El futuro gobierno de Horacio Cartes está impulsando la Ley de Responsabilidad Fiscal, que implica lisa y llanamente disciplinar al Estado y básicamente al Congreso para alcanzar la finalidad de un gasto racional y no fuera de control como es el actual. Pero más allá de este objetivo necesario, de poner topes a la discrecionalidad de los políticos en el uso del dinero público, el problema del fisco es el financiamiento adecuado del gasto estatal.
Muchas veces ya se ha hablado de la importancia de tener un Presupuesto desarrollista y no derrochador como el actual, que da sólo prioridad al gasto improductivo de mantenimiento de una burocracia estéril, en detrimento de las inversiones necesarias en infraestructura física y social. Ahora que se habla de poner freno al gasto discrecional, el mejor método es el que se basa en fijar el financiamiento adecuado para cada finalidad de gasto. Las fuentes de recursos deben estar fijadas en exclusividad para tal o cual erogación, como ya ha sido siempre el espíritu de las llamadas fuentes 10, 20 o 30, pero que finalmente en la práctica no se han implementado como para lograr la eficiencia en el gasto de la administración central y los entes descentralizados.
A falta de una orientación precisa de una política de financiamiento del gasto, el ministerio de Hacienda también ha tenido que priorizar “a ojo” y de acuerdo a las disponibilidades de fondos la orientación del gasto, priorizando el gasto rígido, es decir los inevitables pagos de salarios y otros compromisos ineludibles como la deuda pública o las jubilaciones, dejando como segunda prioridad los gastos de capital y las inversiones para el desarrollo.
Peligrosa tendencia actual
Un déficit fiscal creciente es la herencia dejada por la administración saliente del Estado, que hasta cierto punto fue necesario para apuntalar la economía el año pasado, con el fin de evitar una mayor recesión. Pero el drástico incremento en el gasto, que ayudó a emprender proyectos de infraestructura vial ahora semiparalizados por la falta de recursos, involucró también el aumento de la nómina salarial por la contratación de más personal.
Si es que se quiere preservar la trabajosa estabilidad macroeconómica lograda en los últimos diez años y evitar una aceleración inflacionaria el año próximo, el marco fiscal deberá ser disciplinado, lo que implica poner un tope al gasto corriente, que está erosionando cada vez más el espacio disponible para los egresos de capital y social, y para la ejecución de políticas anti-cíclicas que estimulen la producción, tanto agropecuaria como industrial, a través de, por ejemplo, las obras viales.
La facilidad con la que los parlamentarios inflan el presupuesto nacional de gastos debe desaparecer en 2014, según es la intención del equipo gobernante que asumirá el 15 de agosto. Debido a esta finalidad, el gobierno deberá exigir a los parlamentarios la adopción de la sana práctica de fijar gastos permanentes sólo cuando se hayan claramente identificado e incluido en el presupuesto los recursos financieros permanentes. Es decir, se gasta sólo lo que se ha fijado como fuente de recurso. Y no sólo en la elaboración del presupuesto, sino también cuando Hacienda envía durante el año las famosas ampliaciones presupuestarias, con el fin de evitar los gastos sin financiamiento que terminan por erosionar los recursos destinados a obras de infraestructura necesarias.
Definitivamente, es necesaria una reforma tributaria y presupuestaria que asegure que los gastos corrientes sean financiados con los ingresos tributarios corrientes, informando en forma transparente a la sociedad la orientación del gasto público proveniente del pago de impuestos. Asimismo, los fondos provenientes de la cesión de energía de Itaipú y Yacyretá, tendrían que formar parte de un sistema más disciplinado y desarrollista en la orientación del gasto a partir de estos recursos, con un estricto control de su real utilización con fines de aumentar la capacidad productiva y la riqueza nacional. Y no como ocurre actualmente con el Fonacide, muchas de cuyas inversiones a cargo de las gobernaciones y municipios no se sabe a dónde se fueron a parar.
La Ley de Responsabilidad Fiscal puede ayudar para la transparencia y el cumplimiento de las prioridades fiscales en función a un gasto eficiente. Aunque se venía cumpliendo con la regla de limitar el uso del endeudamiento al financiamiento del gasto de capital, ahora la intención del nuevo gobierno es recurrir a un adelanto de corto plazo del Banco Central para cubrir el agujero fiscal de 2013, calculado en US$ 200 millones.
La otra regla que falta cumplir es que los impuestos deberán destinarse al pago de la burocracia y del gasto rígido, quedando los royaltíes y los préstamos para financiar el desarrollo. Para ello, la responsabilidad fiscal debe ir más allá, involucrando al Fonacide, que asegure la buena utilización de los fondos provenientes de las hidroeléctricas y someta a las gobernaciones y municipios a un régimen de control, transparencia y disciplina en el gasto, similar a lo que se le exige a la administración central del Estado y a las empresas públicas.
Escribe: Luis Alen
lusialgo@yahoo.com
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