Escribe: Luis Alen.
Marito Abdo tiene el apoyo de Estados Unidos para tomar todas las decisiones destinadas a bajar línea para combatir el lavado de dinero procedente del contrabando y los diferentes tráficos. Pero para ello debe arremeter contra el esquema de protección política liderado por HC y dificultar así la entrada del dinero negro en el circuito financiero nacional e internacional. A su vez, la fiscala general, Sandra Quiñónez, cayó en causal de juicio político al no investigar a Cartes porque especuló con el resultado del “impeachment” a Giuzzio.
El expresidente Horacio Cartes, en una situación inédita, ya es sujeto investigado por orden de la fiscala general, pero conociendo el historial de obediencia de Sandra Quiñónez a las órdenes del Patrón, no sorprendería que sea cierto el rumor en los corrillos políticos de que se está montando un operativo de “blanqueo a la carta” de HC. De allí que la oposición y el oficialismo abdo-velazquista optaron por seguir con el proceso de juicio político, por lo cual deberán sumar votos en Diputados para que la Fiscalía vuelva a tener independencia del cartismo.
Asediado por las acusaciones del ministro del Interior, Arnaldo Giuzzio, y por informes internacionales, Horacio Cartes no tuvo otro remedio que someterse a una investigación de la Fiscalía, que puso en marcha a toda máquina un proceso que puede llevar, o no, a una acusación formal por lavado de dinero y contrabando contra el exjefe de Estado paraguayo.
Pero todo dependerá de la decisión de la fiscalía de impulsar con criterio autónomo el análisis y la valoración de los múltiples hechos delictivos denunciados por el ministro Giuzzio con la aquiescencia del presidente Abdo o a partir de informes que deberán hacer llegar a los fiscales entes financieros, organismos estatales y entidades internacionales relacionadas con la lucha contra el lavado de activos de dudoso origen del crimen organizado.
A juzgar por la experiencia reciente en casos similares relacionados con exponentes del cartismo, la fiscalía podría aplicar el mismo manual usado con el clan ZI, con la clara intención de un posterior sobreseimiento para el Patrón HC, ya sea con solapadas maniobras donde resaltan inacciones u “olvidos” de los fiscales, o hasta acudiendo por parte de la defensa del indiciado a las clásicas chicanas para alargar sine die las causas judiciales sin llegar siquiera al juicio oral, siendo lo ocurrido con el clan González Daher sólo una excepción confirmatoria de la regla.
La fiscalía cartista
Sandra Quiñónez sabe que su cargo depende del apoyo cartista, pero en última instancia también de la embajada norteamericana. Por ello siempre puso de resalto sus últimos contactos en Washington del año pasado, cuando parecía que le mantenían la confianza por la decidida actitud de sus fiscales, entre ellos Osmar Legal, para lograr la condena por lavado a los hermanos Óscar y Ramón González Daher.
Nuevamente Legal aparece como investigador ya en el caso HC, por el tema de lavado y contrabando, pero esta vez se trata de un expresidente de la República y líder de uno de los movimientos más importantes del Partido Colorado en el poder, que ha buscado aparecer en los años de gestión de Marito como un sostén de la gobernabilidad especialmente tras la operación “Cicatriz”, que al final fue un pacto de impunidad mutua entre el tabacalero y el jefe de Estado, con desastrosos resultados en la lucha contra la impunidad.
Sandra viene a ser ahora como una figura incómoda para que Marito le siga apoyando, habida cuenta del radical cambio en el escenario político tras la arremetida contra el Patrón del ministro del Interior, Arnaldo Giuzzio, acusándole de tener relaciones “comerciales” nada menos que con el crimen organizado encabezado por las bandas irregulares agrupadas en el PCC brasileño (Primer Comando da Capital), que son las que supuestamente, según los dichos del secretario de Estado ante el Congreso de la semana pasada, son las que acarrean los cigarrillos salidos de Paraguay de contrabando para su comercialización en Brasil y en otros países de América, al mismo tiempo que trafican con drogas, armas y realizan hasta trata de personas.
Las punzantes declaraciones de Giuzzio merecían que de una buena vez la Fiscalía de Quiñónez ordenara el inicio de una investigación contra Cartes, pero no lo hizo, prefiriendo estar a las resultas de un eventual juicio político al ministro, pensando quizás, como de hecho siempre fue así, que la protección política a la fiscalía siga tan campante, toda vez que la voz de orden del Patrón nunca nadie discutía.
Pero ocurrió lo impensado, con la reacción contraria a la orden de HC y poniendo en ridículo a la fiscala general, que no tuvo otra salida que ordenar el inicio de la investigación a Horacio. Esta indecisión inicial le resultó fatal a Sandra Quiñónez, pues no sólo quedaba en “off-side” en el nuevo tablero político armado tras la fallida votación de la propuesta cartista en Diputados, sino que en términos jurídicos se podía afirmar sin lugar a equívocos que la fiscala general se hallaba con su inacción en la incómoda posición de cómplice o encubridora de graves hechos punibles de acción penal pública, lo que en pocas palabras significa causal no sólo de juicio político sino de un proceso en la judicatura del crimen, con el lógico agravante de ser la autoridad encargada por la Constitución de llevar la representación de la sociedad para la acción contra la criminalidad que desafía al orden legal.
