Escribe: Luis Alen.
En los próximos casos que se presenten de trabas argentinas a la libre navegación de los ríos Paraguay y Paraná, como se espera que vuelvan a ocurrir tal cual se han producido en el pasado reciente, se le podrá cargar la culpa no ya al Gobierno de Buenos Aires sino al mismísimo Gobierno del presidente Horacio Cartes.
Esto es así porque en forma más que llamativa, e incluso sugestiva, el Paraguay le ha servido en bandeja a la Argentina la posibilidad de continuar aplicando en forma arbitraria su propia legislación en los ríos internacionales componentes del sistema de la Hidrovía, pese a que por el tratado que rige la navegación en el curso hídrico existe la obligación de las partes contratantes de aplicar los reglamentos establecidos a partir de dicha ley supranacional.
Pese a los numerosos ejemplos de las medidas arbitrarias que deben soportar, en los puertos y en los ríos internacionales que recorren territorio argentino, tanto los buques con bandera paraguaya como los productos de exportación e importación de nuestro comercio exterior, el Gobierno paraguayo no ha sabido hasta ahora conseguir del vecino país la decisión de obedecer la legislación de la Hidrovía.
Lo dramático del caso es que el Gobierno de Cartes emitió recientemente dos decretos, el 1.994 y el 2.611, adoptando un paquete de decisiones para internalizar en la legislación nacional las normas internacionales de la Hidrovía Paraguay-Paraná, pero que Argentina se resiste a tomar. Es como si le dijéramos a los argentinos que nosotros cumplimos puntillosamente lo establecido por el tratado y su reglamentación, aceptados por los cinco países miembros (Brasil, Bolivia, Uruguay, Argentina y Paraguay), mientras sólo nos limitamos a esperar pacientemente que hagan lo mismo nuestros socios del sur.
A la vista de la experiencia reciente de las constantes trabas y arbitrariedades contra los navíos y sus cargas, así como de las extorsivas huelgas de los sindicalistas ligados a la actividad marítima argentina, lo indicado hubiera sido que el Gobierno paraguayo, antes de adoptar el paquete de medidas para internalizar las normas de la Hidrovía, exigiera a su par argentino la misma decisión.
Es la hora de salir de los bellos discursos en pro de la integración y en reclamo de la inexistencia de trabas a la libre navegación de los ríos, como el pronunciado por el mismo canciller nacional Eladio Loizaga en ocasión de la reciente reunión en Viena de los países miembros de las Naciones Unidas sin litoral marítimo. En dicho foro se suplicó a los vecinos que no continuaran poniendo obstáculos a la libre circulación hacia el mar de los productos de las naciones mediterráneas.
Dejando atrás los discursos, cuando era la ocasión de negociar con la Argentina la simultánea internalización de las normas de la Hidrovía que posibilitaría una irrestricta obediencia a las normas que declaran como “aguas internacionales” los grandes cursos hídricos Paraguay y Paraná, el Gobierno nacional de Horacio Cartes dio muestras de una increíble flaqueza para no aprovechar la oportunidad y solicitar al Gobierno de Buenos Aires que terminara de una vez por todas con los inicuos obstáculos a la salida sin trabas al mar.
De hecho, con la actitud unilateral del Gobierno paraguayo, la Argentina salió ganando ampliamente, porque está empezando a elegir aquella legislación que más le conviene en cada caso, es decir, aplica la de la Hidrovía o la propia, según su conveniencia.
Con los decretos que asumen la legislación de la Hidrovía en Paraguay, la Argentina está doblemente agradecida, porque sabe que en nuestro país rige la ley internacional, pero en su territorio no tiene las exigencias que el decreto 1.994 estipula y tampoco ha internalizado ninguno de los reglamentos que el Gobierno sí ha incorporado por el decreto 2.611.
De este modo, continuarán con lo mismo de siempre, aplicando su legislación interna a nuestra flota naviera, que abarca más del 80 por ciento de la Hidrovía, obligando a los barcos paraguayos a cumplir regulaciones que no son aplicables a nuestros navíos porque son extranjeros en su territorio y, para colmo, por el tratado los ríos Paraguay y Paraná hasta Nueva Palmira, Uruguay, han sido declarados “aguas internacionales”, por lo que no se puede aplicar la legislación interna de los países sino la que se haya consensuado en el ámbito de la Hidrovía.
El Gobierno nacional dejó pasar así una brillante oportunidad para terminar con las trabas argentinas a la libre navegación, negociando antes de la firma de los decretos que el Gobierno de Buenos Aires hiciera lo propio, es decir, respetar las normas internacionales firmadas que están por encima de la legislación interna de cada país.
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