Quedó patentizado que a la actual intendenta de Ciudad del Este, definitivamente, le gusta convivir en medio de la corrupción. A pesar de las reiteradas denuncias efectuadas en contra de algunas dependencias de la institución, la misma hasta hoy se ha mostrado indiferente, y lejos de tomar algunas medidas punitivas, se dedicó a otorgar impunidad a altos funcionarios de la comuna.
Las irregularidades no cesan en el segundo municipio más importante de la República. Diariamente aparecen personas, cercanas al clan, salpicadas en hechos ilícitos. Esta es una moneda corriente, que ya no asombra ni a la propia ciudadanía, porque se tornó una rutina.
Las autoridades comunales han demostrado muy poco interés en buscar transparentar la institución. Cada dependencia de la municipalidad pareciera que tiene carta blanca para hacer lo que se le antoja, sin que exista un control de gestión sobre los diferentes funcionarios, que ocupan cargos gerenciales.
Un ejemplo bien visible, es el departamento de Tránsito, a cuyo frente se encuentra el polémico y cuestionado ex militar, Carlos Florenciáñez, quien cuenta en un pelotón de policías municipales, dedicados exclusivamente a “recaudar” para la corona. Este medio, la semana pasada, publicó una lista parcial de los nombres que realizan dicha tarea.
Sandra McLeod, a pesar de las evidencias, ignora la galopante corrupción existente en una de las dependencias más importantes de la institución a su cargo. Es más, lejos de castigar a los responsables de apañar los ilícitos, curiosamente premió años atrás a Florenciáñez, al reponerle en el cargo, luego de ser destituido por mal desempeño en sus funciones, por ella misma (sic).
Con este tipo de comportamiento de la máxima autoridad municipal, queda evidenciada la poca voluntad política que tiene en transparentar su gestión. El clan Zacarías siempre se jactó de una administración “honesta y transparente”. Sin embargo, en la realidad no se observa tales cosas. Al contrario, cuando aparecen cuestionamientos a la administración, nadie pone la cara, buscando aclarar ciertas dudas que se plantean ante la opinión pública.
Esto, indudablemente, lleva a la población en ir perdiendo confianza en sus autoridades. De este mismo fenómeno, desde un tiempo atrás, padece el clan Zacarías, donde hace más de una década, maneja como un negocio particular la segunda mayor municipalidad del país. Y por si esto fuera poco, a través de chicana jurídica, siempre impidió que la Contraloría General de la República (CGR) ingrese a la comuna paranaense a efectuar su trabajo.
La corrupción se ha vuelto impermeable en la municipalidad paranaense, porque cuenta con una capa muy dura, difícil de perforar. Mientras este clan siga administrando el municipio esteño, las irregularidades seguirán gozando de muy buena salud.
Es hora de poner fin al descalabro comunal. El pueblo se merece respeto, ya no debe tolerar el manoseo constante del que es objeto por parte de sus autoridades. Los Zacarías, que han perdido credibilidad en los últimos tiempos, y eso ya se transmite en el descontento del sector popular de esta zona fronteriza del país. En síntesis, el clan está muy apegado a los ilícitos.





























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