El expresidente Horacio Cartes estaría moviendo sus influencias en el Poder Judicial para evitar que el Puerto Fénix, o “Puerto Narco”, pierda un juicio y deba devolver tierras fiscales que presuntamente ocuparía, según informes judiciales.
Es que un pedido de mensura y deslinde, actualmente en el juzgado de Luque, podría comprobar que efectivamente la empresa Puertos y Estibajes S.A. expandió sus límites a expensas de terrenos fiscales.
HC formaría parte del holding empresarial que maneja Puerto Fénix, de Mariano Roque Alonso (Central), conocido en la jerga naviera como el “Puerto Narco” por las sucesivas incautaciones de drogas ocurridas en dicho recinto portuario, indicaron fuentes judiciales.
La información surgió como resultado del juicio que lleva adelante Alberto Claudio Ramírez Alvarenga, con domicilio en la ciudad de Hernandarias (Alto Paraná), en una demanda de deslinde del condominio que posee con el abogado Alfredo E. Wagener, de una propiedad lindante al norte del Puerto Fénix, a orillas del río Paraguay.
El denunciante acusa a los directivos de Fénix S.A., Julio Martínez Trueba y José Fassardi, de fabricar un título falso en connivencia dolosa con funcionarios de la municipalidad de Mariano Roque Alonso, para así supuestamente burlar a posibles interesados en la compra de la propiedad ubicada en el lindero norte del puerto citado, sobre la hidrovía, a quienes se les indica en forma fraudulenta que el terreno ya habría sido adquirido por la empresa portuaria.
Ramírez Alvarenga también denuncia a directivos de otros puertos vecinos, como San José y Caacupemí, del avasallamiento de su propiedad, e incluso afirma que en forma artificial han armado una “Res Litis” para despojar al legítimo propietario del valioso inmueble, sin pagarle un solo centavo.
Durante el gobierno de HC
El despojo a Ramírez Alvarenga se habría gestado cuando aún fungía Horacio Cartes como presidente de la República, quien estaría vinculado al holding de Puerto Fénix a través del abogado Pablo Livieres Guggiari, el vicepresidente de la firma a partir de 2017, ejerciendo siempre la presidencia el ingeniero Julio Martínez Trueba, el antiguo directivo de la citada empresa portuaria.
La expansión de las operaciones portuarias del complejo Fénix-Caacupemí-San José se estaría realizando con la exhibición de títulos falsos e incluso en abierta violación de la Ley 3001/06, de Servicios Ambientales, que obliga a las obras con alto impacto ambiental a realizar compras de certificados de la Seam (actual MADES, Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sustentable), como el caso de los puertos.
Puertos y Estibajes S.A. se opone al juicio de deslinde que le promovió su vecino lindero porque teme quedar en evidencia que ocupa varias hectáreas de tierra fiscal adyacente al recinto portuario, afirmaron las fuentes judiciales.
El caso litigioso se lleva en el juzgado en lo civil de Luque, a donde fue a recalar el proceso por decisión de la Corte Suprema, pero Puerto Fénix no acepta la jurisdicción y trata de entorpecer los trámites hasta el punto de contar de haber querido influir sobre algunos organismos oficiales como la Procuraduría General de la República y la Prefectura Naval de la Armada Nacional.
No pudiendo tener el beneplácito del procurador Sergio Coscia, ahora tratan de contar con algún dictamen de la Prefectura Naval con el fin de contrarrestar la mensura y deslinde que comprobaría la ocupación ilegal.
Salta a la vista la otrora gran protección político-judicial de la empresa portuaria, e incluso se habla que HC desearía que se trabe al máximo la investigación judicial, porque se podría descubrir in fraganti que Puerto Fénix esté en parte ubicado sobre terrenos del Estado, específicamente de la municipalidad de Mariano Roque Alonso y hasta del INDERT, por lo cual debería resarcir al Estado unos 45 millones de dólares, por las 30 hectáreas invadidas.
Habría títulos falsos
La demanda de deslinde incluye acusaciones muy graves, por parte del demandante, Alberto Claudio Ramírez Alvarenga, que deben ser dilucidadas en el juicio, como que se habría fabricado instrumento público de contenido falso (títulos falsos) en connivencia y complicidad con funcionarios de la Municipalidad de Mariano Roque Alonso, a tal punto que en los registros públicos aparecerían derechos de Golden Works S.R.L., de los Hellmers, en superposición a los derechos dominiales de Ramírez Alvarenga, cuya finca 3.960 tiene casi medio siglo de vigencia en el sistema informático de Catastro.
Si es que se confirma que están siendo ocupadas las 30 hectáreas fiscales por los citados puertos privados, las firmas deberán pagar por lo menos unos 45 millones de dólares, a razón de 1,5 millón la hectárea, tomando en cuenta el valor de mercado actual de dichos terrenos en lugares altamente cotizados para puertos fluviales de gran movimiento de cargas.
Las tierras en litigio presuntamente fiscales, pertenecerían al municipio de Mariano Roque Alonso y al INDERT, por estar prácticamente fuera de la zona urbana y a orillas del río Paraguay, en una zona muy valuada por tratarse de asientos de varios puertos, entre ellos Fénix, San José y Caacupemí, al norte de la ciudad capital, Asunción.
La demanda de deslinde fue promovida por Alberto Claudio Ramírez Alvarenga y es contra los linderos, al Sur, Puertos y Estibajes S.A., de Fénix, representada por los ingenieros Julio Martínez Trueba y José Fassardi; al Norte, la empresa Golden Works S.R.L., representada por Enrique Hellmers, Norman Hellmers y Fernando Hellmers. Al Este, el señor Horacio Giménez.
También el demandante pidió notificar a los presidentes de las firmas adyacentes de Puerto Caacupemí S.A. y Puerto San José S.A.
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