Todos bajo sospecha

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El nivel de desconfianza de la población hacia la policía paraguaya está creciendo, los informes del Barómetro Global de la Corrupción 2013, que realiza Transparencia Internacional, señalan que en Paraguay el 81% de nosotros desconfía de la honestidad policial.
Esta cifra se repite con niveles superiores en otros países de la región. La gente tiene la sensación de estar durmiendo con el enemigo, por la evidente y comprobada participación de policías y jueces en delitos que van desde los comunes, hasta aquellos que son parte de la actividad del crimen organizado, con estupor ve cómo en la medida que pierde la confianza, siente robustecerse al crimen organizado y queda con la amarga sensación de la inseguridad, que deja sus vidas y bienes en  peligrosa desprotección judicial y policial. Muchos de los delitos perpetrados por los policías son catalogados como simple indisciplina y  son castigados con meros traslados, que empeoran la impresión que sobre ellos se tiene. 
Por otro lado el crimen organizado no deja de mostrarse como uno de los sectores que disfruta de la protección policial, así el contrabando, la falsificación, el narcotráfico y el trafico de ilícito de dinero son hechos que a plena luz del día muestran osadamente la protección de fuerzas de seguridad policial o privadas, sin que sean objeto de control o intervención judicial.
A diferencia de los delitos comunes, que están presentes siempre y en todas las sociedades del mundo, el crimen organizado necesita condiciones particulares para desarrollarse. Una de ellas, quizás la más importante, es la complicidad de las fuerzas de seguridad.  La planificación que suponen las grandes redes delictuales como el narcotráfico no sería posible sin el acceso a información detallada sobre los procedimientos de control que realizan la policía y la justicia.
De la misma manera, si ciertas instancias de la institución policial, jurídica y política,  no se muestran intencionalmente pasivas frente a las organizaciones criminales, muchas de sus operaciones serían inmediatamente descubiertas.
Cuanto más corruptas son las instituciones de seguridad, mayor es la penetración del crimen organizado y también la impunidad. 
El panorama delictuoso que angustia a la población está en auge y constituye una tendencia que de no ser aniquilado por los buenos, terminará imponiendo el maléfico control criminal por sobre el de la justicia y la policía, como corresponde a un estado que se presume de derecho.
Si el hamponato organizado está minando a las instituciones de seguridad, habría que preguntarse también qué rol desempeña en este escenario la población civil, el grado de participación por comisión u omisión que pudiera atribuírsele, porque como todos sabemos el estado de inseguridad que agobia a la gente honesta es potenciado por otros que logran el éxito en sus gestiones privadas, gracias al imperio del delito organizado.

Escribe: José Martínez

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