Nuevo Gobierno en busca del tesoro escondido por evasores tributarios

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Como los buscadores de oro enterrado que buscan afanosamente en Capiatá, a varios metros bajo tierra, algunos lingotes del legendario tesoro nacional escondido en la época de la Guerra contra la Triple Alianza, ya se percibe que el Gobierno entrante de Horacio Cartes se apresta a encarar la misma frenética tarea de encontrar cofres escondidos, pero en la superficie. Ya no será en forma de barras del metal precioso sino lo que debe percibir el Estado en concepto de tributos de parte de algunos sectores económicos que tradicionalmente se han burlado del fisco y, por ende, de todo el país.
El ministro de Hacienda del Gobierno saliente, Manuel Ferreira, acaba de reconocer que el sector agrario se ha convertido en uno de los grandes ejecutores del latrocinio que significa pagar sólo el 10 por ciento de lo que puede potencialmente tributar, principalmente porque se ha montado todo un sistema para evadir, comenzando por las declaraciones juradas con bajo monto imponible que son aceptadas sin más trámite por la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET)
Precisamente, una de las causas por las cuales es tan difícil luchar contra la pobreza en el país es la elevada corrupción con que se manejan los negocios del Estado, a tal punto que la falta de transparencia en las actuaciones estatales puede estar poniendo en entredicho la misma viabilidad del país. Llegar a esta muy grave conclusión viene a propósito de la confesión del ministro Ferreira, quien reconoció que el sector agrario resalta como uno de los más grandes evasores de impuestos.
Era algo que ya se sabía, pero que el propio titular de Hacienda, reconocido “abogado” de los productores sojeros, lo diga ahora, es porque evidentemente no cuadra que con el anuncio del gran incremento en el Producto Interno Bruto (PIB) durante este año y la bonanza sojera de los últimos años, el fisco arrastre en estos momentos un gran déficit y protestas generalizadas de constructores de obras, transportistas, docentes, beneficiarios de programas sociales, entre otros, a quienes el Estado les está debiendo mucha plata por tener la caja vacía.
Esta situación crítica se arrastra, un tanto por la irresponsable contratación de 50 mil nuevos funcionarios públicos en el período de Gobierno 2008-2013, pero también por la notable insuficiencia en la recaudación impositiva en lo que va del presente ejercicio fiscal.
Se ha llegado así a un estado de cosas dramático en que nos encontramos ante un “país rico” y un “Estado pobre”, casi quebrado, donde así se hace muy difícil luchar contra la pobreza y otorgar a la población que más necesita los elementos como para pensar en salir adelante, a través de educación, salud y vivienda dignas, que son los requisitos básicos con que un Estado se hace responsable ante la sociedad en su conjunto para servir de garantía de vigencia de los más elementales derechos humanos, tanto a la generación presente y a las futuras, sin olvidar sus funciones inalienables de dar seguridad física y jurídica e impartir justicia pronta y barata.

Poner fin a la burla al fisco
El presidente electo Horacio Cartes se puso a trabajar con su equipo de transición en la mejor salida para buscar un equilibrio en las cuentas fiscales. A este fin, en primer lugar se ha propuesto exigir a los productores agrarios y a los exportadores, poner punto final a esta verdadera burla al fisco en que han incurrido, como lo ha reconocido el actual secretario de Estado de Hacienda.
Un punto fundamental será la fórmula para obligar a pagar los montos imponibles que se ajusten a la realidad de la actividad agrícola nacional. Para ello, se anuncia la presentación al Parlamento de un proyecto de Ley que regula los precios de transferencias de los productos agropecuarios. José Ortiz, del equipo de transición de Cartes, reconoció que el nuevo Gobierno se propone observar los precios de transferencia al exterior de los productos de exportación agropecuarios, por cuanto no deja de llamarles la atención el escaso margen existente en la rentabilidad de las enajenaciones de las exportaciones.
En otras palabras, dejados a su “libre y leal saber y entender”, los productores agrícolas se han propuesto tributar al fisco lo que les ha venido en gana hacerlo, con la complacencia de Hacienda, por lo menos desde 2008, cuando Fernando Lugo  le puso fin al festival de utilizar el IVA como crédito para pagar el Imagro. Ahora lo que corresponde es la generalización del IVA, pero sólo con devolución para las industrias, como se plantea por parte del nuevo Gobierno que asumirá las riendas desde el 15 de agosto, y no para las exportaciones de materia prima sin procesar como quieren los sojeros y el actual ministro Ferreira, quien fue siempre el defensor de los agroexportadores, y asimismo declarado enemigo de gravar en forma directa sus ventas al exterior.
La vigencia de esta Ley servirá para transparentar los mecanismos de aplicación del monto imponible sobre los productos agropecuarios de exportación, con el fin de evitar la elevada evasión que se está registrando a consecuencia de las operaciones de exportación cuyos precios reales son escondidos al Estado en declaraciones amañadas, que no expresan la realidad de los precios de los productos. Se volverá así a un valor aforo por el Estado, a manera de garantizar el cobro de impuestos de acuerdo a la realidad de las operaciones, a fin de que se pague por ejemplo el impuesto a la renta sobre la cotización real del producto.
El Estado debe acudir de este modo a una operativa que obligue a un sinceramiento de los productores y exportadores. Se demuestra así que falta aplicar una voluntad política de transparencia en los mecanismos de tributación, una tarea que se ha propuesto ahora realizar el nuevo Gobierno, a partir de una fortaleza política que no la tenía antes ningún otro gobernante que le precedió a HC.
Cartes ha visto que sólo con los recursos suficientes proveídos por sectores como el agropecuario, que han disfrutado de varios años de bonanza económica, se podrá cumplir con los objetivos trazados en su programa de Gobierno en cuanto a la continuidad de los programas de infraestructura física y social. 

Escribe: Luis Alen
lusialgo@yahoo.com

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