Escribe: Luis Alen.
El Gobierno y la clase política en general se proponen aumentar las recaudaciones impositivas de Hacienda por la vía de una mayor presión tributaria no tanto sobre los que ahora están pagando sus impuestos de entre los estratos más altos de ingresos, sino, y en especial, apuntando a la población mayoritaria con menor renta.
Es como si se pensara en la mera “justicia” tributaria que implica la necesidad de que todos aporten una parte de sus ingresos, sin distinción de su posición económica, a solventar un Estado ineficiente y corrupto que está al servicio de una minoría privilegiada que “usa y abusa” de los entes estatales para su propio beneficio.
Se soslaya en cambio una reforma tributaria que debería estar ligada a la reforma integral del Estado, en la misma línea de una lucha frontal contra la corrupción y la impunidad, lo que posibilitaría, eso sí, que la presión impositiva mayor se traduzca a su vez en prestaciones estatales eficientes y que lleven a un mayor rendimiento económico y social, especialmente en materia de salud, educación y seguridad.
Pero dada la urgencia del Gobierno de presentar un proyecto alternativo en marzo, al que fue esbozado por los legisladores a fines del año pasado, y que había propuesto incrementos en los impuestos indirectos al consumo de alcohol y tabaco, además de los tributos sobre la soja, otros cereales de exportación y hasta eventualmente la carne, se puede afirmar que nuevamente se dejará sin efecto la reforma del gasto estatal y la reforma integral del Estado, recurriendo sólo al plan de aumento de la presión tributaria.
Fomenta la inequidad social
El hecho de preservar a los agroexportadores y a las industrias de alcohol y de cigarrillos, de una mayor presión fiscal, no debería llevar a Hacienda a pretender la mayor recaudación tributaria incrementando todavía más la inequidad social, como sería el caso de incorporar a quienes ganan 2 salarios mínimos como sujetos del Impuesto a la Renta Personal (IRP), porque ya de por sí el IVA (Impuesto al Valor Agregado) o los demás impuestos sobre el consumo se cargan sobre los bolsillos de la población mayoritaria más pobre del país.
La intención primordial debe ser, por el contrario, hacer que la reforma sea lo menos regresiva posible, llevando todo su peso al sector minoritario con más ganancia económica a los fines de una redistribución de la renta en el Paraguay, que permitirá la mayor inclusión social a favor de los sectores mayoritarios con menores ingresos económicos.
Pero lo que la comisión de reforma está analizando es continuar con el mismo esquema recaudatorio que apremia más a los sectores de menor renta, en vez de concentrar su esfuerzo de tributación en quienes gozan de mayor ingreso y que incluso son los que más estarían evadiendo al fisco.
Un informe de la propia administración tributaria reveló que de los diez contribuyentes con más ganancias personales en un año (entre US$ 7,5 millones y US$ 57 millones) cinco pagaron cero guaraní al fisco. Similar es la realidad de los sojeros y ganaderos, quienes pese a representar el 35 por ciento del movimiento económico del país, su aporte en renta (en el IRAGRO) representó apenas el 2,7 por ciento de todos los ingresos que obtuvo Hacienda en 2018.
A partir de estos datos, urge que el sistema actual de cálculos y liquidaciones deba ser reformulado, comenzando por el mismo régimen de deducciones con facturas falsas del impuesto a la renta, tanto general como agropecuaria, que da lugar a los miles de casos de evasión deliberada detectados en la SET (Subsecretaría de Estado de Tributación)
Está pendiente también que la legislación sea más severa en los casos de megaevasión, porque serían los caldos de cultivo para el lavado de dinero y el cimiento principal sobre el cual se erige la gran economía subterránea o negra de nuestro país.
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