Los carperos de Ñacunday cumplen un año de haber sido traslados hasta la colonia Santa Lucía, distrito de Itakyry, departamento de Alto Paraná. Si bien registra importantes cambios desde que medio millar de familias fueron ubicadas en el lugar, la posesión de los lotes agrícolas aún está pendiente.
El Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) encabeza un trabajo interinstitucional del que forman parte más de 15 instituciones públicas que trabajan para la construcción de infraestructura en el lugar.
Las tierras que hoy forman la colonia estaban ocupadas por grandes productores empresariales no sujetos de la reforma agraria. Orden judicial mediante, el Indert recuperó la posesión de la antigua colonia y destinó las parcelas a los verdaderos beneficiarios del Estatuto Agrario, en medio de muchos problemas, incluido episodios de extrema violencia, precisamente por la lentitud del ente agrario en las mediciones de las tierras a ser distribuidas.
Actualmente, en el centro urbano, los nuevos colonos cuentan con 105 viviendas prefabricadas, construidas por la Secretaría Nacional del Hábitat y la Vivienda (Senavitat). Además, se encuentra en su fase inicial la segunda etapa de construcción de otras 205 casas, con lo que 310 familias podrán contar con sus modernas viviendas antes de fin de año.
Los nuevos colonos producen desde hace meses varios rubros de consumo familiar, como poroto, mandioca, zapallo, cebolla y otros.
Otros logros resaltantes son el empedrado de las calles internas en el casco urbano, para la interconexión con el camino que conduce a la vecina localidad de Laureles, ampliación del local escolar, aumentando la capacidad a 600 alumnos desde el pre-escolar hasta el noveno grado, servicio de transporte escolar gratuito, asistencia técnica y crediticia para la producción de rubros de consumo y de renta, además del servicio de agua potable, electricidad y asistencia médico-odontológica en el puesto de salud, en etapa de ampliación.
“Es notable el cambio en la vida de la gente, desde que hace un año nos mudamos aquí”, reconoció el presidente de la Comisión Vecinal Santa Lucía, Juan Noguera.
“Este es el modelo que debe extenderse en el campo: la recuperación de las tierras del Estado destinadas a los sectores campesinos necesitados, pero que se encuentran en manos de empresarios no sujetos de la ley”, remarcó.
Informó que el moderno invernadero para productos frutihortícolas de Santa Lucía, mediante el aporte del Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) y el asesoramiento técnico del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), ayudará en la consolidación de importantes fuentes de trabajo en el lugar.
El objetivo es que el vivero ayude a producir tomates y otros rubros hortícolas en cantidad suficiente para satisfacer el mercado regional, a corto plazo.
Dentro del programa productivo, el proyecto incluye, además, la habilitación de un gallinero, una porqueriza, y entrega de maquinarias e implementos agrícolas (tractor, fumigadora y sembradora).
Inicialmente, el programa piloto de producción sustentable y sostenida en Santa Lucía beneficiará directamente a 120 familias campesinas.
Por otro lado, varios de los antiguos ocupantes de las tierras sometidas a la producción extensiva mecanizada interpusieron acciones judiciales para seguir utilizando los lotes.
Esta situación impide que el ente rural complete la entrega de las parcelas a los nuevos colonos, para dedicarse a la producción de renta. Los asesores jurídicos del instituto continúan el litigio caso por caso, para destrabar el impase y así cerrar el círculo de reivindicación de las familias compatriotas.
Se trata de 78 familias que a pesar de contar con sus respectivos certificados de ocupación expedidos por el Indert, no pueden acceder a sus lotes agrícolas. Hasta ahora se entregaron 335 certificados de ocupación, que corresponden al 85% de los beneficiarios censados.
El ente rural está llevando adelante un proceso de depuración, por segunda vez, de su lista de beneficiarios de lotes en la colonia Santa Lucía. En principio, figuraban 570 familias en el censo de los trasladados desde Ñacunday a la colonia. Luego, se depuró la lista de beneficiarios, quedando en 392 familias, excluyendo a varios especuladores.
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