Este país necesita que todos los sectores económicos pongan el hombro para lograr el objetivo de un desarrollo armónico y sustentable. No basta con sólo impulsar el crecimiento económico con altas tasas y un aumento positivo de los ingresos en algunos estamentos, especialmente urbanos, cuando el resto de la población y marcadamente en el ámbito rural, se debate en la pobreza y con graves carencias en materia de educación y salud.
Así como no se puede depender sólo del crecimiento económico para el progreso social, la meta del desarrollo humano integral exige que el Estado se transforme en un elemento catalizador necesario que ajusta pragmáticamente sus políticas y acciones en sintonía con las nuevas realidades y los desafíos que se presentan.
En esta perspectiva se explica el por qué de la inevitable cuan imperiosa implementación del impuesto a la exportación de soja y otros granos en estado natural. No es posible que el Estado sobrelleve en estos momentos una real angustia de recursos, con un marcado déficit fiscal y la imposibilidad de cumplir con los objetivos presupuestados de inversión física y social, cuando el sector agroganadero motoriza un crecimiento del PIB que se traduce en mayores ingresos para un sector minoritario de la población.
Este grupo poblacional próspero tendría que aportar más al Estado en forma de tributos, no hay ninguna duda, ya que en los últimos años ha venido acumulando capitales que ya le dan posibilidades de reinvertir y continuar incrementando sus ingresos. El Estado viene a cumplir así con el rol de factor de equilibrio entre sectores prósperos capacitados para aportar y aquellos grupos que necesitan de aportes que le permitan salir adelante, especialmente, en términos de prestación de servicios esenciales para satisfacer necesidades humanas irrenunciables.
Sólo un Estado fuerte y dinámico, con los suficientes recursos financieros, será capaz de producir las transformaciones que se requieren para mejorar el bienestar de los ciudadanos, ampliando sus opciones de salud, educación e ingresos, y así expandir sus libertades y oportunidades para que tengan una mayor participación en la sociedad.
Visión a largo plazo
La noción de Estado desarrollista dinámico es el que impulsó a Horacio Cartes a ordenar a los legisladores colorados a tomar el camino de la aprobación del impuesto a la exportación de soja. Es una visión de largo plazo que no tiene el clásico interés inmediatista de cubrir el agujero del déficit fiscal, sino la intención de hacer frente al desafío del desarrollo social fundamentado en una necesidad de justicia histórica.
En el campo no se recibió con mucha simpatía el proyecto, como era de prever, pues ya se conoce de sobra la forma en que las multinacionales agroexportadoras traspasan a los productores cualquier carga tributaria adicional, pero tampoco por eso se puede eludir la responsabilidad de los que tienen más en solventar las actividades del Estado, que se sabe trabaja para el bien común. De hecho, los productores son los primeros en reclamar al Estado seguridad y servicios sociales en el ámbito rural, que sólo pueden aumentar y mejorar en función a mayores ingresos tributarios.
Los gremios de la producción no se niegan a este mayor aporte, pero a través de impuestos sobre los ingresos y con la implementación del IVA agropecuario con devolución en caso de exportación. El fisco es renuente a implementar un sistema de esta clase por la experiencia de gran evasión que siempre ha sido la constante en materia de IVA y el cálculo de las ganancias reales de los productores, así como por el fracaso del Imagro.
El Estado simplemente prefiere recaudar rápidamente a través de la liquidación de las divisas de exportación por parte de las grandes agroexportadoras, que inevitablemente después se traduce en una reducción en los ingresos de los productores.
Lo que queda por ver luego es la real devolución de estos aportes en la forma de más presencia del Estado en el campo, a través de mejoras en los servicios de salud, educación y seguridad. Lo que hay que evitar es seguir con la política de un Estado prebendario que continúa aumentando su nómina de personal en la medida en que se incrementan los fondos, ya sea tributarios o de los aportes que provienen de las entidades binacionales hidroeléctricas.
El impuesto a la producción agroexportadora sólo se justifica en la medida en que el Estado consiga ser manejable en términos financieros para cumplir con las grandes metas nacionales del desarrollo con inclusión social.
Escribe: Luis Alen
lusialgo@yahoo.com
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