Aquí en el segundo municipio de la república, Ciudad del Este, todo se hace al revés. Un hecho significativo y fundamental es el trato que las autoridades municipales tienen hacia los turistas que visitan este distrito fronterizo del país.
En medio de una profunda crisis económica, lo más sensato sería brindar un trato preferencial a los denominados “compristas” (preferentemente brasileños), que en número importante llegan hasta la otrora capital mercantil del Paraguay para adquirir productos ofertados en los grandes centros comerciales de la zona.
Sin embargo, lejos de contribuir para el mejoramiento de la vida comercial de la capital del Alto Paraná, los organismos de control, llámese policías de tránsito o nacional, se dedican a perseguir a los extranjeros que llegan hasta nuestra ciudad, con un claro fin chantajista, un sello indeleble de los funcionarios comunales y policiales.
Y lo más grave de esta triste realidad, que este tipo de esquema persecutorio lo materializan en connivencia con marginales, que operan en el microcentro, bajo la batuta, ya sea de agentes del orden o los temidos “zorros”, que no pueden ver circular por las calles rodados con patentes extranjeras.
Este modus operandi para el trato a los turistas se enraizó en los organismos de control, fomentado, principal y talvez exclusivamente, por la baja remuneración de sus efectivos, que con la misión de complementar su exiguo salario con “ganancias extras”, para llegar a un monto que posibilite llevar una vida digna, se ven obligados a realizar esta actividad al margen de la ley. Sin olvidar de añadir, la impunidad del que gozan por parte de sus superiores, para materializar este tipo de actividades ilícitas.
Indudablemente, esto no es excusa que justifique este accionar, pero hace que el hecho en sí sea visto con ojos benevolentes por la ciudadanía y por las propias instituciones, que no condenan ni persiguen enérgicamente a los que practican este acoso hacia los que visitan la ciudad, con claros fines extorsivos.
La solución a esta dura realidad, que tanto daño ya ha causado a la economía de la región y también a la imagen que proyecta Ciudad del Este al resto del mundo, pasa indefectiblemente por la valorización del personal que tiene a su cargo recibir a los visitantes, con un considerable aumento del presupuesto para los organismos de control del país.
Mientras que las autoridades responsables sigan otorgando impunidad a quienes actúan al margen de la ley, seguirá con fuerza imperando la corrupción en las instituciones, un flagelo que corroe el tejido social de los paraguayos, contra el que deberá luchar con fuerza el nuevo gobierno para erradicarla.
En esta capital fronteriza, la municipalidad bajo la batuta del clan Zacarías es la más sensible y vulnerable a la corrupción, donde desde el 2001, el dinero del pueblo se convierte en un verdadero festín, lo cual ha llevado a la institución en una quiebra técnica, a raíz de las cuentas millonarias mantenidas con empresas proveedoras, atrasos con los préstamos bancarios y lo más grave de todo, es que van cinco meses que los funcionarios no perciben sus respectivos salarios.
En este estado calamitoso y peligroso se encuentra el segundo municipio en importancia presupuestaria del Paraguay.
No obstante, la intendenta Sandra McLeod sigue sin tomar medidas contra los persecutores de los visitantes extranjeros, que cada vez en números más reducidos llegan hasta Ciudad del Este. Aquí todo se hace al revés.





























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