Nueve senadores pertenecientes al Frente Guasu, PDP y otros presentaron, la semana pasada, una acción de inconstitucionalidad contra la Ley 5121/13 de Alianza Público-Privada (APP), ante la Corte Suprema de Justicia, según declaró la senadora Desirée Masi. El escrito cuestiona los artículos 3°, 6°, 41° y 52°, de la citada ley. Este último, da facultades extraordinarias al Poder Ejecutivo en detrimento del Congreso Nacional, según los legisladores.
El artículo 52°, referente a la autorización legislativa al Poder Ejecutivo, dice que “se autoriza a las administraciones contratantes a estructurar, seleccionar, adjudicar y celebrar los contratos respectivos en los términos establecidos por la presente ley” y agrega que el Poder Ejecutivo queda expresamente facultado a determinar, detallar y precisar los términos, contenido, condiciones y características de los proyectos específicos a ser ejecutados.
Según los legisladores del Frente Guasu, con esta autorización el Congreso cede facultades al Poder Ejecutivo y esto es inconstitucional.
El senador Héctor Richer explicó que para presentar una inconstitucional alguien tiene que verse afectado, no puede presentar cualquiera. “Los senadores creemos que hay una violación constitucional, en el sentido de que hay una atribución constitucional del Congreso que está violada. Decimos que hay una concesión encubierta y que da todo la atribución al Ejecutivo. Creemos que nuestros derechos están siendo violados, por eso presentamos”, insistió. El senador Sixto Pereira, por su parte, sostuvo que las atribuciones de los parlamentarios está violentada. “Nuestra función, en cualquier tratamiento de proyectos de ley que afecta la soberanía, patrimonio, recursos naturales, obras importantes es competencia del Congreso tratar caso por caso, y en ese sentido esta ley aprobada y sancionada lo único que hace es delegar lo que corresponde al Congreso, es decir, aceptar o rechazar”. Agregó que no hay un equilibrio de poderes, se violenta el derecho de los parlamentarios, al delegar al presidente “todas la facultades para la privatización disfrazada, por eso recurrimos al pedido de inconstitucionalidad”. Al tiempo de señalar que las concesiones bajo la ley de APP se harán por 30 a 40 años, esperan que haya una respuesta rápida de la Corte al pedido de los parlamentarios opositores.
Los de Frente Guasu esperan la derogación de la ley y la restitución del rol del congreso. Sostienen que la nueva legislación no se pude aplicar hasta que no se resuelva el caso por la Justicia. La probación de la Ley de APP es una de las principales apuestas del gobierno del presidente Horacio Cartes. El objetivo es la atracción de inversiones millonarias para el sector de infraestructuras. Hasta el momento muchas empresas extranjeras ya manifestaron su interés de participar en los proyectos a ser encarados bajo el amparo de la Ley 5102.
FG y Unace actúan como bloque
Hasta el momento, los únicos sectores que mantienen una postura unificada de bancada en el Senado son el Frente Guasu y el Unace.
La bancada liderada por Carlos Filizzola está conformada además por Sixto Pereira, Fernando Lugo, Esperanza Martínez y Hugo Richer.
El hecho que actúen de forma uniforme no significa que no tengan diferencias, sino que tratan de dirimirlas mediante un consenso, que si no se logra, termina en votación.
A modo de ejemplo, en el caso del desafuero de Víctor Bogado, trascendió que al interior de la bancada en el momento de la definición, Pereira y Richer votaron a favor, mientras que Lugo y Martínez en contra, y se abstuvo Filizzola. Finalmente, todo el bloque unido apoyó que se investigue al colorado.
El Unace, desde su ingreso al Parlamento, siempre actuó en forma unificada, convirtiéndose en muchas situaciones en la “niña bonita” para la definición de algunos temas. Para este periodo fueron electos solamente dos senadores: Jorge Oviedo Matto y José Manuel Bóbeda.
Ambos ya comprometieron su apoyo incondicional a la bancada B de 12 colorados.
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