Ya entramos a transitar el 2019 y el pueblo esteño continua aguardando por parte del Ministerio Público la imputación contra el clan Zacarías, denunciado por presunto “enriquecimiento ilícito, lavado de dinero, asociación criminal, evasión fiscal”, entre otros delitos.
La fiscal general del Estado, Sandra Quiñonez, tiene la gran responsabilidad de concluir la investigación objetivamente, en este caso que involucra a la familia Zacarías y a varias otras personas de dicho entono político.
Ya pasaron más de 3 meses del trabajo del Ministerio Público y hasta ahora no existe aún ninguna imputación contra este grupo, que por más de 17 años se apropió de la municipalidad de Ciudad del Este, convirtiendo a Javier Zacarías, su esposa Sandra McLeod, su hermano Justo Zacarías y otros integrantes de la familia, en multimillonarios, fruto del dinero de la ciudadanía.
El clan Zacarías, capitaneado por Ernesto Javier, vivió al amparo de la impunidad cerca de dos décadas, haciendo lo que se le antojaba, sin que ninguna autoridad competente del país haya abierta tan siquiera una investigación. Todos hacían la vista gorda a las arbitrariedades que venía perpetrando durante todo ese tiempo este grupo político, que se anidó en el poder, a partir del 2001. El Ministerio Público local nunca se pronunció sobre los graves hechos de irregularidades en la gestión pública, en la comuna paranaense.
La fiscal general, Quiñonez, tiene que demostrar mayor voluntad política en todas las denuncias que se presentan contra poderosos políticos, empresarios y autoridades del gobierno, ya saliente o actual. En el caso concreto del clan Zacarías, la ciudadanía, y en especial, de la capital del Alto Paraná tiene su seria sospecha de la tarea investigativa que lleva adelante el Ministerio Público en el caso del citado grupo político fronterizo, que desde años viene siendo denunciado y acusado por una serie de hechos de corrupción, que va desde irregularidades en la gestión pública, enriquecimiento ilícito, lavado de dinero, asociación criminal, entre otros.
Es necesaria de la aplicación de la ley por parte de las instituciones responsables, para que de esa forma el pueblo comience a volver a creer en sus autoridades. La fiscal general lleva en la frente el estigma de del cartismo, porque es sabido que la misma fue puesta en ese cargo por el ex presidente Horacio Cartes, y se cree, que sigue impartiendo orden la máxima jefa del Ministerio Público del país, y que por ahí vendría la tardanza para la imputación del cuestionado clan Zacarías.
Sandra Quiñonez tiene la responsabilidad y el compromiso de acompañar la fuerte arremetida del ejecutivo nacional contra la mafia organizada del país. Nadie puede negar, ni desmeritar la posición política del presidente Mario Abdo Benítez, en declarar la “guerra” a quienes transitan por el camino torcido. La fiscal general se expone peligrosamente a un juicio político al desentenderse de algunas investigaciones mediáticas, como el caso del clan Zacarías, que la ciudadanía esteña y paraguaya aguarda una resolución.
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