El Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) tiene la responsabilidad y la obligación ante la sociedad paraguaya de impedir que ciudadanos con antecedentes o procesados por la justicia sean candidatos o precandidatos a algún cargo electivo, para estas elecciones municipales.
El citado organismo electoral tiene que realizar un minucioso trabajo de control para evitar que personas con oscuros antecedentes continúen participando en elecciones, como viene ocurriendo en el país, sin que sean sancionados o vedados para competir.
El caso más reciente y que ganó notoriedad es el de hoy prófugo intendente de la localidad de Ypehú, Vilmar “Neneco” Acosta, procesado, años atrás, por tráfico de estupefacientes y homicidio, y últimamente, involucrado en el asesinato del periodista de ABC, Pablo Medina, hecho ocurrido al final del año pasado en la zona de Curuguaty.
A pesar de los antecedentes, la Justicia Electoral, inscribió a Neneco Acosta como candidato a intendente, donde al final terminó ganando las elecciones, permitiendo así que un sujeto con antecedentes nefastos sea ungido como autoridad en una comunidad, y claro, con la complicidad y padrinazgo de ciertos políticos.
Esto es apenas un ejemplo, porque casos similares al del hoy prófugo intendente ocurre en varios otros distritos del país, gracias a la existencia de un órgano contemplativo, que lejos de regular o sancionar este tipo de hechos, otorga impunidad a quienes andan al margen de la ley.
También no deben quitar la nalga de la jeringa muchos líderes políticos, que por ciertos intereses oscuros avalan las candidaturas de algunos procesados, como ocurrió con Neneco Acosta, quien se postuló por el zacariísmo, además de contar con el respaldo político de la hoy diputada colorada Cristina Villalba, apuntada como la principal protectora del prófugo ex jefe comunal de Ypehú.
El distrito de Hernandarias tampoco está ajeno a esta lacerante realidad, donde un grupo de candidatos a cargos electivos municipales están denunciados ante la justicia por diversos delitos. Sin embargo, no tendrían inconveniente alguno para entrar a competir, porque la benevolencia y la actitud cómplice de las mismas autoridades electorales, permiten que convivamos con autoridades inescrupulosas, varias de ellas en deudas con la justicia.
Es hora de adoptar el rótulo de país serio. Ya hace mucho tiempo que estamos en joda, por lo que es necesario que esta república sea sometida a una profunda transformación política y social, para que podamos adquirir el status de una nación formal, en donde el respeto al estado de derecho, obedeciendo la ley y la Constitución Nacional, sean el parámetro con el que se rijan todos los ciudadanos de bien, sin distinción de clase, color y religión.
Llegó el momento en reconstruir un país claro y transparente. Pero lograr ese deseo, la iniciativa debe partir del Gobierno Nacional, renunciando al apañamiento de amigotes de turno. Si hay sospecha de mal manejo de gestión, hay que dejar a la justicia que investigue sin la acostumbrada presión, como ocurre normalmente en esta nación guaraní, donde la impunidad, madre de la corrupción, goza de muy buena salud. Por tanto, la Justicia Electoral tiene la noble misión de vetar a candidatos que tienen problemas con la justicia.
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