La pelea intestina desatada entre los Zacarías y los Aguinagalde no lleva más allá de una ambición política, que busca imponer en la región uno de estos grupos, que ya han acumulado incalculable fortuna a costa del sufrido pueblo esteño y altoparanaense.
Lejos de que esta riña de familia sea por un interés superior en beneficio de la ciudadanía, lo que queda revelada es la enorme codicia que empuja a un ser humano, que pretende perpetuarse en el poder para continuar, por un lado, esquilmando el dinero de los contribuyentes y por otro, sojuzgando a su antojo y capricho la ilusión de todo un pueblo, que espera observar un desarrollo sostenido de su comunidad.
Todo comenzó cuando el ex intendente de Ciudad del Este, Javier Zacarías Irún, empezó a perder importantes aliados políticos, a raíz de su soberbia y prepotencia, emprendiendo posteriormente una inmisericorde campaña persecutoria, por haber abandonado el proyecto liderado por el líder de Frente para la Victoria.
Javier no perdona a quien haya osado contrariarle, porque todo debe girar en torno a él, y nunca fuera de él. Sin embargo, algunos, cansados de los maltratos y ofensas recibidos de su líder, decidieron abandonar el barco y hoy son apetecibles blancos del clan Zacarías.
Actualmente lo más mediático es el conflicto desatado entre la intendenta local, Sandra McLeod, y la concejal Lilian de Aguinagalde, que supuestamente tuvo su origen en el atraso de 14 meses de dieta de la edil, y que ésta habría enviado mensajes extorsivos a la jefa comunal, para intentar cobrar su dinero. Sin embargo, Sandra terminó denunciando el hecho ante el Ministerio Público.
Pero esto inmediatamente tuvo una repercusión mayor, porque entró en acción Javier Zacarías y Nelson Aguinagalde. Ayer, aliados y amigos, hoy enconados rivales políticos y con abierta declaración de “guerra”, cuyo desenlace es impredecible, tomando en cuenta la magnitud que ha tomado esta guerra mediática judicial y política, y donde el único gran perjudicado será el pueblo.
Esta pelea sirve, especialmente, para que los protagonistas saquen los trapos sucios al sol. Se hablan de vídeos, audio y grabaciones, en donde a una de las actuales autoridades se la observa en una situación no muy santa. Además, justo ahora aparece el resultado de una auditoría encomendada por el actual gobernador del Alto Paraná, Justo Zacarías, sobre la anterior gestión de Nelson Aguinagalde, y que habría dejado un faltante que supera los 5.000 millones de guaraníes.
El hoy senador tiene la responsabilidad moral y política de aclarar esta seria duda que existe sobre su anterior gestión. A la par de esto, también el clan Zacarías tiene que abrir las puertas de la municipalidad a la Contraloría General de la República (CGR) para ver el estado contable de la municipalidad de Ciudad del Este, que no conoce de la presencia en la institución del máximo órgano contralor del país desde el 2001, cuando los Zacarías tomaron la rienda del poder en la citada comuna paranaense.
Ninguno de los dos grupos enarbola la bandera del nacionalismo ni el patriotismo. Esta riña casera tiene un claro interés personal, que no va más allá en defender sus negocios particulares, que, bajo ningún aspecto beneficia a la población altoparanaense. El gobierno de Horacio Cartes, que en todo momento aboga por la transparencia en la gestión pública, hasta la fecha, por más que no sea el órgano natural, no emitió opinión alguna sobre la impunidad reinante en la municipalidad de la capital departamental, situación ésta que ya dura 13 años. Es hora de acabar con las componendas y pensar por el país. Al presidente de la República no le tiene que temblar el pulso para acabar con los clanes en esta parte del territorio. Lucha intestina como está no beneficia al pueblo.
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