Escribe: Luis Alen.
El reciente episodio del “intercambio” de energía de Argentina hacia Brasil, proveniente de la represa de Yacyretá, vino a demostrar una vez más la absoluta discrecionalidad en el uso de los recursos provenientes de la venta en el mercado argentino de la electricidad de la EBY, que implica prácticamente el 95 por ciento de los ingresos de la binacional.
Esto se registra en momentos en que los dos países socios aún no definen el nuevo Anexo C del Tratado firmado en 1973, con miras a establecer las nuevas bases financieras del emprendimiento y especialmente del precio de la electricidad, así como de la deuda de la entidad, que son esenciales con miras a encarar las obras adicionales que den mayor potencia a la usina.
En las condiciones actuales, el Paraguay sale perdiendo lejos, al no disponer libremente del 50 por ciento de la energía generada que le corresponde como condómino en partes iguales con la Argentina. Mientras tanto, ésta viola directamente el Tratado al derivar la electricidad a un tercer país como el Brasil, con el agregado de precios mucho más altos de los que recibe nuestro país como compensación por la cesión de la energía que no utiliza y que Argentina administra en su totalidad.
Esta injusta situación, sin embargo, se debería no sólo a las condiciones leoninas del mismo Tratado, así como ocurre también con el de Itaipu con el Brasil, sino al hecho de que se haya dejado pasar tanto tiempo sin resolver la cuestión a favor del Paraguay, en los sucesivos gobiernos de la transición democrática desde 1989.
Para el ingeniero Ramón Montanía, ex consejero de la EBY, la entrega de la soberanía paraguaya en Yacyretá a la Argentina por parte del Gobierno paraguayo tiene como motivo principal el dinero que los argentinos transfieren a la administración paraguaya, para que esta despilfarre en “obras sociales”, que sirven para la promoción política de los directivos de la EBY, y de los políticos oficialistas de las ciudades aledañas a la represa. Citó por caso, que no hace mucho el director argentino, tratando de justificar la crítica del manejo arbitrario del dinero de Yacyretá, había dicho que “más 100 millones dólares también estaba a disposición discrecional del director paraguayo”.
Pero como los directores y consejeros paraguayos de la EBY son nombrados por el Presidente de la República, y sus acciones deben responder a las instrucciones del primer mandatario, si no cumplen deberían ser destituidos. Entonces, como todos siguen en sus funciones, la conclusión lógica para Montanía es que el presidente Cartes está conforme con el desempeño de sus mandados en Yacyretá.
Anexo C sin resultados
En este contexto, la comisión bilateral de revisión del Anexo C del Tratado de Yacyretá pretende cerrar un acuerdo sobre la deuda de la EBY y demás puntos pendientes antes de las elecciones generales en Argentina en octubre próximo, afirmó Juan Schmalko, director paraguayo del ente. Llama la atención la premura argentina, después de los años demorados para llegar a un nuevo texto.
El Paraguay, por su parte, no debe apurarse, ya que no le conviene cerrar una negociación en estos momentos con el Gobierno saliente de Cristina Kirchner. Mejor sería que los negociadores paraguayos propongan una solución que satisfaga los intereses de nuestro país, pero con al nuevo gobierno.
Lo correcto resulta esperar que asuman Daniel Scioli o Mauricio Macri, con el fin de llegar a un entendimiento favorable para ambas partes.
Es cierto que Scioli sería como una continuación del kichnerismo en el poder, por ser el referente principal de este sector del peronismo representado por el Frente para la Victoria (FpV), pero conociendo la falta de cumplimiento puntual de los pagos argentinos por el uso de la energía de Yacyretá, da que pensar la posibilidad de llegar a arreglos con Cristina Kirchner cuando está por salir del Gobierno, ya que se puede dudar con toda razonabilidad que Scioli como sucesor pueda cumplir con las promesas, realizadas al solo efecto de agradar a los electores.
Lo que Argentina debe hacer es dar la razón a la posición paraguaya, que es justa desde donde se la mire, porque, en primer lugar, se impone la conciliación de todas las cuentas de la Central Hidroeléctrica binacional para definir el monto real de su deuda y, seguidamente, fijar una tarifa que garantice el cumplimiento de sus obligaciones en el futuro.
Resaltan, en ese sentido, la deuda que tiene la Argentina con el Paraguay por compensación por territorio inundado, de unos US$ 920 millones, y la de la empresa EBISA (que retira la energía para distribuirla en el territorio vecino) con Yacyretá por dicha compra desde 1994, que tenía un saldo rojo de unos US$ 3.500 millones hasta finales de 2013.
Por todas estas cuentas acreedoras desde el punto de vista de las finanzas de Yacyretá, prácticamente la EBY ya tiene cancelada su deuda con la Argentina en la parte correspondiente a los aportes del Gobierno de Buenos Aires para la terminación de las obras.
Los negociadores paraguayos parten de un monto tope de US$ 6.000 millones, por encima del cual no aceptarán cifras superiores que figuran en los balances de la entidad binacional.
Precisamente, sería interesante llegar a un entendimiento con un Gobierno que esté dispuesto a una firme voluntad política de dar por finalizado al problema de la deuda de la EBY, que ya lleva años sin ser resuelto.
Además, el Gobierno paraguayo y la ANDE tienen que recuperar su protagonismo en el Consejo de Administración de Yacyretá, donde la parte técnica de la entidad estatal en épocas pasadas tenía dos representantes y hoy a nadie.
Facebook Comentarios