Escribe: Luis Alen.
El Poder Ejecutivo dispuso por el decreto Nº 2.611, del 18 de noviembre de 2014, internalizar los reglamentos de la Hidrovía Paraguay-Paraná en el ordenamiento jurídico nacional, salvo en lo referente a infracciones y sanciones, que se deja en suspenso hasta tanto rijan plenamente todos los puntos del Acuerdo, protocolos y reglamentos de la vía fluvial.
Llama la atención la medida adoptada, por cuanto en estos momentos la Hidrovía Paraguay-Paraná se desenvuelve en forma irregular por la falta, precisamente, de una real vigencia de todos los compromisos que asumieron los cinco Estados miembros: Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay.
Como dato ilustrativo, el Gobierno de Buenos Aires aún no ha incorporado a su legislación interna ninguno de los reglamentos que hacen a la navegación, pese a que prácticamente la Hidrovía atraviesa el territorio argentino en un 48 por ciento del total de su extensión de 3.442 kilómetros, entre Puerto Cáceres (Brasil) y Nueva Palmira (Uruguay).
A decir verdad, el Gobierno paraguayo ha cumplido con su deber de aplicar lo acordado con los demás socios de la Hidrovía, de incorporar en su legislación las reglamentaciones aprobadas que rigen la navegación fluvial, pero sin exigir de la contraparte argentina igual proceder, por lo que el país continuará sujeto a los caprichos y medidas unilaterales de los vecinos, que ya nos tienen acostumbrados con sus trabas al normal tráfico de nuestro comercio exterior por la Hidrovía, que para el Paraguay es de vital importancia porque implica su principal medio de salida al mar.
Atados al malhumor argentino
El Acuerdo de los cinco países, que dio lugar al establecimiento de una legislación común para la Hidrovía, pasa así a depender del buen o mal humor de las autoridades argentinas, que aplican sus propias reglamentaciones a todas las embarcaciones que atraviesan los cursos de agua interiores, sin importarles las obligaciones internacionales asumidas por ellos mismos y que están plenamente vigentes.
Hasta el punto que se ha dado el caso de inicuas presiones de los sindicatos argentinos de obreros marítimos, avalados por el propio Gobierno de Cristina Kirchner, con la pretensión manifiesta de evitar que el Paraguay siga creciendo en su papel protagónico al detentar el 80 por ciento del total de buques, barcazas y remolcadores que transitan la Hidrovía con bandera nacional.
Como prueba de lo mencionado, la confabulación sindical-kirchnerista está quedando al descubierto tras ventilarse groseros hechos de corrupción protagonizados por el líder sindical marítimo Omar “Caballo” Suárez, quien fue procesado el mes pasado por un juez federal por actos contra la seguridad en la navegación y por acusaciones de extorsión a armadores navales, a quienes les pedía dinero para una fundación ligada al gremio a cambio de no trabar sus operaciones en el puerto de Buenos Aires.
El objetivo último del Gobierno kirchnerista radica, por lo visto, en entorpecer al máximo el predominio paraguayo en la Hidrovía, porque la mayor parte de los actos ilegales del “Caballo” Suárez fueron dirigidos contra navíos paraguayos para entorpecer el fluido manejo del comercio exterior, principalmente en los puertos de Buenos Aires y en otros adyacentes del delta del río Paraná.
Pero la ofensiva de Cristina no paró allí, ya que también dispuso que los exportadores argentinos no podrán realizar trasbordos de sus contenedores en los puertos del Uruguay, sino solamente en Buenos Aires, a sabiendas que el mayoritario movimiento de los puertos del litoral argentino se realiza con navíos con bandera paraguaya que ya operan preferentemente en puertos uruguayos ante las dificultades que en cualquier momento generan los obreros marítimos al mando del líder sindical ahora procesado por la Justicia.
El cúmulo de atropellos de la Argentina no hubiera sido factible si es que realmente funcionase el sistema acordado en su momento por los cinco Estados partes. Desde marzo de 2012 no se reúne el Comité Intergubernamental de la Hidrovía (CIH), cuya presidencia la ejerce casualmente la representación argentina.
Dada la importancia del Acuerdo para la libre navegación de los ríos internacionales Paraguay y Paraná, el Gobierno paraguayo debió exigir de su par argentino, por una mínima razón de reciprocidad y de defensa de los altos intereses nacionales, la misma medida adoptada de internalizar los reglamentos que afectan a los navíos en la Hidrovía.
La decisión unilateral paraguaya favorece a todos los signatarios del Acuerdo, pero, en contrapartida, la no vigencia de los reglamentos en aguas territoriales argentinas daña claramente los planes de expansión de la flota paraguaya en la Hidrovía, al mantener la incertidumbre en cuanto al proceder muchas veces arbitrario y hasta hostil de las autoridades argentinas, en cumplimiento de sus objetivos de trabar el crecimiento naviero del Paraguay y, por ende, de su comercio exterior a través del libre acceso al mar consagrado en los tratados internacionales.
Los discursos favorables a la integración entre los países de la región, así como los habituales pedidos para que se reconozcan los derechos al libre tránsito de los países sin litoral marítimo como el Paraguay en el foro de las Naciones Unidas, seguirán siendo letra muerta mientras el Gobierno del presidente Horacio Cartes no exija a su colega Cristina Fernández de Kirchner un respeto irrestricto a los acuerdos firmados tanto a nivel del Mercosur como en la Hidrovía.
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