Podría aparecer como una coincidencia de acontecimientos fortuitos que confluyeron para impulsar el nuevo rumbo del país que quiere Horacio Cartes, pero el verdadero “tsunami” que afecta la credibilidad de los políticos a través de la publicación de las nóminas salariales del sector público, además de conocerse las escandalosas prácticas de nepotismo en el Congreso y en el Poder Judicial, se convierten en poderosa arma que favorece la transparencia en el manejo de los recursos del Estado paraguayo.
Que haya aparecido como un hecho fortuito o que ha sido consecuencia de una astuta estrategia de HC, ya no importa tanto porque lo concreto es que el primer magistrado salió fortalecido al matar dos pájaros de un tiro con las publicaciones de información considerada antes casi un secreto de Estado.
Así, ha quedado en evidencia que el nepotismo y la utilización irracional de fondos públicos resulta marca registrada de toda la clase política, sin distinción de banderías, y por tanto un lastre pesado que hay que tirar por la borda. Por otra parte, salta a la vista que esta gestión con los recursos estatales lo que hace es abultar el déficit presupuestario e impulsa la carencia de financiamiento para las necesarias obras de infraestructura y la lucha contra la pobreza.
Si desea consolidar el nuevo rumbo del país, el Gobierno de Cartes no tiene otra alternativa que terminar con este verdadero festival de mal uso de fondos estatales para el pago de salarios a personal contratado sin pasar por el concurso de méritos y aptitudes, y al solo efecto de emplear a familiares, amigos, amantes y hasta niñeras.
Por ejemplo, los gastos salariales del Congreso se cuadruplicaron en los últimos cinco años, pasando de 12 a 48 millones de dólares al año, entre 2008 y 2013. Y con ello no es que haya mejorado la cantidad y calidad de la producción legislativa, sino todo lo contrario, como queda demostrado por la necesidad de contratar a más asesores de relevancia profesional para el análisis de complejos proyectos de ley, porque los cerca de 1.700 funcionarios del Poder Legislativo son incapaces de realizarlo.
¿Quién le pone el cascabel al gato?
De que el sistema prebendario y clientelista en el manejo de la cosa pública por parte de la clase política es contrario al nuevo rumbo de HC, ya se ha observado con la intención de los parlamentarios de no renunciar a sus privilegios para aumentar el presupuesto sin ningún techo establecido en base a un cálculo real y racional de las posibilidades de recaudación del Estado.
La oposición de los políticos a la Ley de Responsabi-lidad Fiscal y a la Ley de Alianza Público-Privada, podría hacer fracasar al Gobierno de Cartes, quien ya acaba de señalar en una conferencia en Ciudad del Panamá que estas leyes son fundamentales para su finalidad de reducir la pobreza en el país, que es su objetivo fundamental de aquí a cinco años, cuando concluya su mandato.
Precisamente son estas leyes la clave tanto para asegurar el éxito del nuevo rumbo cartista, y también para disciplinar el gasto público y asegurar una gestión racional de los recursos, especialmente con la mira puesta en orientar mayores fondos para la infraestructura física y social.
Los legisladores no sólo son reticentes a poner límites al gasto público, sino también a terminar con el nepotismo y la contratación sin concurso de miles de funcionarios estatales.
En esta actitud se ponen de acuerdo todos los políticos sin distinción de colores, salvo honrosas y escasas excepciones.
Como se suele decir vulgarmente, “entre bueyes no hay cornadas”, y por eso la gran interrogante es saber quién ganará finalmente la pulseada entre HC y los políticos. Por el momento, el jefe de Estado va llevando las de ganar, acicateado por una opinión ciudadana asqueada por tanto despilfarro descubierto a través del cumplimiento dispuesto por la Corte Suprema de Justicia del artículo 28 de la Constitución Nacional, que consagra el libre acceso a la información de interés público.
Escribe:
Luis Alen
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