El movimiento político, denominado “Los Poichos”, junto a organizaciones sociales, presentó el viernes último una formal denuncia ante la Fiscalía de Delitos Económicos y Anticorrupción, contra los 12 concejales de Ciudad del Este, por “cómplice de la corrupción imperante” en la municipalidad de la capital del Alto Paraná.
La acusación del mismo tenor fue arrimada igualmente ante el Congreso Nacional. La intendenta del segundo municipio más importante de la República, Sandra McLeod, pieza clave del clan Zacarías, también está denunciada ante los citados organismos de control, por la serie de irregularidades que viene cometiendo en su gestión pública, y que data desde el año 2001, que incluye a su marido, Javier Zacarías.
“Los Poichos”, liderado por el periodista radial Flaviano Díaz, hoy candidato a la intendencia de este distrito fronterizo, afirmó que el clan Zacarías acapara todos los medios de comunicación, tanto escritos, radiales y televisivos, con el sólo fin de difundir propagandas engañosas y “extorsionan a los dueños, prohibiendo que algunos periodistas realicen su trabajo libremente”.
Varias víctimas ya tienen en su haber el jefe del clan, Javier Zacarías, como el caso concreto de Flaviano Díaz, el director de este medio, Juan Pío Balbuena. También, en su momento, Osvaldo Brítez y otros colegas, que hasta hace poco eran aliados de él y hoy se declaran sus “enemigos” (sic).
Los denunciantes acusan a los 12 ediles de violar la Ley Orgánica Municipal número 3.966/00, artículo 27. Afirman que, los concejales aprueban loteamientos de sus propias tierras a nombre de terceros. En el año 2000, por estos mismos hechos, la Contraloría solicitó a la Cámara de Diputados la intervención de la municipalidad de Ciudad del Este, a pedido del entonces diputado Javier Zacarías Irún. ¡Qué ironía!, en cambio ahora, y desde el 2001, a pesar de la gigantesca corrupción practicada en la institución, la Contraloría no puede realizar una auditoria de gestión contable.
Citan también en su escrito de denuncia “Los Poichos”, que el entonces diputado y hoy gobernador del Alto Paraná, Justo Zacarías Irún (hermano de Javier Zacarías) solicitó doble expropiación de sus propias tierras, expropiada y pagada por el Estado. Sobrefacturación de trabajos de pavimentación de algunas calles, producto de un convenio entre la municipalidad local y el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOCP).
Otro hecho de irregularidad presentada ante las instancias pertinentes, es la burda maniobra realizada por la intendencia a cargo de Sandra McLeod, que entrega millones de guaraníes en cheques a integrantes de comisiones vecinales para construcción de empedrados, con la condición de endosarlos y posteriormente devolverlos a las autoridades para sus cobros en la ventanilla del banco, pero que ya “nunca más” ese dinero es devuelto a la comisión. Es una práctica común en la municipalidad paranaense, según denuncia de integrantes de las mismas comisiones vecinales.
Finalmente dejaron sentados en el escrito presentado ante la Fiscalía, que “cualquier atentado que pueda suceder a Flaviano Díaz y Waldemar Zárate, será de responsabilidad de Javier Zacarías Irún, Sandra McLeod y Justo Zacarías Irún”. Citaron como testigos de lo afirmado en la denuncia, al senador Fernando Lugo, diputado Jorge Ávalos Mariño, Isidro Morel (dirigentes de Tekojoja) y el ex fiscal de MOPC, Braulio Segovia.
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