En los últimos años sería muy difícil hallar en los archivos tanta impunidad para un hombre público, como de la que goza el político y ex intendente de Ciudad del Este, Ernesto Javier Zacarías Irún, que en más de 15 años de gestión municipal nunca conoció de una investigación fiscal ni de la Contraloría General de la República (CGR), a pesar de pruebas documentales contundentes aparecidas en contra de su anterior administración, así como la de su esposa (actual intendente), Sandra McLeod.
Incursionó en la arena política como diputado suplente, asumiendo el escaño tras el asesinato del legislador Julio César Riquelme, para luego postularse en el 2001 como intendente, situación que le llevó a crear un clan familiar que le permitió perpetuarse en el poder del segundo municipio más importante de la República.
En más de una década y media de manejo absolutista de los recursos públicos de la institución comunal hasta hoy ningún órgano responsable o habilitado osó en abrir una investigación, en base a innumeras denuncias presentadas en contra de los Zacarías, por mal manejo de gestión. Hasta resulta inverosímil, que durante los sucesivos gobiernos nacionales de turno, ninguna instancia de poder haya amagado ingresar a la comuna paranaense para realizar una auditoría de gestión contable.
¿Por qué tanta impunidad para un clan que se enriqueció con el dinero de los contribuyentes? No funcionan las instituciones; se pisotea la ley; no hay respeto al estado de derecho, etc., conjeturas que llevan a convertir en cómplices directos a quienes deberían abrir una exhaustiva investigación sobre el uso de los bienes públicos. Actualmente la Municipalidad está en quiebra técnica, a pesar del multimillonario presupuesto que maneja cada año (53 millones de dólares).
Es más, como no cuenta con dinero, la intendenta de manera totalmente irregular recurrió a un préstamo bancario de 8.500 millones de guaraníes para pagar salarios y aguinaldo de funcionarios. ¿Y a dónde fue a parar la plata de los contribuyentes?, es la gran interrogante y que la gente no duda en afirmar que está en el bolsillo del clan Zacarías.
¿Por qué se tiene un discurso mesiánico desde el Gobierno? El presidente Horacio Cartes enfatiza la “transparencia” en la gestión pública; pero al mismo tiempo se pasa abrazando a personas de muy dudosa reputación, como el caso concreto de Javier Zacarías Irún. El pueblo esteño desde hace años viene luchando por una liberación del municipio, pero la impunidad tiene tentáculos muy poderosos que no permiten lograrlo.
Si se sueña alguna vez con un país serio no se puede continuar otorgando impunidad a quienes cometen delitos, y principalmente, contra los intereses del pueblo. Sobre aquellos que roban y esquilman los recursos públicos, la justicia debe caer con todo el peso de la ley, para que de una vez por todas pueda existir respeto y buscar así sanear las instituciones.
Paraguay necesita mejorar el nivel de vida de sus habitantes. Para eso es prioritario hacer una buena distribución de la riqueza. Pero si las autoridades hacen vista gorda sobre la imperante corrupción que hay en el país, seguiremos soportando y conviviendo con la terrible inequidad social. La Constitución y la ley deben ser aplicadas equitativamente, y no estar para favorecer a corruptos y bandidos, como actualmente ocurre. Basta de impunidad, el pueblo ya no soporta tanta injusticia.
Facebook Comentarios