Escribe: Luis Alen.
El diferendo entre Eletrobras y la ANDE en Itaipú en torno a la contratación de potencia para 2019, no es más que el preámbulo de lo que se viene en la renegociación del Anexo C del Tratado que rige la operación de la usina binacional, prevista para 2023.
La pretensión brasileña, al plantear que la empresa eléctrica paraguaya contrate más potencia “garantizada”, al costo de unos US$ 40 MWH, en detrimento de la potencia adicional “no garantizada”, que es mucho más barata, de alrededor de US$ 5 MWH, deviene en una presión inaceptable que está en directa relación con el manejo totalmente unilateral y arbitrario, de acuerdo a los intereses del país socio en el emprendimiento bipartito, que ha sido lamentablemente la tónica de los casi 50 años de vigencia del Tratado de Itaipú.
La potencia “garantizada” es la que cubre, precisamente, los elevados costos de operación, mantenimiento y de pago de los compromisos financieros de la Itaipú, que en el caso de éstos últimos ya estarían todos saldados pero que siguen formando parte del costo de la usina, y que los consumidores del Paraguay han venido pagando religiosamente en su consumo de electricidad desde el inicio de la generación de la represa.
El menor precio a pagar por la energía adicional de la usina, que también beneficia a la misma Eletrobras en mayor proporción que la ANDE al igual que la potencia “principal”, viene a ser como una compensación que le posibilita a la ANDE un marco tarifario más accesible para los consumidores nacionales, dada la gran diferencia entre el costo de la garantizada y el de la no garantizada o adicional.
Aparte de estar regido por acuerdos realizados entre las partes para la contratación de potencia, el sistema de utilización de la producción de la usina hidroeléctrica viene a ser la base por la cual se rige el marco financiero y presupuestario de la binacional, ya que también estos ingresos le sirven a la entidad paraguayo-brasileña para el pago de los royalties a los dos países y, asimismo, para las remesas desde el Brasil al Paraguay como compensación por la cesión de energía que no se consume aquí.
Es la advertencia lanzada por la Itaipú, de que en el primer trimestre de 2019 debería tener acordada la contratación de potencia, porque, de otro modo, se haría difícil continuar con los pagos mensuales al Ministerio de Hacienda de nuestro país, lo que podría llevar a una peligrosa situación financiera al mismo gobierno paraguayo.
Una respuesta adecuada
Además de exigir el cumplimiento de los acuerdos ya asumidos en años anteriores sobre el tema de la potencia “garantizada” y “no garantizada”, la ANDE y el gobierno nacional tienen más que nunca la obligación de ir analizando lo que se viene en la negociación con Brasil, dado que los vecinos ya están instalando no sólo un grupo de estudio en el Ministerio de Minas y Energía de Brasilia, sino también, por lo visto, los primeros aprestos para empezar a presionar al Paraguay de tal modo a que éste se encuentre atado para evitar el reclamo de la plena soberanía sobre el 50 por ciento de la producción y la fijación, por ende, de un precio rentable para la exportación del fluido eléctrico al Brasil o a terceros países.
Mientras tanto, la ANDE tendría que analizar seriamente la posibilidad de contratar mayor potencia de la usina de Yacyretá, que le ha sido ofrecida casi a la mitad del precio de la garantizada de Itaipú, con lo cual perfectamente podría compensar sus costos y evitar una suba tarifaria en el caso que sea irreductible la posición brasileña de adquirir más cantidad de la energía onerosa.
Aquí entra a tallar la necesaria combinación del poderío paraguayo de contar con la mitad de la producción tanto de Itaipú como de Yacyretá, que, con el adicional de la usina de Acaray, debería significar desde ya el cimiento para construir el nuevo esquema de utilización de la energía de las dos binacionales, como asimismo la cuestión vital de la prestación de los servicios financieros.
En la negociación con la Argentina del Anexo C del Tratado de Yacyretá, en la era Cartes se cometieron errores garrafales en detrimento de los intereses nacionales, que no se deberían repetir en la renegociación con el Brasil del Tratado de Itaipú.
Pero, para ello, habría que reformular todo el régimen de contratación de la energía, en virtud a la plena soberanía que sobre el 50 por ciento de la producción tiene el Paraguay, ya que hasta hoy el Brasil posee la sartén por el mango y actúa como si fuera el único propietario y beneficiario de todo el caudal hídrico del río Paraná convertido en electricidad.
Lo más pronto posible, el Paraguay debería estar trabajando en serio en un sistema de utilización de la energía basado en el precio de mercado para la energía de exportación, mientras que la energía para el consumo interno, el transporte y la industrialización del país debería tener un precio al costo de los sistemas de generación y de transmisión de la electricidad, subsidiados por dichos precios de exportación del excedente energético.
Como se ve, muy lejos de la pretensión brasileña actual que ya avisa de su posición para 2023, que seguiría atando a nuestro país a una especie de dependencia de los esquemas tarifarios a satisfacción del consumo brasileño, en directo perjuicio de los intereses paraguayos, como ha sido la constante desde el inicio de la operación de Itaipú.
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