Los pedidos provenientes del equipo de transición de Horacio Cartes, de parar licitaciones y compras con montos abultados por parte de entidades como las binacionales hidroeléctricas, o la propia Ande en el caso de la represa Yguazú, indican claramente que el nuevo Gobierno se propone terminar con la falta de transparencia en los procesos de contrataciones y en las inversiones, principalmente en el clave sector energético. Resulta cierto sin lugar a dudas que son prioritarias y urgentes las inversiones en la energía, con el fin de acompañar el crecimiento económico anual promedio de 5-6 por ciento que se tendrá en esta década en nuestro país. Pero no por ello se debe minimizar la necesaria prolijidad en el cumplimiento de los requisitos que garanticen la defensa del interés general, fundamentalmente en lo atinente a la fiabilidad técnica de los contratos y en lo referente al más bajo precio, evitando de paso los negociados a los que tanto nos acostumbraron las administraciones energéticas pasadas y también la actual.
La tan postergada obra de la maquinización de la represa Yguazú es notoriamente una muestra de lo que decimos, ya que antes de concluir su mandato la actual administración trata de acelerar en forma harto sospechosa el proceso de adjudicación de los trabajos y de la compra de los generadores. Hubiera sido motivo de aplauso la celeridad para definir de una vez por todas la ampliación del sistema Acaray, que dotará al país de una capacidad de generación en territorio nacional de 400 MW de potencia para las horas pico de demanda, pero descartando cualquier duda en cuanto al diseño técnico de la obra y el costo final de la misma. Por todo lo apuntado no se puede admitir la desatención a un pedido justo del nuevo Gobierno a asumir el 15 de agosto, de esperar hasta después de esta fecha con el fin de analizar y adjudicar la licitación, de tal forma a evitar perjuicios a los intereses del país. La obra de maquinización de la represa Yguazú está enmarcada en la necesidad de ir aumentando la capacidad interna de generación eléctrica, que no sólo ayudará a cubrir la demanda de las horas pico, sino también a propiciar las exportaciones de electricidad a los países vecinos y al Uruguay o Chile. Si bien hay posibilidades de seguir aumentado la recepción de la energía de Itaipú a bajo costo, no por eso hay que desatender el crecimiento del parque generador dentro del territorio nacional, procedente de represas hidroeléctricas pequeñas como la que se quiere construir por parte del sector privado en el río Ypané, sino también el aumento de la generación térmica a partir del gas natural boliviano.
Hay que recordar también que un fuerte incremento de la demanda eléctrica puede darse en el caso de una acelerada industrialización del país, especialmente con la instalación de la planta de aluminio de Rio Tinto Alcan (RTA), cuya aprobación dependerá de la visión y los planes de transformación -de una economía agraria a otra industrial- que tenga el nuevo Gobierno Cartes.
Pero el fomento de las inversiones en el sector energético no implica desatender el necesario cuidado en desarrollar emprendimientos en los que exista la rentabilidad económica y social, así como la defensa del medio ambiente y la calidad de vida de la población del país.
Un aspecto que hay que resaltar es la situación de emergencia en que se encuentran las finanzas del ente energético nacional, la Ande, así como las oscuras alternativas que envuelven a las deudas y los parámetros de los servicios financieros tanto en Itaipú como en Yacyretá.
Son otros motivos más que suficientes para exigir que el equipo de transición del nuevo Gobierno ingrese a la Ande y a las binacionales para asegurar desde ya los procesos de transparencia en las contrataciones y para ir abordando los aspectos más cruciales de las negociaciones a encarar en las binacionales con los socios vecinos.
Escribe: Luis Alen
lusialgo@yahoo.com
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