La Cámara de Apelación revoca recurso de amparo que permite de nuevo a la Policía Caminera realizar controles sobre la supercarretera Itaipú, dentro del distrito de Hernandarias. La comuna fue notificada. La ciudadanía local molesta por la decisión judicial, prepara para los próximos días una gran movilización, para repudiar el hecho.
La comuna hernandariense accionó judicialmente y logró una medida cautelar prohibiendo a la Caminera realizar controles dentro del ejido urbano del distrito, pero fue apelada y quedó sin efecto. Es decir vuelven lo controles sobre la supercarretera. La caminera fue notificada de esta situación el pasado 5 de agosto, a través del oficio judicial 817.
La resolución judicial en cuestión, firmada del Juez Penal de Garantías de Hernandarias, abogado Silvio Rojas, fue revocada por la Cámara de Apelación, primera sala, integrada por Raúl Insauralde, Isidro González y Marta Acosta.
De esta nueva situación fueron notificados el pasado 23 de agosto, el abogado Dionisio Mereles, director de Asuntos Jurídicos del MOPC y la abogada Marian Rodas de Godoy, en el expediente caratulado “Amparo Constitucional promovido por la Municipalidad de Hernandarias contra la Patrullera Caminera 4ta zona”.
La notificación señala que el Tribunal de Apelación Penal Primera Sala, de la VI Circunscripción Judicial de Alto Paraná, ha dictado resolución por el Auto Interlocutorio (AI) número 136 de fecha 19 de agosto, que transcripto textualmente en su parte resolutiva dice: “1) Admitir el recurso de apelación interpuesto. 2) Revocar la resolución apelada dejando sin efecto la medida cautelar, por los fundamentos expuestos en el considerando de la presente resolución. 3) Remitir los autos al juzgado de origen. 4) Anotar, registrar, notificar y remitir copia la Excelentísima Corte Suprema de Justicia”.
El intendente municipal, Rubén Rojas, había justificado la posición de la comuna, señalando que hay numerosas quejas de visitantes y ciudadanos de Hernandarias contra los supuestos abusos cometidos por los agentes de la Caminera, que se instalan en sitios no adecuados al solo efecto de sorprender a los conductores que circulan por la supercarretera.
Rojas, en su carácter de intendente Municipal, insistió en que solicitó el amparo judicial, “debido a la constante queja de ciudadanos por el pedido de coima por parte de agentes de la Patrulla Caminera. La Municipalidad viene emprendiendo varias actividades para fomentar el desarrollo turístico e industrial en la ciudad, sin embargo los controles extorsivos proyectan una imagen negativa de la región, genera hasta incluso temor a los extranjeros que visitan la zona, por lo que no quedó otro camino que accionar judicialmente”.
En la Patrulla Caminera aseguran que la presencia de los agentes es exclusivamente en la supercarretera, en inmediaciones de las oficinas de Itaipú o el acceso al Paraná Country Club, que no considera como zona urbana. Pero para la comuna es zona urbana desde el Paraná Country Club hasta el barrio Santa Rosa.
Aseguran que solo hacen su trabajo de prevención de accidentes. Se pide que las documentaciones del conductor y el vehículo estén en regla. Niegan que realicen controles extorsivos, tal como lo afirma el jefe comunal de Hernandarias.
La municipalidad de Ciudad del Este también había logrado una medida judicial que impedía que los agentes de la Policía Caminera realicen controles dentro del municipio. A diferencia de Hernandarias, la medida quedó firme y está vigente hasta la fecha.
Es decir la Caminera no puede realizar controles dentro del ejido urbano de la capital departamental. Es por eso que solo se realiza controles sobre la ruta internacional número VII, Gaspar Rodríguez de Francia, a partir del kilómetro 14, que es donde empieza el distrito de Minga Guazú.
Pero el año pasado, la intendenta Sandra McLeod firmó un acuerdo con la institución para que se realicen intervenciones sobre ruta VII, con el fin de eliminar las carreras clandestinas de motociclistas sobre la vía.
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