Escribe: Luis Alen.
Sin un plan de recuperación de la economía, con la necesaria apertura del comercio fronterizo que incluya la habilitación del puente CDE-Foz, no se podrá pagar el costo de la crisis provocada por la pandemia y menos aún desarrollar un programa de contingencia para sobrellevar la crisis social.
El Gobierno trata de convencer a sus socios cartistas y a la oposición acerca del inevitable requerimiento de contratar más créditos externos, con bicicleteo de la deuda incluido, como un oxígeno consistente en un adicional de casi US$ 1.000 millones a lo ya autorizado de US$ 1.600 millones en marzo pasado en el marco de la Ley de Emergencia Sanitaria.
Pero ensanchar la deuda sin un plan de relanzamiento económico y de cobertura asegurada del servicio de repago de las obligaciones estatales en el futuro cercano, resulta una aventura con final imprevisible.
Porque hasta el momento todo el peso de la crisis se ha volcado sobre las espaldas del pueblo de menores ingresos y de las empresas públicas, que como la ANDE están prácticamente en terapia intensiva como el afectado principal de la pandemia.
Se debe advertir que, por el contrario, el pago de la crisis de los próximos años tendrá que sobrevenir en gran parte con la recuperación económica y de un nuevo esquema tributario progresivo en el que también contribuyan quienes tienen más ingresos y ganancias en sus negocios, por medio del Impuesto a la Renta Empresarial (IRE). No como ahora, en que quien sobrelleva gran parte de la carga tributaria es la población en general a través del IVA.
El déficit público de 7 por ciento del PIB, que sobrepasa con creces los niveles razonables establecidos por la ley de responsabilidad fiscal, con una deuda externa que llega a casi 11 mil millones de dólares equivalente al 31 por ciento del Producto Interno Bruto y superando ya el saldo de las reservas internacionales del Banco Central de US$ 9 mil millones, son cifras alarmantes que obligan a reformular el sistema de contribución al desarrollo de los sectores más beneficiados con el régimen de acumulación del capital en el país, evitando que sean los más vulnerables los que carguen con el principal costo de la crisis.
Por ello, el plan de salvataje con nuevo endeudamiento tendrá que estar acompañado necesariamente de un pacto político que garantice el impulso económico con protección social. Y esto sólo se logrará con un gran acuerdo nacional entre Gobierno, la ANR y los partidos de oposición, así como de las demás fuerzas empresariales y sociales.
Un barco sin rumbo
La crisis provocada por el virus patógeno ha puesto en evidencia un Gobierno incapaz de asumir su rol protagónico para reencauzar la economía nacional. Por si todo esto fuera poco, su incapacidad lo lleva a subordinar todo su andar al pacto de impunidad con el cartismo, al que trata de complicar con el nuevo endeudamiento, pero sin tomar las medidas orientadas a la reactivación económica con protección social. Lo confirma, como dato más preocupante, la grave situación del Alto Paraná y de las demás zonas fronterizas al borde del estallido social.
Es como un barco sin rumbo, porque el vendaval que lo zarandea exige que el timonel tome los recaudos para enfrentar la tormenta y no refugiarse sólo en un planteo de nave al garete.
A la par de la expansión galopante del virus por el país tras cinco meses de conmoción por el quiebre de la actividad productiva, el presidente Marito Abdo y su equipo no pudieron hasta ahora acelerar el proceso de reformas en el Estado, que ya se percibe muy incompleto para volver a poner en movimiento la economía, pero más aún con el objetivo de hacer frente a las extremas vulnerabilidades de la población en términos de salud, educación y calidad de vida.
Por de pronto, el jefe de Estado se ha mostrado timorato a la hora de constituirse en líder de la salvación nacional, a pesar de que aún le restan tres años de gestión. Al contrario, en forma desesperada tuvo que asirse del saco del expresidente Horacio Cartes para salvar su propio pellejo, lo que habla a las claras de una increíble falta de sintonía con las prioridades que en estos momentos deben presidir la actuación política.
De que Marito puede estar empeñando hasta su lapicera lo demuestra el hecho de la línea que se le quiere bajar desde las bases coloradas motorizadas por la operación “Cicatriz”, cuando el consejo nacional de seccionales coloradas le exige dar curso a las intervenciones a las administraciones municipales de las principales ciudades fronterizas, copadas por la oposición.
