Escribe: Luis Alen.
La pregunta obligada del momento que viven las relaciones entre Paraguay y Argentina es qué criterios utiliza el Gobierno de Horacio Cartes para negociar con su par de Cristina Kirchner temas muy delicados e importantes como la cogestión en Yacyretá o la libre navegación de los ríos Paraguay y Paraná.
El interrogante surge porque en poco menos de una semana, entre el 12 y el 18 de noviembre pasado, se ha notado una sospechosa actitud “entreguista” de la política exterior paraguaya que no tiene ninguna explicación lógica y menos aún cuando están en juego los altos intereses de la nación, que se hallan por encima de cualquier interés particular o de grupos.
Es que la alta conveniencia nacional requiere abordar los temas de negociación como un conjunto y no como compartimientos estancos. En la relación con la Argentina ocurre lo último, ya que el gobierno cartista sólo firma aquí en Asunción o en Buenos Aires, aparentemente lo que le gusta a Cristina.
Y la consecuencia está a la vista: de nuevo el líder sindical marítimo argentino Omar “Caballo” Suárez arrecia con sus chantajes a los armadores paraguayos, afectando la libre navegación de los ríos con sus inicuas exigencias personales, evidentemente con el solapado apoyo de la presidenta argentina y su gobierno.
Suárez ordenó un “trabajo a reglamento” de sus asociados, porque soporta en la Justicia argentina un proceso, precisamente por impedir la libre navegación, debido a que los propios armadores argentinos están hartos de él y de la política kirchnerista en la hidrovía.
Lo lamentable es que las trabas afectan mayoritariamente a los convoyes paraguayos, ya que la flota que navega por la hidrovía Paraguay-Paraná tiene en más del 80 por ciento la bandera nacional.
La culpa ya es del
Gobierno paraguayo
Como producto de malas negociaciones con la Argentina, los armadores paraguayos deben ahora soportar la continuidad de los desplantes del líder sindical marítimo del vecino país. Llamativamente, como se dio en el caso de Yacyretá, también en la Hidrovía el Gobierno de Horacio Cartes realizó concesiones a su par argentina Cristina Kirchner sin exigirle la garantía de que aplique de una vez por todas la libre navegación en los ríos internacionales Paraguay y Paraná.
Como muestra de la actitud entreguista, el 18 de noviembre el Gobierno de HC dictó el decreto Nº 2.611, que introduce en la legislación nacional las reglamentaciones de la Hidrovía Paraguay-Paraná, adoptadas por las cinco naciones miembros: Brasil, Argentina, Bolivia, Paraguay y Uruguay.
Hasta ahí todo bien, pero Cartes lo hace en forma unilateral sin exigir la contrapartida argentina de adoptar la misma internalización de las normas de la Hidrovía, que precisamente consagran la libre navegación de las aguas internacionales y una administración del curso hídrico que evitaría las trabas argentinas a la salida de nuestros productos hacia el mar.
Se llega al extremo de que el Paraguay cumple con las normas del Tratado de la Hidrovía, y el Gobierno de Buenos Aires se da el lujo de aprovechar esta adecuación paraguaya a la libertad de navegación, mientras sigue aplicando en el territorio argentino su propia legislación, que resulta contraria de lejos a la más conveniente del tratado internacional.
Así, el chantaje de Suárez y de su sindicato sigue tan campante, aprovechándose de la continuidad de los reglamentos aplicados por el gobierno argentino en la Hidrovía, al margen de lo que dispone el tratado internacional que rige la estratégica vía fluvial.
Surge inmediatamente la pregunta de si el Gobierno paraguayo sabe que en las negociaciones internacionales se deben tomar decisiones sólo en la medida en que la contraparte, en este caso la Argentina, otorga también las mismas satisfacciones.
La “entrega” sospechosa en Yacyretá
En forma harto sospechosa y llamativa, tanto por el decreto de la Hidrovía del 18 de noviembre, como por lo firmado con respecto a Yacyretá el 12 del mismo mes, salta a la vista que el Gobierno de Cartes, o hace sólo lo que desea Buenos Aires, o, simplemente, carece de una visión de conjunto de los altos intereses nacionales en la relación con el vecino país.
El 12 de noviembre, el canciller nacional Eladio Loizaga firmó una nota reversal para Yacyretá en la que se deja de lado el sistema de cogestión ya previsto en el tratado de 1973 y se adopta un nuevo régimen de gobierno de la entidad binacional por el que, en forma irracional, el Paraguay sale perdiendo nada menos que la soberanía sobre el 50 por ciento de la energía que le corresponde en la usina según lo firmado hace 40 años.
Para Loizaga y el gobierno de HC hubo en la negociación por la cogestión en la EBY un “logro histórico”, pero sólo favorable para la Argentina, que “compra” -para llamar de alguna forma una operación de venta totalmente desventajosa para el Paraguay- el 90 por ciento de la energía generada por la represa.
La nueva nota reversal, que deberá ser rechazada por el Senado, estatuye que cada director deberá informar sólo a su gobierno sobre la operación en base a la cantidad consumida realmente. Obviamente, Argentina consume el 90 por ciento y el gobierno paraguayo será así un simple observador, como de hecho ha sido hasta hoy.
Lo peor del caso es que el mismo canciller explicó que este acuerdo ya fue adoptado por Horacio Cartes y Cristina Kirchner en ocasión de la visita de ésta última a Asunción en agosto pasado.
La virtual entrega de la administración total de Yacyretá a la Argentina, sin haber siquiera aclarado el problema de una deuda “fabricada” por los argentinos, lleva a la pregunta de por qué se toman decisiones tan ligeras en el Gobierno paraguayo en las relaciones con Buenos Aires que a la larga serán perjudiciales para los altos intereses nacionales.
Las consecuencias en la Hidrovía están ahora mismo a la vista. En Yacyretá ya se tiene un historial de 40 años de despojo y de administración unilateral argentina. Y eso que todavía falta ver qué hará el Gobierno con respecto a la planta nuclear de Formosa o en la ya casi olvidada cuestión del desvío del río Pilcomayo.
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