Según fuente de su mismo entorno familiar, la intendenta Sandra McLeod de Zacarías, intendenta de Ciudad del Este, habría entrado en una profunda depresión, que le impidió concurrir a su despacho hace más de 15 días.
El motivo principal de este problema de salud sería la serie de denuncias de corrupción que viene impulsando un vasto sector de la ciudadanía contra su actual gestión.
A esto se suma la presión de un grupo de parlamentarios, que desea investigar la administración del clan Zacarías, que desde el 2001 maneja un secretismo de Estado, sin que los organismos de control, como la Contraloría General de la República (CGR) puedan realizar una auditoría en la comuna paranaense.
De acuerdo a los datos, la jefa comunal estaría muy preocupada por la situación que envuelve a su gestión, tomando en cuenta que existen documentos y pruebas fehacientes que comprometen seriamente a ella y a su marido, Javier Zacarías Irún, en el despilfarro del dinero público.
Sandra McLeod -siempre en base a datos fiables de su entorno familiar- dejó de aparecer en la municipalidad, permaneciendo más tiempo en su residencia. Incluso algunos detractores especularon, principalmente en las redes sociales, que podría renunciar al cargo.
La presión que ejerce la ciudadanía con apoyo de varios senadores y diputados pone entre la espada y la pared al clan Zacarías, donde una eventual investigación o intervención de la comuna esteña no va a resistir mucho tiempo para desenmascarar la galopante corrupción que se viene practicando en la citada institución, desde hace 13 años.
Sandra McLeod de Zacarías es consciente de esta realidad, porque si se demuestra sus responsabilidades en las irregularidades administrativas puede ir a parar a la cárcel, como también Javier Zacarías Irún, quien fue por un periodo y medio intendente del segundo municipio más importante de la República.
No es cosa menor lo que le espera a la pareja Zacarías, que tarde o temprano deberá rendir cuentas de sus actos. Pareciera que se le va acabando la impunidad al clan y eso genera malestar entre las autoridades municipales, que jamás podrán justificar los millones y millones de despilfarro realizado con el dinero de los contribuyentes, del Estado y de la Itaipú Binacional.
Hoy la pareja Zacarías es acaudalada, a pesar de que no existe historia de vida, de que Javier haya trabajado en la profesión de abogado, como tampoco su esposa, que es contadora, cuya oficina funciona en el edificio Cosmopolitan. La población esteña está decidida a llevar una lucha hasta que se intervenga la municipalidad de Ciudad del Este, para desentrañar 13 años de misterio, sostuvo uno de los principales responsables del Frente Ciudadano, el abogado Crecencio Molinas.
La versión de que haya caído en una depresión no deja de ser cierta, porque la intendenta se llamó a un absoluto silencio y dejó de hablar en la “prensa amiga”, así como le tiene acostumbrada a la ciudadanía (sic).
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