El servicio del transporte público de Ciudad del Este es precario, inseguro y deficiente. Sin embargo, los pasajeros pagan caro por cada pasaje. La Asociación de Usuarios y Consumidores (Asucon) anunció que denunciará a transportistas por estafa y defraudación al fisco.
Un total de seis empresas está a cargo del servicio de transporte público en esta capital departamental. Ellas son: Acaraymí, 3 de Febrero, Ciudad Jardín del Este, Mburucuyá SA, Mburucuyá Poty SRL y Alto Paraná.
Los dueños de estas firmas, pese a ofrecer un pésimo servicio, con unidades viejas e inseguras, habían incrementado unilateralmente en enero de este año el precio del pasaje a G. 2.900, pero en realidad los pasajeros pagaban G. 3.000 ante la falta de monedas.
La suba se realizó con base en un decreto del Poder Ejecutivo pero sin aval de la Municipalidad ni la Junta Municipal. Las autoridades municipales callaron durante seis meses el atropello de los empresarios.
Recién el 30 de mayo pasado los concejales se pronunciaron sobre el tema y exigieron el cumplimiento de la Ordenanza 01/2014 que establece el pasaje a G. 2.500. Plantearon la anulación de todos los contratos con las seis empresas del transporte público por el deficiente servicio que prestan. Esta propuesta está siendo estudiada en la Comisión de Legislación y hasta la fecha no fue tratada en plenaria por los ediles comunales.
La División Municipal de Transporte Público también tuvo reacción tardía, ya que recién días atrás empezaron a controlar a las empresas para que cobren el pasaje de acuerdo al precio de la ordenanza.
Denuncia
El presidente de la Asociación de Usuarios y Consumidores (Asucon), Miguel López Silva, anunció una demanda ante la Fiscalía. Recordó que la ley de impuesto al boleto establece que los empresarios deben tributar el 3% de la recaudación con el cobro de la tarifa. Como los transportistas no emiten los comprobantes del pasaje, dejarían de abonar el impuesto al fisco.
Solamente la empresa Alto Paraná emite boleto, pero esto no garantiza que estén abonando el impuesto.
Añadió que la Ordenanza 41/91 establece que la Municipalidad, administrada por Sandra McLeod (ANR), está obligada a entregar los boletos sellados y firmados a los empresarios. “Los boletos sirven para controlar”, indicó.
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