Un ciudadano español, que había adquirido una propiedad en pleno corazón de Ciudad del Este, estuvo a punto de perderla, producto de una rosca mafiosa, que estaría operando desde el mismo interior del poder judicial, según denunció su abogado, Víctor Alfredo Llamosas.
El caso fue llevado a juicio oral y público, que culminó el pasado 18 de setiembre de este año, donde fueron sentenciados el mismo dueño del terreno, su abogado y el jefe de una comisaría, quien se había apersonado hasta el lugar para constatar lo denunciado, hace 4 años atrás, cuando se desató el conflicto.
Todo comenzó cuando poco tiempo después de haber adquirido el valioso inmueble, el ciudadano español de nombre José María Carreño, se encontró con la sorpresa de que habían ingresado a su terreno, que está cerca de la terminal de ómnibus, que tiene una superficie de 2.400 metros cuadrados., cuyo valor actual de mercado sobrepasa los 500 mil dólares.
El afectado se llevó la mayor sorpresa cuando acudió hasta el sitio y encontró a una pareja, identificados como Agustín Guerreño e Elizabeth Ricardo de Guerreño. Estas dos personas le explicaron al ciudadano español que ingresaron al lugar por orden de Pablo David Ricardo, porque, supuestamente, éste sujeto era el propietario de la finca.
Ante esta situación presentada, Carreño a través de su abogado Víctor Alfredo Llamosas, denunció la invasión de su propiedad ante la fiscalía de turno, a cargo de la cuestionada fiscal Fátima Burró. Ésta libró oficio a la comisaría del barrio Obrero, pidiendo el acompañamiento del entonces jefe de la citada comisaría, Arístides Ferreira, a identificar a los ocupantes del lugar, apersonándose en el sitio para constatar los hechos, que efectivamente ocurrió.
Posteriormente, la contraparte del español, a través de los abogados Antero Prieto y Nidia Silvero presentaron ante la Unidad Fiscal de otra cuestionada representante del Ministerio Público, abogada Juliana Giménez, una denuncia, por “supuesta invasión de inmueble ajeno, coacción grave y simulación de hecho punible”, que curiosamente a este escrito, Giménez con otra colega de ese entonces, de nombre Graciela Ortiz de Villalba, le dieron un trámite severísimo, que no dejó de llamar la atención del abogado Llamosas, al tiempo de que la fiscal Burró desestimaba la denuncia del español, legítimo y único dueño del inmueble.
Traído de los pelos
El profesional Víctor Llamosas señaló que la acusación contra su defendido es “traído de los pelos”, ya que el mismo presentó el título original de su propiedad, que le acredita ser el único dueño del inmueble. Sin embargo, a la fiscal no le interesó los documentos arrimados y dio trámite a la denuncia de los abogados de la contraparte, dando crédito a unos contratos privados fraguados por “el grupo”, quienes manifestaron que ocupan la finca con “ánimo de dueño”, dando trámite a la denuncia falsa, hasta llegar al juicio oral y público, que culminó el pasado 18 de setiembre, pero que no quedó firme y ejecutoriada, porque los jueces Blas Francisco Cabriza, Marecos y Rojas (integrantes del tribunal de sentencia), hasta el viernes 25 de setiembre, a las 12 y 30 horas, que era el plazo establecido por ley, aun no firmaban la resolución, porque en el escrito se deslizaron groseros errores procesales, que impiden demostrar que el mismo propietario sea invasor de su propio inmueble, mucho menos que hayan actuado los acusados supuestamente con “coacción grave”, no pudiendo terminar de acomodar la sentencia, y este hecho acarrea la nulidad del juicio.
Juicio oral debe
quedar nulo
Al no quedar firme y ejecutoriada la resolución del pasado 18 de setiembre por el juez de sentencia en lo penal, Blas Cabriza, el juicio oral y público queda nulo y sin ningún valor jurídico, según explicó el abogado del español, Víctor Alfredo Llamosas.
Dijo que el magistrado tenía un plazo de 8 días para expedirse con la firma de la resolución de sentencia, y eso expiraba el pasado viernes 25 del mismo mes, a las 12 y 30 horas. Pero los miembros del Tribunal, presidido por el juez Cabriza, no se expidieron en el plazo establecido en la ley procesal penal sobre lo resuelto el pasado 18, donde fueron sentenciados a 2 años de pena, el propietario del inmueble, mientras que el comisario interviniente y el abogado defensor, a un año y ocho meses, todos con suspensión a prueba. “El juez Cabriza ingresó a un laberinto profundo y no sabe qué hacer, porque sentará toda una jurisprudencia, que se le esté condenando al propio dueño del inmueble, como invasor de su misma finca, con coacción grave” (sic).
Ahora bien, el pasado día viernes 25 de setiembre, el abogado Víctor Llamosas, compareció a la secretaría del Juzgado de ejecución y sentencia Nº. 2, a cargo de Blas Cabriza, para retirar y notificarse de la resolución recaída en el juicio caratulado: “M.P. c/ Aristides Pereira y otros, sobre invasión de inmueble ajeno, coacción grave y simulación de hecho punible”. Sin embargo. al no encontrarse con la resolución, pasada la hora establecida en la ley, solicitó la constancia al actuario, y este, en cumplimiento de la ley, preparó la constancia, y al momento de rubricar con el sello del juzgado, fue impedido por el magistrado Cabriza, interviniendo el abogado Llamosas, quien inclusive filmó al juez, haciéndole saber que siendo las 13 horas aún no estaba firmada la resolución, manifestando Cabriza que, “ la resolución se estaba firmando”, que no era igual a “ya se firmó”. Ante esta situación presentada, el defensor del español exigió al actuario la constancia, que finalmente obtuvo, sin antes el Juez haber llamado a la policía, “armando un teatro y demostrando que el magistrado, desde todo punto de vista actuó al margen de las disposiciones legales establecidas en el artículo 399 del Código Procesal Penal Paraguayo, por lo que está expuesto a una denuncia ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, por “mal desempeño de funciones”, y lo que justamente encaminarán, adelantó. El juez no cumplió con los 5 días de plazo perentorio, establecido en la ley para dejar firme la resolución.
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