La publicación de las listas de funcionarios con sus sueldos y beneficios adicionales, además de servir para confirmar el elevado costo de la actividad política para la ciudadanía, ayuda a transparentar la gestión del Estado, poniendo en evidencia un ejercicio del poder de ciertos políticos que raya lo delictual y lo moralmente reprochable, con actos de nepotismo, tráfico de influencia, estafa y descarados robos al erario público.
Para algunos analistas, sin embargo, la política de transparencia no puede abarcar sólo lo que se ha dado en llamar “la punta del iceberg” de la corrupción de la clase política, como son los zoquetes y las prebendas, porque los parlamentarios y los líderes de los partidos políticos han tomado como un verdadero negocio particular el quehacer del Poder Legislativo, alcanzando sus tentáculos los otros dos poderes, el Ejecutivo y el Judicial. De hecho, no escapa a la actuación de los legisladores ninguna cuestión de importancia manejada en los otros poderes, con lo cual se configuró una verdadera “dictadura parlamentaria”, lo que de alguna forma impidió desarrollar el país en todos los años de la transición y posicionó al Paraguay en los primeros lugares del ránking de la ONG Transparencia Internacional de las naciones más corruptas.
Los parlamentarios y políticos en general, junto a sus aliados sindicalistas estatales, no dejaron de advertir la peligrosidad que suponía para sus intereses el combo de proyectos de ley enviado por Cartes al Congreso desde el 15 de agosto, entre los que sobresalieron la Ley de Responsabilidad Fiscal y la Ley de Alianza Público-Privada.
Temían, con razón, que les serían cercenados sus largos brazos utilizados para sacar provecho a cuanto proyecto o programa es o quiere ser encarado por las distintas reparticiones del Estado.
Pero el Ejecutivo desarmó con astucia cualquier resistencia apoyando la publicación de las planillas de ministerios y entes estatales, lo que fue fríamente calculado como una forma de debilitar a los parlamentarios, cuyo desprestigio llegó tan bajo, al punto que la capacidad de reacción ante la arremetida de Cartes con sus proyectos de ley encontró a los parlamentarios sin ninguna autoridad moral para atinar defensa alguna en favor de sus intereses.
Además de transparencia,
política de comunicación
Victorioso HC en su propósito de asegurar la gobernabilidad para su política del Nuevo Rumbo tras el fracaso de la resistencia congresista, de los partidos y de los sindicatos estatales, la batalla ganada no significa haber ganado la guerra, por cuanto los exponentes de la vieja política corrupta estarán siempre al acecho para poner en jaque los programas del presidente Cartes.
No hay que olvidar que el Ejecutivo aún debe lidiar cinco años con el Congreso, donde la voz de orden seguirá siendo negociar con el jefe de Estado cuanto proyecto o medida se deba tomar, a cambio de alguna prebenda o beneficio para los legisladores y políticos. No resulta ningún secreto que el surgimiento o permanencia de las “minibancadas”, que aunque favorecen la política de “dividir para reinar” de HC, le podrían significar finalmente a éste algunos dolores de cabeza, como el caso del jefe del Clan Zacarías de Ciudad del Este, su rival más temible en la interna colorada para los próximos años.
Pero el mayor problema va a sobrevenir con el resto de la sociedad paraguaya, hastiada como está del comportamiento corrupto de su clase política, ahora expuesto en notoria flagrancia con los escandalosos datos de las corruptelas de los legisladores. A Horacio Cartes, como “outsider” de origen, le resultó un arma letal a su favor poner en jaque a la clase política con la publicación de las listas de funcionarios, pero también le supondrá al titular del Ejecutivo una responsabilidad adicional mantener la misma conducta con la transparencia de sus propios actos, una vez que se pongan en marcha los programas de inversiones privadas en el sector público, con la nueva Ley de la Alianza Público-Privada (APP)
Para cumplir con esta finalidad, el Gobierno debe llevar a cabo una política comunicacional que esté a la altura de los grandes compromisos que implica ante el país la puesta en vigencia de una ley como la APP. De hecho, sólo si se rodean de la máxima transparencia e información los hechos y actos del Gobierno en esta materia, el mismo Cartes saldrá fortalecido en su necesario relacionamiento con ambas cámaras del Congreso, ya que con este proceder contará con el respaldo de toda la ciudadanía.
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