Escribe: Luis Alen.
La historia de la Central Hidroeléctrica de Yacyreta (CHY) está plagada de irregularidades que nunca fueron aclaradas por los gobiernos nacionales que se sucedieron desde la caída de la dictadura stronista.
De ser un “monumento a la corrupción”, como lo definiera el propio presidente Carlos Menem de la Argentina, ahora al tema de la indefinición en materia de renegociación del Anexo C del Tratado (las prestaciones financieras) se le agrega la crítica operación de la usina, por la avería de la mayor parte de los grupos generadores.
El 27 de marzo se cumplirá un año del vencimiento del Anexo C sin que los dos gobiernos hayan acordado hasta ahora un nuevo sistema de bases financieras en reemplazo del fijado por el Tratado vigente desde 1974. Esta situación imposibilita definir el problema de la gran deuda que tiene el emprendimiento binacional, así como el aumento de la potencia de la central con la instalación de tres nuevas unidades generadoras y la construcción de la central de Corpus.
Resulta muy preocupante la desidia del Gobierno paraguayo al no exigir a su par argentino una solución definitiva al problema del financiamiento y el aumento de la potencia, en momentos en que justamente la usina está atravesando por una crisis de operación con la mayor parte de sus turbinas en serios problemas, estando ya fuera de servicio cuatro de ellas y con posibilidades de que dejen de funcionar otras más del total de veinte, con lo cual se pondría en serios aprietos el funcionamiento del conjunto de la hidroeléctrica.
Historia de la desidia
A la histórica corrupción existente en el manejo de la entidad binacional Yacyretá, se le agrega ahora la consecuencia de la desidia en la operación de la usina, especialmente porque los 20 grupos generadores fueron forzados por años a operar fuera de sus especificaciones técnicas, a menor cota de la necesaria en el embalse por las acuciantes necesidades energéticas argentinas.
Con un 90 por ciento de consumo de la electricidad por parte de la Argentina y sólo 10 por ciento de Paraguay, llama la atención la dejadez del Gobierno argentino no sólo por haber permitido llegar al extremo de poner en riesgo a las máquinas, sino también por no arbitrar las medidas adecuadas para llegar a un entendimiento óptimo con el Gobierno paraguayo en materia financiera y de funcionamiento de la central, así como al no adoptar las programaciones necesarias con el fin de aumentar la potencia de generación.
Con cuatro unidades paradas ahora, es de esperar que no ocurran más percances en otros grupos generadores, hasta que en junio vuelvan a operar las que actualmente son reparadas. Esto obligaría a reducir la potencia de generación de la usina a niveles de 100-110 MW, de los actuales 135 MW promedio, salvo en el caso de tres unidades que ya fueron reparadas y que operan actualmente a 155 MW.
Esta situación viene a contramano de las urgentes necesidades argentinas de reforzar su parque de generación, más aún cuando está exportando energía a Brasil procedente de la misma central de Yacyretá a precios muy superiores a los que paga, con retraso, al Paraguay.
La delicada situación planteada en Yacyretá se inscribe en el drama del Paraguay condómino en los emprendimientos binacionales, tanto con Brasil como la Argentina, al convivir con diagramas puestos en práctica por gobiernos antipatrióticos que dejaron a nuestro país a expensas de los caprichosos e inicuos manejos de los vecinos.
El Gobierno del presidente Cartes vuelve a practicar el mismo “dejar hacer, dejar pasar”, de la política de los gobiernos anteriores. En relación a Yacyretá resulta aún más grave por la indefinición en el tema de la deuda, que la Argentina quiere atribuir una parte al Paraguay como en el leonino preacuerdo de 2006 durante la época de Nicanor Duarte Frutos, cuando se sabe que la letra del Tratado es clara en cuanto al pago de la deuda con la producción de energía, a tal punto que se debió llegar a la “deuda cero” en un lapso definido de tiempo. Era cuestión de aplicar sólo la letra del Tratado de 1973.
Otro hubiera sido el panorama de Yacyretá y mismo el de Itaipú, si es que se luchara por revertir las ominosas disposiciones de los tratados, respecto a la imposibilidad por parte paraguaya de disponer libremente de la parte de la energía que le corresponde, en este caso los 1.600 MW en la usina compartida con la Argentina.
Esta libre disponibilidad habría conducido lógicamente a la fijación de precios de mercado para la electricidad, tanto para el sistema integrado argentino como para otros países. Asimismo, no debía haberse permitido la arbitraria decisión argentina de exigir a las máquinas un extremo funcionamiento fuera de las especificaciones técnicas de los fabricantes.
La realidad actual de Yacyretá obliga a pensar que ya es tarde para los lamentos y que se deben tomar medidas extremas como la de bajar la capacidad de generación de la usina, con el fin de evitar más máquinas dañadas.
Toda la situación planteada debe obligar, sin embargo, a que el Gobierno paraguayo tome al toro por las astas y exija a la Argentina una corrección de rumbo en el manejo discrecional por años que realizó en la binacional. Adicionalmente, tiene que establecer con su par de Buenos Aires un sistema diferente de prestaciones financieras que implique la “deuda cero”, precios mayores para la energía exportada a la Argentina y el pago puntual por la misma.
Una buena noticia ha sido opacada por las malas: la ANDE ya puede retirar hasta 700 MW de potencia con la puesta servicio del autotransformador T1 de la estación de Ayolas. Pero nuevamente se tropieza con la realidad de un sistema argentino muy necesitado de generación, por lo que en la práctica aún resulta difícil imaginar que Paraguay pueda retirar más de los poco más de 200 MW que utiliza hoy.
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