La sociedad paraguaya está viendo con ojos alarmados la desfachatez de un Congreso que lo que menos hace es representar los intereses genuinos de su pueblo, al ocultar informaciones sobre la lista de funcionarios de ambas cámaras y sus jugosos salarios, además de poner palos a la rueda del Gobierno, que busca la cobertura legal para empezar a encarar las obras y programas anunciados en la campaña electoral.
Era previsible que Horacio Cartes encontraría cerrada resistencia de la clase política para encarar el Nuevo Rumbo, acostumbrada como está desde hace dos décadas a condicionar su guiño favorable a las obras de gobierno, a previas transadas con el Ejecutivo por medio de cargos y cuotas de poder.
Pero lo inconcebible es la forma en que con todo desparpajo los legisladores se arrogan prerrogativas que no están presentes en la Constitución, o, peor aún, leen la Carta Magna con la óptica que les conviene.
En actitud muy inteligente, HC les puso a los legisladores en la encrucijada inevitable de aprobar las leyes que son esenciales para cambiar la forma de gobernar, de gestionar y de controlar la administración del Estado, por medio de las leyes de Responsabilidad Fiscal y de Alianza Público-Privada.
Los políticos se dieron cuenta de la jugada, que implicaba la pérdida de sus privilegios derivados de la virtual “dictadura parlamentaria” que impide a los gobiernos realizar sus planes desde 1993, y se pusieron a mover la conocida “máquina de impedir”, consistente en el toma y daca de siempre, puesto en práctica con cada gobierno de la transición.
Esenciales para el Nuevo Rumbo, ambas leyes ponen límites a las facultades discrecionales del Congreso en materia de aprobación de incrementos en el gasto público y en el otorgamiento de concesiones para el sector privado. Pero la intención de los legisladores es convertirlas en leyes inocuas que no le servirán de mucho al nuevo Gobierno, si es que salen con la suya de evitar que se ponga límites al poder excesivo del Parlamento.
La estrategia de HC
Sabiendo Cartes lo que le esperaba por la posible renuente posición del Congreso ante sus claves proyectos de ley, es lógico preguntarse el porqué de su estrategia de enfrentar el desafío del acuerdo parlamentario apenas iniciada su gestión.
Lo que hizo HC fue poner a prueba la capacidad de resistencia de la clase política a sus planes de empresario devenido en político y decidido a corregir 20 años de vigencia de “la máquina de impedir”. Y lo hizo en la forma correcta, ya que se impuso como tarea primera limitar los súper poderes parlamentarios, es decir aquellas mismas atribuciones auto asignadas que impidieron a los sucesivos gobiernos de la transición cumplir con sus planes presentados ante el electorado.
¿Por qué habrían de aceptar los políticos una guillotina que les cercenaría su capacidad de influir sobre el Poder Ejecutivo y de llevar adelante hasta “negocios” de conveniencia particular? Varios de ellos interpretan erróneamente y de acuerdo a sus intereses, que serían anticonstitucionales varios de los artículos que limitarían sus privilegios de inmiscuirse en el Gobierno, pero lo que está claro es precisamente la inconstitucionalidad de entrometerse en las atribuciones propias de los otros poderes del Estado, Ejecutivo y Judicial, por parte del Legislativo, como ha sido la tónica en los últimos 20 años de relacionamiento entre los tres compartimientos estatales.
El olfato de estratega de Cartes salió airoso de la primera prueba ya antes de asumir, cuando estableció el acuerdo político llamado “pacto azulgrana”, que le fue vital para que quedara la dirección de las cámaras supuestamente en manos de hombres de su confianza. Sin embargo, los acontecimientos posteriores llevaron a demostrar que tanto el pacto como los presidentes de las cámaras no serían del todo funcionales a HC, por cuanto la rebelión de las seccionales coloradas y de los comités liberales ha sido de una talla mucho más desmesurada de lo previsto, las primeras por el descontento ante el gabinete muy técnico de Cartes, y los segundos por las cesantías en cargos públicos para dar paso a la tropa colorada.
Paradójicamente, la estrategia cartista se centra en poner nerviosos a colorados y liberales, a los seccionaleros por los cargos y a los azules no tanto por los puestos que pierden sino por las posibles investigaciones de desvíos de fondos públicos durante el breve período de gobierno del PLRA. Si bien se habla de un pacto de impunidad, la creciente protesta de los comités por los despidos de funcionarios liberales puede poner en peligro los votos en el Senado y eventualmente en Diputados, que son vitales para HC con miras a la aprobación de los proyectos de ley que le son fundamentales para gobernar. Queda por ver si la dirigencia liberal recapacita y se pone más relajada, aceptando las reglas de juego de HC, ya que son muy gruesas las irregularidades pasibles de ser investigadas de la gestión de Franco.
Por el lado de los colorados, Horacio empieza a dar más corte a la junta de gobierno de la ANR, a sabiendas de contar con la sagacidad equilibradora de la presidenta Lilian Samaniego y con la intuición acertada de que así impone un inesperado corralito a las ambiciones de los líderes colorados en el Congreso, que necesariamente deberán oír las directivas de la cúpula de su partido.
Está a la vista que la estrategia de HC de dejar inicialmente con “sed de cargos” a los colorados tenía como fin último desmantelar el poder parlamentario, ya que está notando claramente que la tropa satisfecha ahora con los nombramientos que van saliendo puede actuar en la junta de gobierno colorada como contrapeso a las ambiciones desmedidas de los parlamentarios.
En las carpas liberales es más difícil predecir qué pasará con el pacto azulgrana, pues no se puede descartar que vayan saliendo algunas investigaciones fiscales que salpiquen a la dirigencia, por lo que ésta deberá necesariamente acercarse a HC a negociar un salvataje, previo pedido de calma a las enojadas huestes por las cesantías.
Ya recibieron los azules un primer mensaje tranquilizador de Cartes, en el sentido de que el presidente prefiere no hurgar en el pasado sino mirar el porvenir prometedor de las obras que vendrán si es que el Congreso le aprueban las leyes del Nuevo Rumbo. Más claro, agua.
Escribe: Luis Alen





























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