No resulta ninguna “casualidad” que dirigentes de los sindicatos estatales sean los que rechazan la aprobada Ley de la Alianza Público-Privada, cuyo destino fue definido el lunes por los diputados, donde 60 legisladores votaron a favor de la discutida ley. Con certeza, obedece esta actitud a una “causalidad”, es decir a una relación de causa-efecto, pues los sindicalistas se creen prácticamente los dueños del Estado paraguayo, erigiéndose en promotores del absurdo cuan dispendioso incremento del personal estatal y llenándose los bolsillos con los zoquetes que crean a través del nombramiento de parientes, amigos, novias y amantes. ¿Quién copia a quién? Lo mismo ocurre con sus “cómplices” políticos.
La actual campaña que transparenta las listas de funcionarios públicos y sus remuneraciones, algunas de ellas escandalosas en comparación al promedio de ingresos de los trabajadores del sector privado, ha desnudado el verdadero contubernio entre la dirigencia política y los “eternos” líderes sindicales, que se han convertido en poderosos soportes del statu quo en el país que impide el desarrollo nacional a través de la participación del sector privado en las obras de infraestructura que desea encarar el Estado, en el marco de la APP.
Con el avieso pretexto de evitar supuestamente la privatización de empresas públicas y la enajenación del patrimonio público a precio vil, los sindicalistas estatales se tiraron contra el proyecto de Alianza, porque con la futura ley va a mudar el sistema administrativo en los entes del Estado, ya que la incorporación del capital privado implicará también la eliminación de los sobrecostos que llevan a inflar el gasto y el pasivo de las empresas públicas, tanto por el aumento irracional de personal apoyado por los sindicatos como por el descarado reparto de zoquetes entre los mismos sindicalistas.
Nunca objetaron masiva contratación
Es una realidad fuera de toda discusión que los dirigentes de los sindicatos de empresas como Ande, Copaco, entre otras, nunca objetaron ni se manifestaron contra el desmesurado incremento de personal permanente y contratado que se dio de 2008 a 2013 en todo el Estado, de más de 50 mil personas, y sin que tampoco denunciaran el masivo ingreso de funcionarios sin concurso de méritos y aptitudes, muchos de ellos por el simple padrinazgo de políticos inescrupulosos que lucran con los recursos estatales que son aportados por toda la población y especialmente la más pobre.
El crecimiento del funcionariado se dio, es cierto, por la decisión prebendaria de la clase política de aumentar la clientela con un ánimo básicamente electoralista y cortoplacista, pero restando recursos para la inversión pública en infraestructura física y social, que resulta a la postre una genuina generadora de empleos en la economía, junto a la inversión privada.
El aporte privado para aumentar la inversión pública en infraestructura es la finalidad de la Ley de Alianza Público-Privada. Lo que hará la APP es convertir a los inversionistas en socios temporales del Estado, con lo que se consolidará el desarrollo, las oportunidades de trabajo y la generación de empleos. Esto no implica privatizar ni enajenar los bienes estatales, pero los sindicalistas saben que cualquier modificación del absurdo estado de cosas actual, con empresas en quiebra e incapaces de invertir para ayudar a crecer al país, afectará sus privilegios y zoquetes.
La continuidad del derroche estatal no significará ninguna ventaja para el país y su gente, lo que no les importa a los dirigentes sindicales, que sólo ven el horizonte de corto plazo de continuar con el prebendarismo y el clientelismo de sus “primos” políticos, con quienes están aliados para ir en contra del interés general.
Lo que en realidad están demostrando los sindicalistas, con esta actitud contraria al bienestar nacional, es que defienden la ineficiencia de la administración estatal y el statu quo, con la finalidad de seguir controlando los recursos estatales, que son de todo el pueblo y no de un minúsculo grupo de inescrupulosos dirigentes de sindicatos, algunos de ellos teledirigidos por políticos oportunistas.
Escribe:
Luis Alen
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