La gobernabilidad en el próximo período presidencial dependerá no sólo de los acuerdos entre las distintas fuerzas políticas con miras a propender al desarrollo armónico del país en términos económicos y sociales, sino también de la capacidad del nuevo gobernante en no ceder en cuestiones capitales como la urgente reforma del Estado y la lucha contra la ilegalidad, especialmente la que se esconde detrás de legítimas aspiraciones de las clases populares. En las negociaciones con el Frente Guasu y Horacio Cartes empiezan a aparecer exigencias a cambio del apoyo parlamentario al Gobierno, que pueden ir contra los mismos postulados básicos que enarboló la fórmula ganadora en los comicios del 21 de abril y que contó con el abrumador apoyo ciudadano. En ese sentido, la izquierda maniobra hábilmente para llevar agua a su molino y a los intereses de grupos que como los sindicatos de funcionarios estatales tratan por todos los medios de evitar la necesaria reformulación del papel del Estado en la economía, a través de su achicamiento y la privatización de las empresas estatales en situación de constantes pérdidas. Las buenas perspectivas de reencauzar la economía nacional para permitir la renovada confianza de los inversionistas en el país, fue uno de los logros alcanzados ni bien se posesionó del poder el partido Liberal después del juicio político y destitución de Fernando Lugo. Pero lamentablemente estos nuevos aires en la administración estatal quedaron en buenas intenciones, a juzgar por los resultados un año después, con un corto gobierno de Federico Franco plagado de denuncias de corrupción y con medidas de tinte populista que sólo sirvieron para calmar los ánimos de exaltados manifestantes que cerraban rutas y obstruían el normal desenvolvimiento de la economía nacional. El más claro ejemplo de un retroceso de tinte populista del actual Gobierno es la supuesta legalización de los pequeños contrabandistas de frontera, lo que no hará otra cosa que incrementar aún más el contrabando hormiga. Sonando más como medida para paliar el desempleo de amplias capas de la población que como una decisión acertada para reducir el contrabando, los empresarios vieron en esta medida una fenomenal lavada de manos de Franco, a quien por lo visto ya no le interesa seguir cumpliendo un papel reformador de la economía y del Estado, dejando cualquier determinación en ese sentido al nuevo Gobierno que tomará posesión el 15 de agosto venidero.
La confianza de los sectores de la producción agropecuaria en la firmeza del Gobierno en no permitir más ocupaciones de tierras ni negociar con los ocupantes, también ahora está en entredicho, con la pésima política de compra de tierras de Franco, quien se avino a acompañar adquisiciones de propiedades privadas con fuerte tufo a negociado y no apoyadas en reales proyectos de asentamiento y desarrollo para los supuestos campesinos necesitados de tierras en donde cultivar.
Es cierto que Horacio Cartes deberá ceder ante algunas peticiones de la izquierda, así como también tendrá que aceptar ciertas presiones de su propio partido Colorado, especialmente de las provenientes del funcionariado público, pero no por ello el flamante presidente de la República deberá retroceder en su principal caballito de batalla y reaseguro de su mismo éxito al frente de la gestión estatal, como es el cambio del modelo actual de desarrollo del país.
Este modelo está basado en repartir prebendas, privilegios y en mantener un ejército de clientes que se constituyen en verdaderas garrapatas enquistadas en el aparato estatal, cuyo gasto principal se dirige a pagar lealtades y a mantener con vida a zánganos que bien podrían estar aportando sus energías al sector privado de la economía, que es el verdadero motor del crecimiento.
De allí que al presidente Cartes no le deberá temblar la mano cuando firme las decisiones tendientes a reformar el Estado y a evitar que se repitan las maniobras ilegales que como la compra de tierras para dudosos campesinos desheredados sólo llevan a estimular una renovada ola de ocupaciones en el interior, poniendo nuevamente en ascuas a los productores que habían alabado la paz social recobrada en el campo tras el juicio político a Lugo.
Escribe: Luis Alen
lusialgo@yahoo.com
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