actuaron a su antojo sembrando la muerte y el terror para terminar alzándose con una cantidad de dinero que supera los 40 millones de dólares, según las estimaciones de la empresa aseguradora de caudales afectada.
El mega asalto sobrevino coincidentemente con las revelaciones acerca de la impresión que posee el Departamento de Estado de Estados Unidos, que el Gobierno de Horacio Cartes está completamente maniatado e influenciado por el crimen organizado, que manejaría hasta los hilos cercanos al poder político, de acuerdo con denuncias hechas profusamente en los últimos tiempos en la prensa nacional e internacional.
Un accionar sospechoso
La noche del domingo transcurría tranquila, con los programas políticos de la televisión tratando el tema de mayor actualidad como era el caso de la enmienda pro reelección. Los voceros gubernistas trataban de convencer a la opinión pública sobre las bondades del régimen cartista, hasta el punto que el propio Javier Zacarías Irún, otrora crítico acérrimo de HC, declaraba que estamos en presencia del “mejor gobierno de la historia del Paraguay” y que la prensa debería también hacerse eco de “las buenas noticias” en torno a los logros de la gestión de Cartes.
Sólo unas pocas horas después, y pasada la medianoche, sobrevenía el rotundo mentís a lo afirmado por la propaganda oficial, con una muestra feroz de violencia demencial a cargo de comandos de la mafia brasileña, que asaltaron la base de la empresa Prosegur en Ciudad del Este, poniendo en vilo a toda la población y demostrando de paso una llamativa inacción cómplice de las autoridades nacionales de seguridad.
Las fuerzas policiales y militares apostadas en Ciudad del Este tuvieron una respuesta sumamente sospechosa, con una evidente falta de respuesta adecuada, ante la presencia de los mafiosos que superaron holgadamente la capacidad de reacción en hombres y armamentos de los uniformados.
El hecho de que casi cuatro horas haya durado el operativo, sin que se lograra detener a los delincuentes o causarles alguna baja o contratiempo hasta su huida por el lago de Itaipú, genera toda clase de suspicacias en la ciudadanía, que asiste impávida a la incompetencia o complicidad de sus instituciones encargadas de velar por su seguridad.
Ha sido un verdadero milagro que no haya habido civiles muertos o heridos, pese a la balacera y las explosiones en un poblado barrio residencial de CDE, aunque se debe lamentar la muerte de un policía y las heridas que sufrieron varios efectivos. Sólo al enfrentarse con la Policía Federal de Brasil, ya en territorio vecino, los malvivientes tuvieron varias bajas y sufrieron detenciones, sin que se haya podido recuperar ni siquiera una parte del botín, salvo una bolsa que tenía en su poder uno de los abatidos.
El imaginario popular de inmediato relacionó el hecho con otros golpes similares de años anteriores en coincidencia con el tiempo de campañas electorales, donde se sabe existen ingentes necesidades de recursos monetarios para afrontar los gastos de los políticos con el fin de captar votos.
Sin embargo, esta vez parece que “la madre de todos los asaltos” no se debió a un autogolpe o un “golpe de seguro” de grupos de poder locales, sino a una poderosa banda de la mafia brasileña, que debió tener casi con seguridad cómplices paraguayos, ya sea en los organismos de seguridad, en la empresa asaltada o en la política local o nacional.
El gobierno de Bolivia solicitó, a propósito, una urgente reunión con las autoridades de Brasil y de Paraguay, con el objetivo de coordinar esfuerzos para enfrentar a la creciente ola delictiva orquestada por los grupos mafiosos, que últimamente se ha convertido en el azote de bancos y transportadores de caudales. Precisamente, unos días antes del golpe de Ciudad del Este, con el mayor botín en la historia paraguaya, los mismos delincuentes brasileños, posiblemente del Primer Comando da Capital (PCC), habían perpetrado otros mega asaltos en el estado de Sao Paulo y en el departamento de Santa Cruz, en Bolivia, fronterizo con el Brasil.
Un Gobierno ausente
Como toda respuesta al gigantesco operativo de los mafiosos, el Gobierno de HC barrió con la cúpula policial del Alto Paraná, pero, como siempre, tanto el presidente como sus más inmediatos colaboradores en materia de seguridad no salieron a dar la cara para explicar a la gente lo ocurrido y lo que se espera desde ahora para que no vuelvan a darse estas demostraciones de fuerza del crimen organizado.
La policía de Cartes se ha mostrado muy valiente para reprimir protestas pacíficas de los ciudadanos indignados por la intentona de violación de la Constitución, con el tema de la enmienda por la reelección presidencial, pero cuando se trata de enfrentar a las bandas delincuenciales que asuelan el territorio de la República se vuelven sugestivamente incapaces de frenar a los mafiosos.
Uno de los mayores déficits del Gobierno cartista ha sido el de brindar seguridad a la población, la cual se halla cansada de los repetidos asaltos en las ciudades y el campo de todo el país, sin que se haya dado una solución al problema de la inseguridad, habiendo crecido la sensación de indefensión de la gente hasta niveles inimaginables.
Las bandas mafiosas han tomado prácticamente todo el Norte del país, entre ellas la del EPP, que mantiene en cautiverio a tres personas (un policía, un productor agrícola y otro ganadero) sin que el Gobierno haya dado una respuesta satisfactoria a la sociedad, que asiste con resignación y creciente temor ante lo que aparece como la incompetencia total de la fuerza pública para derrotar tanto a los insurgentes como a la mafia del narcotráfico, que siembra el terror en la población, en gran medida por la inutilidad o la complacencia de las propias fuerzas de seguridad del Estado.
La reelección archivada
El “paseo” de los delincuentes brasileños por Ciudad del Este, para perpetrar el mega golpe, sorprendió al Gobierno con la guardia baja, en parte por la excesiva concentración de los personeros oficiales en conseguir la reelección de HC, que ahora con más razón deberá quedar archivada, ante el fracaso evidente del cartismo en neutralizar a la mafia fronteriza.
Cuando fue electo presidente, Cartes pareció encarnar las esperanzas de la gente, en quien podría aplicar mano dura contra la delincuencia y principalmente contra el crimen organizado de las mafias del narcotráfico, así como la necesaria fuerza para contrarrestar la guerrilla del EPP.
Ni lo uno ni lo otro se dio en el Gobierno cartista. Al contrario, a cuatro años de su elección, se ha llegado a un punto en que tanto la Policía como las Fuerzas Armadas de ven desbordadas e impotentes ante la organización logística y las poderosas armas de los delincuentes, sin que ni siquiera se esmerara el Estado en fortalecer la prevención ante el flagelo, mediante una buena tarea de inteligencia, con el aporte de los nuevas tecnologías y la colaboración de los gobiernos extranjeros.
Hasta pareció irónico que en coincidencia con el feroz asalto de CDE haya llegado al país en visita oficial el presidente de Colombia Juan Manuel Santos, con cuyo Gobierno supuestamente se habían establecido nexos de cooperación en materia de seguridad y contrainsurgencia.
Lo único concreto que se llevan Santos y los extranjeros que desean invertir aquí, es la imagen de un país sumido en las garras de las bandas del narcotráfico y de toda clase de ilícitos de carácter trasnacional, con el aditamento del financiamiento que recibe el terrorismo internacional con las sumas recaudadas de dinero negro, según las denuncias obrantes en los documentos oficiales del Gobierno norteamericano y publicadas reiteradamente en los medios de nuestro país y del exterior.
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