El presidente niega que esté sometido a esta presión y aduce que con las municipalidades opositoras se sigue trabajando en coordinación, pero la realidad demuestra que hace rato se viene conspirando contra los municipios “rebeldes” como el caso de Ciudad del Este, en donde coincidentemente se ha visto el rostro más desencajado de la crisis sanitaria, económica y social que afecta a la nación.
Más que nunca el Gobierno debe evitar las confrontaciones con la oposición y agotar los recursos para salir de la crisis, comenzando por las ciudades de frontera, que son las más golpeadas no sólo por el virus sino por la crisis socio-económica.
Marito debe poner todo su empeño en llevar a cabo el plan de impulso económico con las reformas del Estado y de los sistemas de protección social. Pero con el apoyo de la oposición y sin el pacto de impunidad con el cartismo.
Son siempre insuficientes las medidas de subsidios a las familias, los aplazamientos de pagos tributarios, los incentivos crediticios para ayudar a las empresas y hasta los tímidos recortes de gastos superfluos o de salarios de la numerosa burocracia estatal, si es que no se toman las medidas de fondo para permitir la retomada de la actividad económica, como sería el caso de una ordenada y gradual reapertura de las fronteras.
Economía y salud juntas
La liberación del puente de la Amistad con las medidas sanitarias de riguroso cumplimiento, es una necesidad apremiante para reactivar la economía de CDE y de todo el país. Pero llama la atención la carencia de un apoyo decisivo del Gobierno nacional para el efecto, lo que se trasunta en la falta de acuerdo sobre las exoneraciones impositivas a establecer para los empresarios de frontera, entre los dirigentes empresariales de Asunción, tanto de la Unión Industrial como del Centro de Importadores, contrariando la posición de los comerciantes de Ciudad del Este, Salto del Guairá, Pedro Juan Caballero y Encarnación.
Sigue así obcecado el Ejecutivo en su percepción falsa de dilatar la reactivación comercial de la frontera pretextando la emergencia de salud, cuando tuvo todo el tiempo del mundo para fortalecer las terapias y la atención sanitaria, y no lo hizo.
Hubiera sido muy diferente la situación si es que Marito adoptaba el lema de “Salud y economía deben caminar juntas”, ya en abril pasado, cuando estaba en vigencia la estricta cuarentena, tomase las medidas destinadas a reforzar la infraestructura sanitaria en coincidencia con la gradual reapertura de las actividades fronterizas legales, y evitar de paso lo que ocurre ahora, en que la pandemia se agrava sin que se haya incrementado sustancialmente la capacidad de atención hospitalaria del país ni la posibilidad de generación de ingresos económicos de la población.
Por lo visto, el presidente y su gabinete se acostaron a dormir la siesta arropados por el nefasto “operativo cicatrizador” de inspiración cartista, mientras la frontera estaba librada a su suerte y a la acción del contrabando, que ha sido una de las fuentes de ingreso masivo del virus desde el Brasil.
Pero a pesar de la impericia para enfrentar al coronavirus y a las corruptelas descubiertas en los equipamientos sanitarios, el Gobierno abdista no debió fallar con la gente en la respuesta más atinada para enfrentar la crisis económica y social, porque no todo debe basarse en ensanchar la deuda y el déficit fiscal, con efectos muy dañinos en la estabilidad macroeconómica.
Un factor clave ha sido la carencia de una perspectiva de mediano y largo plazo para relanzar la actividad económica, partiendo desde ahora con las medidas indicadas para reactivar la generación de ingresos genuinos, tanto en el comercio como en la industria y los servicios.
Pareciera que con el agravamiento de la pandemia, se aprovecha esta situación para sacar adelante el nuevo endeudamiento que incluye el bicicleteo de parte de la deuda y el oscuro pago de comisiones de 5 por ciento por estos movimientos con los bonos en el mercado internacional, a través de “brokers” ligados al poder político local. Todo esto, mientras la población sigue sin ver una luz al final del túnel de la crisis sanitaria, social y económica.
Es cierto que sin salud no hay tampoco actividad posible, siendo a la vez imperioso adoptar las medidas urgentes de ayuda social, pero sin lugar a dudas lo que más se hace sentir en el Paraguay actualmente es la necesidad de reanudar la plena actividad económica, incluyendo las actividades comerciales de frontera, toda vez que incluso con el cierre de los puentes y accesos de turistas de igual forma se ha propagado el virus en forma exponencial, como lo confirma lamentablemente el caso del Alto Paraná.
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