Escribe: Luis Alen.
El informe de gestión de Marito Abdo, previsto en la Constitución y que tuvo lugar el lunes 1 de julio, coincidió también con su reafirmación de la inexistencia del tan buscado “pacto de impunidad” por parte del cartismo, en su primera entrevista televisiva otorgada a un canal nacional, la noche del domingo pasado.
Sin embargo, la realidad le está desmintiendo al presidente de alguna forma, porque aquí se aplica muy bien aquello de que “del dicho al hecho hay mucho trecho”, ya que él mismo insinuó en su evaluación de los casi un año de gestión que los corruptos deberán ser objeto de sanción en una Justicia que tarda en adecuarse a la exigencia clave de la ciudadanía, que es la necesidad urgente de una mejor institucionalidad en la República.
Es evidente que el Jefe de Estado trata de centrar el éxito de su gestión en crear las condiciones para que la inversión pública incentive la inversión privada para revertir la tendencia a la desaceleración económica actual, pero este cometido no sería suficiente en la medida en que también debe incentivarse el factor confianza, que es la base para reimpulsar una economía, por más que ésta dependa también de los elementos exógenos.
Y un pilar fundamental de toda planificación estatal tiene que ser la certeza de que en el país funciona la seguridad jurídica, otorgando previsibilidad a los agentes económicos, en el sentido que el Estado se rige por la ley y no por los avatares del poder de turno.
Una demostración de que no hay resultados concretos contra la impunidad de los políticos, es que ninguno de éstos hasta ahora cuenta con una condena firme, salvo la del defenestrado senador Víctor Bogado, quien de paso sólo tuvo una sanción simbólica.
La debilidad de Marito
Por más que Mario Abdo Benítez haya asegurado que el acuerdo por las mesas directivas del Congreso no desembocarán en el tan mentado “pacto de impunidad”, hay un hecho innegable: la notoria merma del poder presidencial mientras se consolida el papel del expresidente Horacio Cartes como el factor esencial para la “paz partidaria” en la ANR, con lo cual se está dando el mensaje de hacia dónde se inclina el factor de equilibrio en la balanza del poder, en una señal inequívoca para indicar el camino a seguir a los actores de la institucionalidad.
Es así como se confirma el “criterio político” para fiscales y jueces que deben procesar y castigar finalmente los hechos de corrupción de los políticos, quienes son los primeros que tratan precisamente de eludir las sanciones.
El veto de Marito a la ley de autoblindaje de los legisladores puede ser una indicación formidable del compromiso presidencial por la Constitución, pero también resulta insuficiente para desmentir que el pacto abdocartollanista no se erigirá en un murallón para las investigaciones contra la corrupción de la era HC.
Es el caso mismo del resonante fracaso de la comisión bicameral sobre lavado de dinero en el caso Messer o de la pretendida investigación, también en el Congreso, sobre el tema Metrobús, que le deben indefectiblemente alcanzar a Cartes y a su equipo de gerentes.
En definitiva, el pacto político le podría significar al presidente una tranca feroz para cumplir con su objetivo declarado en el mensaje al Congreso, de los planes puestos en ejecución para dinamizar la economía y de paso crear las condiciones para un desarrollo social de largo plazo, con la anunciada inyección de US$ 1.500 millones.
Eso ocurriría si es que, en efecto, por la “paz partidaria” se dejan en “stand by” los procesos de mejora en el gasto público, como sería el caso de cortar los aumentazos de salarios en el funcionariado público o las jubilaciones “vip” que ponen en peligro el equilibrio fiscal y macroeconómico.
Si bien Marito también desmintió que el juramento de Horacio como senador esté incluido en el pacto, lo cierto es que la debilidad del presidente estriba en que está supeditado más que nunca a la agenda marcada por HC, después que durante el primer año de gestión el abdismo prácticamente ha fracasado para afirmarse como poder alternativo al cartismo, al no haber conseguido avanzar en las investigaciones sobre los hechos de corrupción en el gobierno anterior.
En la medida en que se acerquen las elecciones internas y las municipales del año que viene, con mayor razón el cartismo podría dejar de apoyar aquellas medidas que propicien el éxito del gobierno de Marito, presentándose como una alternativa de poder válida tanto en 2020 como con vistas al recambio de 2023.
La deuda con la sociedad
El hecho cierto es que ya en la largada del proceso político actual del pacto de no agresión con ayuda del llanismo liberal, el gobierno de Abdo quedó evidentemente en deuda con la sociedad y con los electores que confiaron en él en las pasadas elecciones, porque directamente corre el riesgo de quedar enlodado en la misma ciénaga de las corrupciones del poder cartista, dejadas sin resolver, como el caso IPS que le tiene como protagonista y responsable directo al actual ministro de Hacienda, Benigno López, hermano del jefe de Estado.
Las corruptelas en el IPS durante la era HC, que siguen sin ser aclaradas ni sancionadas por el Ejecutivo actual, le tienen a Benigno como principal artífice y responsable, pero, mientras tanto, Marito le mantiene a su hermano en el puesto de Hacienda, con lo cual se le arma el dilema de hierro de, eventualmente, tener que prescindir de un miembro clave de su gabinete. Lo tendrá que hacer llegado el caso si se avanzan en las investigaciones, por más que sea su hermano el nexo esencial con el cartismo y el equipo de gerentes que siguen comandando la estrategia del “poder en la sombra” que, de hecho, ejerce Cartes con el actual “pacto de no agresión”.
De allí que Marito, aunque se sienta más cómodo ahora por la cooperación cartista en el Parlamento, no puede estar tranquilo para superar con esta alianza los enormes desafíos que le plantea su lucha contra la delincuencia, el crimen organizado, la inseguridad, el lavado de dinero, el contrabando y la corrupción propiciada por la clase política.
Y es lo que, lamentablemente, produce una figura deslucida del presidente ante la sociedad, ya que en su mismo discurso el jefe de Estado obvió presentar un balance completo del compromiso asumido cuando tomó posesión del cargo, acerca del “caiga quien caiga” en la lucha contra la impunidad.
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