Escribe: Luis Alen.
El presidente Marito Abdo confirmó la extensión de la cuarentena por una semana más, pero ya arriesga una consecuencia peor que la crisis sanitaria, como es el posible ingreso de la economía en “terapia intensiva”, si es que a partir de mayo no se adoptan las estrictas medidas de profilaxis ante el coronavirus junto a aquellas acciones destinadas a precautelar la vuelta al equilibrio económico, con el fin de prevenir un colapso social.
Para evitar el desastre sanitario, el Gobierno tuvo que paralizar el país a partir del 11 de marzo, por lo que ya llevamos más de un mes de una situación inédita en la economía, al ser priorizada la salud de la población en una medida acertada de las autoridades nacionales que dio buenos resultados al contener una virulencia de la pandemia que hubiera puesto a los servicios de salud en una difícil encrucijada.
La crisis del coronavirus no aparenta ser pasajera, sino que se extendería por varios meses e incluso se advierte en los círculos científicos que el virus llegó para quedarse con sus severos síntomas en algunos casos, pero con la posibilidad que la mayor parte de la población se inmunice sin mayores complicaciones, hasta tanto se neutralice al patógeno con una vacuna aún no disponible.
De allí que lo apropiado en esta coyuntura totalmente imprevista, es una planificación que combine las medidas sanitarias de contingencia para evitar la saturación de los servicios hospitalarios, con una gradual recuperación de la actividad económica.
Una crisis inédita
El Gobierno paraguayo, como el resto del mundo, se enfrenta al reto de acudir en auxilio de los afectados por la parálisis productiva, con el agregado del peligro de afrontar una posible catástrofe en la economía, con recesión, desempleo y creciente pobreza extrema.
El paliativo momentáneo de asistir a sectores más carenciados de la población con urgentes provisiones y hasta dinero en efectivo, será una constante a partir de ahora hasta que la economía comience a recuperarse, por lo que el Estado deberá prever recursos extraordinarios procedentes del crédito interno y externo, con el fin de atajar una segura explosión social en el caso que aparezcan el hambre y se exacerben los azotes clásicos de la exclusión.
Lo que viene a partir de ahora es la perentoria tarea de confeccionar un plan que permita la reactivación económica, con el fin de cubrir los gastos del Estado que van a crecer en forma exponencial para atender la urgencia social.
Así como hasta ahora no se sabe cómo tratar al virus o erradicarlo, la emergencia sanitaria transformada en crisis económica produce escalofríos entre los economistas en todo el mundo, empeñados en buscar el punto de equilibrio que permita domar al coronavirus, en simultáneo con los planes de mitigación de los efectos dañinos contra el equilibrio de las fuerzas del mercado, provocados por las medidas de confinamiento de la fuerza de trabajo.
Un primer dato es que las autoridades económicas como Hacienda y el Banco Central se han visto obligados a financiar el parón económico con recursos del orden de US$ 1.600 millones por medio de la Ley de Emergencia Sanitaria, con vistas a los planes sociales de contención y mitigación, asistiendo a hogares y empresas afectados por la pandemia. Un objetivo adicional es evitar que haya muchos despidos, que a medida que se alarga el aislamiento de las personas se hace cada vez más difícil de atajar.
Aquí se produce una situación complicada, no prevista en la teoría económica, porque se propicia una demanda agregada sin contrapartida en la oferta agregada. Es decir, se está poniendo dinero en manos de la gente inactiva por la cuarentena, que a su vez no está yendo al trabajo para producir bienes y servicios, que son los que mantienen en vigencia a las empresas y al empleo. Resulta así un verdadero círculo vicioso propiciador de un desequilibrio severo en la economía.
Con una cuarentena prolongada como la que vivimos y con la fuerza de trabajo encerrada en sus casas en su mayoría, se hace muy complicado un nuevo equilibrio entre la oferta y la demanda, con la consecuencia funesta de posibles presiones sobre el nivel de precios, o, lo que es peor, de una combinación de inflación, recesión y desempleo, que pondría en difícil coyuntura tanto al balance fiscal como a la misma balanza de pagos del país.
Por todo lo expuesto, al Gobierno de Marito no le cabe otra opción que la vuelta a la actividad económica de forma gradual a partir de mayo, controlando siempre que no se dispare la epidemia mediante protocolos estrictos de higiene y prohibición de aglomeraciones.
Esta retomada escalonada de la producción se presenta imprescindible para volver al equilibrio económico de mercado ente la demanda y la oferta, como también para poder financiar los planes sociales de contingencia destinados a atender las urgentes necesidades primarias de la población pobre más afectada por la paralización de la economía, que son los sectores informales en su mayoría.
Capítulo aparte constituye el problema del comercio de frontera, como el de Ciudad del Este, debiendo ser reabierto el Puente de la Amistad para los brasileños pero con estrictos controles y rigurosos requisitos de profilaxis sanitaria, pero sólo una vez que en el país vecino se haya comprobado la sostenida reducción de los casos de covid-19.
La cuarentena ha sido beneficiosa para permitir un respiro al sistema sanitario, lo que se cumplió con resultados alentadores. Ahora hay que permitir que también la economía se estabilice gradualmente y se evite que vaya a un terrible descalabro por la falta de actividad de la fuerza laboral.
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