Escribe: Luis Alen.
Petrobras no pudo con el Gobierno de Horacio Cartes en los tribunales, por lo que el viceministro de Comercio, Pablo Cuevas, sugirió a Petrobras firmar el contrato de compra de combustibles de la estatal, con el fin de “agilizar más” el trámite del permiso previo para importar derivados en el restante 50 por ciento del mercado que corresponde a las distribuidoras privadas.
Esta afirmación del alto funcionario del MIC confirma lo que ya se ha venido sosteniendo respecto a que estamos en presencia de un monopolio total en el sector de combustibles, sujeto al “visto bueno” de los dueños del poder, en este caso Horacio Cartes, el ministro Gustavo Leite y sus adláteres en Petropar.
Según Pablo Cuevas, las licencias previas de importación de combustibles, a cargo del Ministerio de Industria y Comercio, están siendo otorgadas a los emblemas con total normalidad, incluso a la brasileña Petrobras, con los cupos basados en los últimos Decretos 2.999 y 3.324 que restringen el 50 por ciento de la importación de nafta virgen, nafta de 85 octanos y el gasoil Tipo III.
Precisamente, Petropar importa el 50 por ciento del total del mercado en estos combustibles, pero exigiendo a los emblemas que le compren los productos. Si no lo hacen, podrían tener problemas para obtener la Licencia Previa de Importación (LPI), que se erige en un garrote amenazante en el caso que alguna distribuidora no compre de Petropar, como ocurre con Petrobras.
La voz de orden entonces es alinearse como velas ante el nuevo orden que regirá hasta julio de 2018, un mes antes de la finalización del mandato de HC.
No hay datos oficiales del mercado
A estar por el decreto 3.324, la cuantificación del 50 por ciento del mercado que le corresponde a Petropar en los citados combustibles controlados, es una atribución del Ministerio de Industria y Comercio. Lo hará sobre la base de un cálculo promedio anual, que todavía no se conoce.
Las demás empresas privadas participantes del mercado con el otro 50 por ciento, deberán atenerse a los números oficiales para realizar a su vez sus compras, lo que delata aún más la vigencia del monopolio petrolero de HC. En todo caso, dependerán siempre de la aprobación del MIC a través de la Licencia Previa de Importación (LPI). Además de esta flagrante improvisación, el monopolio expone en forma grosera la dependencia total del sector privado de las cantidades que maneja en su importación y venta obligatoria la empresa estatal.
Las distribuidoras firmaron los contratos seguramente con la esperanza de que pronto se aclare el panorama en cuanto a las cantidades que manejará Petropar y los montos que quedarán para el sector privado.
Pero todo el negocio de las distribuidoras ha quedado dependiendo del arbitrario manejo de Petropar, que encima les exige adquirir su combustible y sin dar ninguna idea del monto real con que se maneja en la importación.
¿Qué empresa privada se animaría a realizar los cálculos de su potencial segmento de mercado al estar supeditada definitivamente al caprichoso esquema montado desde el Gobierno y digitado por quién sabe qué intereses oscuros por parte del gerente de Cartes en Petropar?
A partir de esta constatación es lógico que Petrobras, con el 20 por ciento o más del mercado, no se ponga alegremente a disposición del monopolio, como lo hicieron los demás emblemas que agacharon la cabeza en forma lamentable.
Ejemplo de manejo desprolijo: el caso de la Policía
Si el objetivo es salvar a Petropar de la inminente quiebra con la puesta en marcha del monopolio, la tarea se presenta harto difícil por tratarse de un elefante blanco sin ningún futuro, por la misma forma desprolija con que ha sido manejado por los anteriores gobiernos y se continúa haciéndolo en el actual de HC.
Petropar, como se sabe, es un barril sin fondo con una deuda de más de US$ 300 millones, que acaba de dar otro ejemplo de la forma desatinada con que se lo maneja en la parte administrativa, en el escandaloso caso de las tarjetas magnéticas de la Policía Nacional.
Con la complicidad de gente de adentro del ente petrolero, según sospechas de la fiscalía, se duplicó en el mes de abril con respecto a marzo, el monto de la utilización de las tarjetas de combustibles para las patrulleras, a partir de plásticos sin límite en su uso.
Y eso que el titular del MIC, Gustavo Leite, afirmó que “el uso de la tarjeta ayudó a descubrir el ilícito”. Sin embargo, otra parece ser la realidad de los hechos, ya que la emisión sin control de las tarjetas se originó en Petropar, y sólo se conoció la estafa tras la alarma que causó en una funcionaria de la empresa, la carga de gasoil en una patrullera ¡de G. 3 millones en un minuto!, en una estación de servicios de Asunción.
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