El país está atravesando por un desconcierto político al final de este 2016, que puede dejar a su paso, hechos de incalculables consecuencias en todos los ámbitos.
Nos referimos a que la propia Constitución Nacional está gravemente amenazada de ser subvertida en su orden jurídico. Y lo más peligroso, el plan parte desde el propio Poder Ejecutivo, que tiene como principal ideólogo, nada menos que al presidente de la República, que por esa ambición desmedida de poder, está dispuesto a violar la propia Carta Magna del Paraguay.
El artículo 229 de la Constitución Nacional, que se refiere a la duración de mandato, es claro y contundente cuando dice: “el presidente de la República y el Vicepresidente durarán 5 años improrrogables en el ejercicio de sus funciones, a contar desde el 15 de agosto siguiente a las elecciones. No podrán ser reelectos en ningún caso…”, reza una parte del citado capítulo constitucional.
Sin embargo, los escamoteadores están dispuestos a pisotear y violar la Constitución, con tal de materializar sus ambiciones personalistas. Esta amenaza del grave atentado al estado de derecho es un serio peligro del retorno de un sistema autoritario, que la mayoría del pueblo paraguayo quiere olvidar para siempre, por lo que significó esa terrible etapa de la civilidad nacional.
“La Constitución no se vota, sino se respeta”, decía el senador colorado Juan Carlos Galaverna, quien advirtió sobre el peligro latente que hay en ignorar el espíritu de la actual Carta Magna, donde es clara y contundente al señalar que su modificación para introducir la reelección solamente se podrá dar a través de la reforma, y recién en el próximo gobierno, 2018-2023.
Hoy ante la imposibilidad de realizar la reforma, los que están a favor de la reelección presidencial recurren a la herramienta de la enmienda, que tampoco es la vía legal. Es más, ese proyecto ya se había tratado unos meses atrás en el Senado, donde fue rechazado y enviado a archivo. Recién después de un año se podría de nuevo abrir un debate al respecto, así como está establecido en el orden jurídico paraguayo.
En cambio, para aquellos que están obsesionados por la reelección de Horacio Cartes, la Constitución y las leyes no son barreras, y que “si el pueblo pide, hay que acatar”, suele ser uno de los discursos panegíricos de aquellos que constantemente están intentando manchar la sagrada Carta Magna, que debe ser el espejo en donde todos los paraguayos deben reflejarse para lograr una anhelada convivencia armónica en una nación donde supuestamente impera la democracia.
Pero esta prédica parecería que no se practica entre los que constantemente están tratando de perturbar el espíritu de la actual Constitución, que data del año 92. El pueblo paraguayo debe estar más que nunca vigilante para no permitir el avasallamiento del estado de derecho.
La ciudadanía se merece el respeto, y las autoridades constituidas están obligadas no solamente a respetar la Constitución, sino a acatar su contenido en todo su orden jurídico. No se puede seguir permitiendo, que desde afuera nos tilden de “país bananero”. Pero mientras que se quiera o se intente pisotear o perturbar el orden jurídico establecido, seguiremos siendo tildados de una nación de cuarta, donde rige la ley de la jungla, la del más fuerte. Esa es una aberración y el pueblo tendrá que recurrir al último recurso que queda, cual es la movilización. Son muchos los que buscan violentar la Carta Magna, y de ocurrir eso, pasará a la historia negra del país. El presidente junto a un grupo de parlamentarios apátridas buscan echar en “gorra” la Constitución.
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