El haber especulado con la continuidad de la protección del poder fáctico de HC le podría costar caro a Quiñónez, quien hasta perdería su buen relacionamiento con los norteamericanos, que ya de hecho le estuvieron mostrando que el caso González Daher sólo era el comienzo y que el objetivo final es Cartes. Se trata ni más ni menos lo que dijo Giuzzio, cuando anticipó que los números de OGD y Cía. resultaban meras propinas al ser cuantificado el mecanismo de la lavandería mayor vinculada a los negocios del Patrón.
El efecto San Ber
Arnaldo Giuzzio reveló finalmente, en su intervención ante la comisión permanente del Congreso, el as que tenía bajo la manga, pero que sabía que la fiscala general no sería capaz de llevar a buen término, como es desbaratar las bases financieras que le sirven de sustento a la gran lavandería “made in Paraguay”. Lo hizo el ministro como resultado de una especie de “efecto San Ber”, es decir tras los sucesos del concierto en el anfiteatro con el estremecedor saldo de dos muertos y seis heridos, en un hecho hasta ahora atribuido a la guerra entre narcos.
Si no fuera por su exposición ante los legisladores y la transmisión en vivo, Giuzzio a estas horas ya sería exministro, con procesos encima que podrían llevarlo a la cárcel como venganza de una fiscalía cartista envalentonada si se votaba por el juicio político al ministro, más aún que los fiscales ya manejaban datos que llevarían a los supuestos mandantes y autores del atentado, por si acaso gente de menor cuantía tanto en el escalafón narco como en las fuerzas policiales logísticas.
Hasta se dudaba de Marito que siguiera manteniendo en su puesto a Giuzzio, pese a la contundencia de sus afirmaciones calificadas por el cartismo y sus medios como un “terrorismo financiero”, al poner en tela de juicio las instituciones financieras estatales y, como resultado, el aura de confiabilidad del sistema bancario, así como por brindar datos espeluznantes de cómo son permeables las finanzas nacionales a la introducción en sus arcas de plata de dudosa procedencia legal.
Pero lo que hizo Giuzzio fue utilizar los informes que poseen las agencias norteamericanas y brasileñas de control del lavado procedente de los distintos tráficos en el Paraguay, con los que sacudió el tablero de ajedrez político, haciendo añicos el entramado montado por el cartismo y sus aliados en el Congreso para seguir manteniendo la presión sobre el propio Marito, que el mismo Giuzzio lo calificó como una verdadera extorsión mafiosa. De allí en más, quedaba claro que Giuzzio debía continuar, porque la ofensiva no era de él propiamente dicha, sino de los norteamericanos.
Ahora el “terrorismo financiero” cambia de cariz, al ser catalogado a la inversa como procedente de quienes utilizan el sistema bancario del país para el lavado de activos de oscuro y hasta sangriento origen, como es el dinero del narcotráfico.
Otro “efecto San Ber” viene por el lado político, ya que la “guerra” entre HC y Giuzzio ya no se circunscribe a un oportunismo coyuntural motivado por la interna colorada feroz, sino es atribuible al necesario saneamiento del sistema financiero, ya que la economía podría sufrir consecuencias severas de continuar sin cerrar el dólarducto de dinero narco, lo que podría llevar al Paraguay a la lista gris de países que no colaboran en la lucha contra el lavado.
Pero el principal efecto de la actual crisis política sobreviene para el presidente Mario Abdo, quien tendrá que elegir finalmente de qué lado se encuentra: “de la gente” o de su conveniencia para lograr un manto de impunidad a los negociados que también ocurrieron en su gobierno, especialmente durante la pandemia.
Ya lo dijo el encargado de negocios de la embajada de los Estados Unidos, Joe Salazar, a su salida del Palacio de López tras una reunión de dos horas con Marito: “Compartí con el presidente nuestro mutuo interés de fortalecer las instituciones democráticas en este país, principalmente para que el pueblo reciba justicia y también continuar sus esfuerzos en combatir la corrupción e impunidad en este país”.
La posición norteamericana es clara, al considerar que la prioridad es la independencia judicial y la labor pendiente que debe realizar la fiscalía en aras de evitar la impunidad, que siempre viene por el lado de la protección política.
Con estas declaraciones, es obvio que Sandra Quiñónez debe ser destituida, por las repetidas demostraciones que hizo de recibir las órdenes de HC. Por su parte, Abdo ya sabe que recibió el “ok” de los Estados Unidos para iniciar el proceso de destitución, siendo el siguiente paso ordenar a sus diputados el armaje del procedimiento previsto en la Constitución.
Con ello Marito pasará a la historia como el que dio inicio a la contención de la mafia en su terreno predilecto, como es el blanqueo de la plata sucia.
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