Escribe: Luis Alen.
Algunos dirigentes colorados hablan de que la oposición del grupo de los 15 anticartistas en el Senado se diluirá una vez que concluyan las internas del 26 de julio, volviéndose a la unidad para encarar las municipales de noviembre, pero las relaciones rotas ya parecen abarcar todo el período presidencial.
Es que el Partido Colorado necesita de un renovado impulso en la vida política nacional, que sólo lo tendrá en la medida que sostenga posturas identificadas con su historia y su ideología. El rechazo a la figura de la cogestión en Yacyretá, así como fue acordada con la Argentina, es clara evidencia de ello.
De que la disidencia de los 15 senadores no ha sido sólo coyuntural como una reacción contra la digitación de Horacio Cartes a favor de Pedro Alliana para la junta de gobierno de la ANR, ya lo demostró con su actitud de rechazo a la ley de garantía de inversiones. Fue como decirle a HC que el cheque en blanco de la APP (Alianza Público-Privada) ya no corre, y que la balanza de poder vuelve a inclinarse hacia el Congreso, después que en el primer año y medio de gestión cartista se haya vuelto en forma muy pronunciada hacia las pretensiones del Ejecutivo.
Pero la cuestión no termina allí, ya que la alianza de los senadores colorados disidentes con las otras fuerzas opositoras para rechazar el acuerdo con Argentina, prácticamente ha consolidado un Senado en colisión con Cartes, confirmando los augurios de ingobernabilidad que se asomaban en el horizonte en febrero, cuando el presidente realizó la arriesgada jugada de apartar de su círculo áulico a Marito Abdo prefiriendo como candidato a un manejable Pedro Hércules Alliana.
La pérdida de la mayoría en Diputados también ha sido una consecuencia del grueso error político de HC. Aunque se quiera minimizar esta situación, tomándola como meramente pasajera, el problema aparece mucho más duradero, ya que, cualquiera sea el resultado de las internas y de las municipales, la cantidad de heridos y contusos que habrá no promete mucha capacidad de maniobra para el cartismo, ni siquiera con la oferta abundante de prebendas, cargos y hasta dinero en efectivo que provendrá seguramente de los bolsillos presidenciales.
El interminable problema de Yacyretá
Las interminables negociaciones con Argentina sobre Yacyretá dieron lugar en noviembre de 2014 a una modificación del Anexo A del Tratado de 1973, en lo referente a la cogestión, que luego terminó en una “congestión” entre el Gobierno de Cartes y el Senado, porque, evidentemente, no cayeron bien sus términos entre los parlamentarios, al promover en la práctica una pérdida en el control de la hidroeléctrica, especialmente de sus finanzas.
Afortunadamente para el país, los senadores se dieron cuenta enseguida que la solución en Yacyretá no pasa ahora por eliminar la alternancia y promocionar la cogestión, por más que el Gobierno haya dicho que era una “conquista” ésta última. En realidad, el problema central de la EBY pasa por su deuda y por la forma en que se redacte el nuevo Anexo C, relativo a las prestaciones financieras. Asimismo, si no se llega a un acuerdo en el Anexo B, que permitirá una operación más eficiente de la represa mediante las obras adicionales, no se puede hablar de una “conquista”.
Cantar victoria antes de tiempo, por parte del Gobierno, pareció hacerle coro a la Argentina, que está siempre deseosa de imponer sus criterios a la parte paraguaya, que ya mucho tiempo cedió, por ejemplo, en el fatídico sistema de manejo de la hidroeléctrica binacional, que permitió el funcionamiento de las turbinas fuera de las normas técnicas de los fabricantes, sometiéndolas a una sobreexigencia que derivaría con el correr de los años en un desgaste descomunal de los grupos generadores, a tal punto que gran parte de ellos se encuentran averiados o al borde de llegar a este extremo
El error de la negociación encarada por Paraguay con Argentina estriba en el hecho de que no se planteó una visión global en las tratativas. Es cierto que el Anexo C ya venció y debió entrar en vigencia su nuevo texto hace un año, pero el momento era propicio no sólo para tratar el tema de la deuda sino también los demás anexos con una mirada desde los intereses paraguayos, tal como no se ha hecho en el caso de la cogestión del Anexo A, como lo han advertido los senadores. Tampoco se hizo alusión al hecho de que, según el Anexo B, la usina debió trabajar con 30 máquinas y no con 20 como lo hace desde su operación inicial, lo que se había dejado así por otra imposición argentina.
La creciente demanda energética argentina hizo que en los últimos años la central hidroeléctrica operara con sus máquinas por encima de su capacidad, por lo que el deterioro del parque generador se aceleró al máximo. Dada la necesidad que tiene Argentina de consumir la mayor cantidad posible de electricidad generada en la EBY, lo lógico era suponer que Paraguay aprovecharía este momento para proponer a Argentina el abordaje del complejo tema de la usina binacional con una visión global.
El Gobierno paraguayo volvió a perder la oportunidad de hacerlo e incluso no aprovechó la ocasión para plantear a su par de Buenos Aires el paso por las redes del país vecino de la electricidad paraguaya generada en Acaray, hasta llegar al Uruguay, un país deseoso de adquirir los excedentes de nuestro país a buen precio.
Con todas estas realidades citadas, en las negociaciones del Anexo C se deberá insistir en los mantenimientos y reparaciones de las máquinas que están paradas y las dos próximas a parar para el mantenimiento mayor que lleva 1 año, así como se debe tener a mano todos los estudios para ampliar la casa de máquinas con las unidades 21, 22 y 23, pero que se incluya también la modificación del anexo B con la construcción de la futura central hidroeléctrica en la represa de compensación del nivel del canal de fuga de Yacyretá, en la zona de Itacorá-Itatí, así como todos los estudios para la construcción de la futura central hidroeléctrica en el Brazo Añá Cuá y definir la modalidad de financiación.
Se deberá mantener como está el Anexo A, de la alternancia en la Dirección de la Binacional, corregir el Anexo B y buscar en el nuevo Anexo C una tarifa adecuada que haga financieramente rentable a la EBY mediante el pago de la deuda por aportes del Gobierno Argentino para la construcción de la usina hidroeléctrica y descontar de los aportes de Argentina a la EBY la deuda de EBISA por compra de energía a la EBY y que la ANDE también pague la deuda con la EBY por la compra de la energía de Yacyretá.
Finalmente empezar a estudiar los términos de referencia del proyecto técnico, financiación y parte jurídica del Tratado para construir la central de Corpus en el emplazamiento de Pindoí, donde se puede utilizar la figura de la APP para financiar el emprendimiento y también ver la posibilidad de utilizar el Anexo XXIII del Tratado de Yacyretá para la construcción de Corpus, donde sí o sí se deberá implementar dos casas de máquinas cada una de 1440 MW, obteniendo así 2.880 MW del emprendimiento, y la posibilidad a Paraguay de vender su energía libremente a precio de mercado.
La complejidad técnica de los temas citados amerita que el Gobierno Nacional seleccione a su más selecto plantel técnico con experiencia en el relacionamiento en emprendimientos binacionales así como sea creado en la brevedad posible el Ministerio de Energía, Minas e Hidrocarburos para comandar y liderar todas estas futuras actividades sugeridas.
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