Escribe: Luis Alen.
El presupuesto nacional de 2019 fue confeccionado y aprobado siguiendo con los mismos patrones de años anteriores. Es decir, deficitario y respetando apenas la Ley de Responsabilidad Fiscal que establece no pasar el saldo negativo del 1,5 por ciento del PIB (Producto Interno Bruto)
Sobrevinieron los consabidos aumentos mínimos en el gasto corriente, como el caso de un nuevo incremento en los salarios para los docentes, que ya se hace rutina por la presión de los sindicatos de maestros, pero sin que se aprecie una mejoría en el rendimiento escolar de niños y jóvenes que asisten a los centros de enseñanza básica y media.
Es lo que se señala en el reciente informe del Banco Mundial “Invertir en Capital Humano: una revisión del gasto público y de la gestión en los sectores sociales”. Mientras sólo se habla de grandes partidas presupuestarias, cada vez mayores por ejemplo en educación, el análisis del organismo internacional, en el caso específico del Paraguay, viene a advertir que a pesar de los aumentos considerables del gasto público en capital humano, es decir en el área social, no se ha notado en contrapartida una mejora notable en su calidad.
Aquí se llega al meollo del problema de la falta de un seguimiento de las grandes partidas presupuestarias en función a su mayor o menor calidad, o si cumplen o no con la finalidad fundamental de la inversión social por parte del Estado, y que implica su rol fundamental en el crecimiento económico de largo plazo, como puntal de la producción y la productividad.
El estudio del Banco Mundial pone a nuestro país en la difícil disyuntiva de la mejoría urgente de su gasto social en capital humano, dada la necesidad de lograr la calidad máxima de su inversión social, porque la era de las tecnologías avanzadas como la robótica y la conectividad global, así lo requieren en la medida en que ya comienzan a presionar sobre el mercado laboral y de consumo.
Una reforma integral del Presupuesto
Ya comenzó a funcionar la comisión multisectorial, integrada por funcionarios del Gobierno y empresarios, para la reforma tributaria, que pretende presentar en marzo una revisión de los impuestos como el IVA y el de la Renta personal y de las empresas, sin tocar a las exportaciones de productos naturales como la soja o el trigo.
También se insinúa tratar la propuesta empresarial de una mayor calidad en el gasto público, cortando las erogaciones superfluas de la costosa burocracia y, en general, las que generan la corrupción y la impunidad, o las inversiones mal hechas en sectores claves de la infraestructura, la energía, el agua, el alcantarillado sanitario y la vivienda social.
Se arriba así al punto crítico de la necesaria reforma del Estado y del Presupuesto Nacional, retomando la famosa línea de cálculo en base a la “base cero”, que hoy está prácticamente abandonada, pero que requiere su retomada, con el fin de conseguir la anhelada eficiencia en el gasto estatal.
Esto es así, porque el análisis de las partidas de gasto utilizando el método del “presupuesto base cero”, permitirá cortar de raíz aquellos gastos que siguen en el tiempo como si no hubiera pasado nada y que, sin embargo, no se justificarían en función a un estudio serio de su eficacia o ineficacia en el ejercicio anterior.
El presupuesto base cero es una metodología de planificación y cálculo de gastos que trata de reevaluar cada año las partidas presupuestarias. Proporciona información detallada sobre los recursos económicos que se necesitan para lograr los resultados deseados, desechando la duplicidad de esfuerzos.
El proceso de elaboración del presupuesto base cero consiste en identificar paquetes de decisión y clasificarlos según su orden de importancia, mediante un análisis de costo-beneficio.
Se ha notado, precisamente, que el país cuenta con programas de asistencia social, como el de adultos mayores, pero que abarcarían hasta capas de la población que ya cuentan con otros soportes de protección. Sin embargo, hay sectores como la primera infancia o la niñez, totalmente abandonados, y que, en términos de inversión en capital humano, son mucho más importantes a la hora de capacitar a la futura generación que tomará la posta como protagonista en materia de ingresos y del mercado laboral, con directa implicancia en el desarrollo económico nacional.
De allí que resulta sumamente apropiado promover no sólo la reforma tributaria, junto al control de la calidad del gasto corriente y de la inversión, sino también, y específicamente, el análisis pormenorizado de los programas presupuestarios destinados a la mejoría sustancial del capital humano.
Los ingresos adicionales que provendrán de un precio justo de la energía eléctrica de las binacionales Itaipú y Yacyretá, con más razón exigirán la calidad en el gasto social. Y no como ahora, en que se dilapidan muchos de estos recursos de la riqueza hidroeléctrica en los corruptos “gastos sociales” de dichas entidades, que no tienen ningún control dentro del Presupuesto nacional y que sólo llenan las faltriqueras de los políticos del poder de turno en la República.
O como en el caso del Fonacide, donde se manejan fondos de las compensaciones adicionales de Itaipú, y que se pierden en el barril sin fondo de los presupuestos “autónomos” de municipios que en su mayoría escapan a las auditorías del organismo de control del gasto estatal y presupuestario.
La reforma integral del Estado y del Presupuesto nacional resulta de vital importancia para que la inversión social sea eficaz y permita de una buena vez que los rendimientos del crecimiento y la estabilidad macroeconómica de hace por lo menos 15 años también lleguen a los estratos mayoritarios de la población del país.
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