Que sigan los escraches

Algunas autoridades, amparadas en la impunidad, continúan esquilmando groseramente los recursos del Estado. Actúan de esta manera porque las instituciones responsables, llámense fiscalía o Contraloría General de la República (CGR), no realizan sus tareas como corresponde.
Un caso concreto es el que afecta a la municipalidad de Ciudad del Este, bajo gestión de la intendenta Sandra McLeod de Zacarías, donde la población paranaense, más concretamente los contribuyentes de la institución, desde el 2001 desconoce el destino dado a su dinero, que aporta regularmente en concepto por el pago en distintos impuestos.
Hoy la ciudadanía, y principalmente el sector docente, desea saber el destino dado a los 10.000 millones de guaraníes, correspondiente
al Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide), desembolsado a la administración del clan Zacarías por el gobierno de Federico Franco, quien personalmente se llegó hasta la sede de la municipalidad para hacer entrega del dinero, acto, que en ese entonces, estuvo rodeado de un gran tufo político.
La ley 4.758/2012 que crea el Fonacide, es bastante clara, donde en algunos de sus artículos habla, que el 50% de los fondos transferidos a los gobiernos municipales y departamentales deberán destinarse a proyectos de infraestructura en educación, como construcción, remodelación, mantenimiento y equipamiento de centros educativos, y un 30% en almuerzo escolar de niños y niñas, que se encuentran en situación vulnerable, desde el punto de vista social.
Sin embargo, el clan Zacarías desvirtuó diametralmente el origen de la ley, al no ajustarse a las disposiciones legales vigentes, ya que un gran porcentaje del dinero recibido lo destinó al pago de personal de la comuna esteña, además de privilegiar a la Escuela Municipal, que cuenta con apoyo de su administración y la subvención del Estado. A raíz de esta penosa situación presentada, hoy aquellas autoridades educativas, cuyas instituciones debían ser beneficiadas con el millonario recurso, claman y exigen explicación a la jefa comunal local, si en qué fueron destinados los 10.000 millones de guaraníes, que Franco le entregó en propia mano a Sandra McLeod, en un momento sensible de la campaña proselitista y cuando el jefe del clan hacía guiño al candidato liberal Efraín Alegre.
Esta misma penuria enfrentan las instituciones educativas de ciudad Presidente Franco. La ciudadanía y especialmente el sector docente tienen el derecho en conocer el destino dado al millonario recurso entregado por el gobierno anterior a las autoridades comunales de cada municipio. El caso más emblemático afecta a la intendencia de Ciudad del Este, donde sus autoridades desnaturalizaron el fin de la ley, al utilizar el dinero para otros fines.
El Ministerio Público tiene la sagrada misión de precautelar los intereses de la población y en este caso del Estado paraguayo, por lo que tiene que impulsar una investigación de oficio, para conocer si en qué se gastaron los 10.000 millones de guaraníes, proveniente de Fonacide. No se puede seguir callando el robo alevoso cometido por autoridades inescrupulosas y que continúan campantemente involucrándose con la sociedad, como si fueran la reserva moral. Si van a continuar siendo protegidos por la señora impunidad, no queda otra a la ciudadanía sino empuñar su última arma, cual es las movilizaciones y escraches a los que continúan esquilmando los recursos públicos.