Escribe: Luis Alen.
El Gobierno de Horacio Cartes mantiene un doble discurso: por un lado en los papeles favorece la radicación de inversiones privadas, nacionales y extranjeras en el país, así como alienta la aplicación de la APP (Alianza Público-Privada), pero llamativamente en los hechos tiende a fortalecer los monopolios estatales en el sector energético, como el caso de Petropar y ahora con la intención de que la Ande se apropie de las redes eléctricas privadas de las colonias menonitas del Chaco y de la empresa Clyfsa de Villarrica.
A través de simples decretos, el Gobierno de HC pudo desmontar todo el sistema de libre competencia instalado en 2000 en el sector de combustibles, favoreciendo una escalada de Petropar en el mercado a contrapelo de todo lo invertido en el sector por parte de las distribuidoras privadas. Lo pudo hacer porque también sólo decretos regían el sistema antimonopolio en los derivados de petróleo.
La Constitución prohíbe los monopolios, como el ensayado en Petropar y en la Ande, pero en el caso de la entidad estatal petrolera, una sola empresa afectada por los decretos monopolistas, Petrobras, se animó a acudir a la Justicia, pero un juez le dio la razón al Gobierno, pisoteando el texto constitucional.
La ley de 2008
Pero en el caso de la Ande y su intención de terminar con la distribución de energía por parte de las cooperativas menonitas y la empresa Clyfsa, no sólo se lo impide la Constitución sino también una ley de 2008, la 3.480, que habla precisamente de las concesiones que puede tener el sector privado organizado en cooperativas o en empresas, para realizar la distribución de energía y las pone en el mismo nivel que el ente estatal para la aplicación de la tarifa social.
Por este motivo, la Ande tuvo que recular en su pretensión de alzarse con una inversión de US$ 70 millones realizada por los colonos del Chaco, con más de 2.700 kilómetros de líneas. Una inversión igualmente millonaria en dólares es la que tiene Clyfsa en Villarrica, que desde hace años es amenazada con una estatización, so pretexto de que la carta orgánica de la administración estatal prohíbe los sistemas privados de distribución.
La misma ley 3.480 cita expresamente en su artículo 2º, que la tarifa social de la Ande será aplicada a los usuarios del servicio eléctrico del grupo de consumo residencial, doméstico o familiar, y a las Juntas de Saneamiento de Agua, y “por toda concesionaria o cooperativa que se abastezca de la Administración Nacional de Electricidad (Ande) para prestar el servicio de distribución de energía eléctrica en un área determinada, creado o por crearse, tales como CLYFSA en la ciudad de Villarrica y las Cooperativas Mennonitas Chortitzer, Fernheim y Neuland en el Chaco, a los usuarios arriba definidos, en adelante denominadas distribuidoras”.
Esto significa que no sólo la Ande iba a pisotear un convenio de diez años de vigencia pactado con las colonias menonitas del Chaco en 2011, sino que se quiere ignorar un texto legal vigente desde 2008, que norma la tarifa social de la entidad y que reconoce a las distribuidoras privadas de energía según lo establecido por la misma Constitución, que garantiza la libre oportunidad para todos y la no vigencia de los monopolios.
El Gobierno sólo puede avanzar en su plan estatista en la Ande modificando la ley de 2008, porque, de lo contrario, si continuaba con su plan podía encontrarse con una batalla judicial en la que podía salir perdiendo, porque tanto los menonitas como Clyfsa llevan las de ganar al estar expresamente citados en el artículo 2º de la citada norma.
Como actualmente el Gobierno cartista no tiene mayoría propia en el Senado, difícilmente correría una modificación de la Ley de 2008.
Por de pronto, la pretensión de alzarse con inversiones privadas muy valiosas, en los sectores de combustibles y electricidad, estaría escondiendo un perverso interés en perfeccionar el monopolio estatal para después, a través de la Alianza Público-Privada u otra concesión, favorecer la incursión de alguna empresa vinculada al poder con el fin de beneficiarse a precio regalado de las costosas inversiones realizadas por otras empresas del sector privado no amigas del poder de turno.
Facebook Comentarios