Ante el silencio cómplice de autoridades e instituciones, queda como último recurso la movilización ciudadana para exigir justicia, prevista para el jueves 14 abril.
El pueblo esteño, una vez más, se prepara para salir a la calle a fin de pedir el fin de la impunidad en la municipalidad de Ciudad del Este, que se encuentra bajo control del clan Zacarías, desde el año 2001, cuando tomó el poder comunal, y hasta la fecha sigue bajo el control de este cuestionado grupo político.
A pesar de las múltiples evidencias existentes de las irregularidades en la comuna paranaense, hasta hoy ninguna institución competente, principalmente la justicia, ha tenido la entereza moral para abrir una investigación contra el clan Zacarías, que ha llegado al extremo en convertir la municipalidad en un negocio particular.
Este nefasto grupo familiar, aparte de esquilmar los recursos públicos para provecho propio, se pasó burlando de este sufrido pueblo fronterizo, que siempre soñó con una Ciudad del Este floreciente y progresista.
Pero lejos de ese adorado sueño, la capital del Alto Paraná entró en una terrible desaceleración económica, lo que comenzó a golpear con dureza a empresarios, comerciantes, y en especial, a los trabajadores del lugar, que en un 90 por ciento viven del rubro mercantil.
La corrupción es un mal endémico que, históricamente, viene corroyendo el tejido social del país. Y este virus ha penetrado con fuerza en la comuna paranaense, desde hace 15 años atrás, cuando el clan Zacarías tomó el poder, donde la complicidad de autoridades pertinentes le permitió amasar una incalculable fortuna, fruto del dinero del Estado paraguayo y de las famosas propinas de empresarios adulones.
Aquí pareciera que la propina es algo normal en la vida pública de políticos y empresarios. Si fuera en Brasil, Zacarías y varios otros inmorales ya deberían estar entre los barrotes de hierro de la cárcel. A raíz de esta práctica irregular (considerada delito en la vecina nación) actualmente conocidos políticos y potentados empresarios están privados de su libertad. Sin embargo, en Paraguay la ley se aplica de acuerdo a la “cara del cliente”.
La protesta ciudadana es la última arma del pueblo cuando no hay respeto al estado de derecho, como viene ocurriendo aquí en la capital del décimo departamento, donde un grupo de rufianes desde hace una década y media viene robando y asaltando los recursos públicos, sin que la justicia le ponga coto. Muy por el contrario, le otorga impunidad para que continúe aplicando sus fechorías (sic).
El Gobierno de Horacio Cartes no se compadece de la realidad que viven los habitantes del segundo municipio más importante de la República.
El pueblo paranaense siente que hay una solapada protección del presidente para el clan Zacarías, que de ser cierta, sería una tremenda incoherencia del mandatario, que se pasa pregonando la transparencia en su gestión, pero al mismo tiempo le tiene muy cerca al ideólogo del latrocinio en la comuna de Ciudad del Este.
Ante la aparente cadena de complicidad de las autoridades, la ciudadanía recurrirá el próximo jueves 14 de abril al último expediente legal, cual es la movilización.
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