Escribe: Luis Alen.
El Paraguay sigue siendo víctima de un vil chantaje, ahora de parte de una entidad relacionada con el Estado italiano, por la deuda espuria heredada del régimen stronista y provocada por el embajador “itinerante” Gustavo Gramont Berres en la década del 80, que al final se convirtió en una deuda fraudulenta.
Son más de 80 millones de dólares con intereses y gastos judiciales que el Estado paraguayo deberá pagar eventualmente si es que no se frena el proceso de ejecución de sentencia iniciado ante un tribunal de Washington D.C. por parte de la aseguradora italiana SACE.
Lo más sorprendente del caso es que los sucesivos gobiernos de la democracia no pudieron dar un finiquito al problema, pese a que durante diez años se tuvo la oportunidad de recurrir a la Corte Internacional de Justicia de La Haya, con el fin de discutir el fondo de la cuestión, a través de una demanda contra Suiza, país en donde el Paraguay soportó un juicio de los bancos acreedores.
Pese a que nuestro país nunca reconoció la deuda de Gramont al no estar aprobada por el Congreso según lo exige la Constitución, el hecho es que los tribunales suizos le dieron la razón a los bancos, que luego terminaron vendiendo su acreencia a la SACE de Italia, que en su momento también tuvo relacionamiento con el caso Gramont.
Costosas chicanas
Ahora se impone defender la postura del Paraguay en Washington, con el fin de evitar el pago de la fraudulenta deuda que llega a unos US$ 85 millones, que le reclama la SACE al Estado paraguayo. Para la defensa se contratará un costoso estudio jurídico norteamericano, pero sólo para extender en el tiempo el no pago. Sin embargo, con el correr de los años, el país deberá cumplir la sentencia. Sólo se trata de alargar la agonía con chicanas costosas. A menos que se discuta el fondo de la cuestión en La Haya.
Los presidentes de los tres poderes del Estado coincidieron en rechazar por ilegal, ilegítima e inmoral la deuda. Esta fue contraída por el argentino Gustavo Gramont Berres y se remonta a los años 1986 y 1987. Fue designado por la dictadura del Gral. Alfredo Stroessner como cónsul honorario de Paraguay en Ginebra (Suiza). Con esos títulos bajo el brazo, gestionó en Ginebra en forma personal dos empréstitos internacionales para sus firmas Rosi SA y Lapachos de San Isidro SA.
Los 10 bancos que le dieron el crédito a Gramont, entablaron una demanda contra el Paraguay en Suiza y perdieron en primera instancia, pero ganaron en las dos restantes. El 31 de mayo de 2005, el máximo tribunal suizo condenó a Paraguay a pagar la deuda. Tras casi 10 años, la SACE demanda a Paraguay, debido a que compró los títulos de la deuda de los bancos internacionales.
El senador Enrique Bacchetta, en sesión del Senado, expresó que en los tribunales de Washington, D.C. nuestro país buscará evitar el pago de la fraudulenta deuda de US$ 85 millones. “Es decir, el Gobierno va a contratar un costoso estudio jurídico, que no sabemos cuándo va a cobrar ni quienes son para ‘chicanear’ o prolongar la agonía de una ejecución de una sentencia del máximo tribunal de Suiza de 2005”, afirmó.
Bacchetta sugirió que el Congreso convoque a los mejores juristas internacionales paraguayos para que expongan su postura sobre la deuda de Gramont Berres, de tal manera a iluminar a toda la ciudadanía de la gran estafa que se cometió contra el Estado paraguayo.
A inicios del mes pasado el Gobierno fue notificado de que la aseguradora italiana Sezione Speciale per L’Assicurazione del Credito All’Esportazione (SACE) presentó la demanda en la Corte distrital de Columbia, en Washington DC.
Este caso tomó ribetes polémicos ante la declaración del procurador Roberto Moreno, quien reclamó “un poco más de seriedad” a la embajadora italiana Antonella Cavallari.
Las expresiones de Moreno hacían referencia al estatus que tiene la SACE y la participación accionaria del Estado italiano en dicha sociedad. Según el procurador, el Estado europeo aún tiene participación en la SACE.
Esto se contrapone a la postura de la embajadora italiana, quien ratificó que el Estado italiano ya no posee acciones en la aseguradora.
Lo cierto y lo concreto es que el Estado paraguayo deberá ir contra reloj y no sólo tendrá que entablar chicanas jurídicas en Washington para evitar que se embarguen bienes paraguayos en Estados Unidos o las mismas reservas internacionales del Banco Central.
También se impone alguna acción, aunque tardía, ante el tribunal de La Haya, con el fin de discutir el fondo de la cuestión del juicio perdido en Suiza, buscando que la justicia internacional le dé la razón al Paraguay sobre el origen espurio de la deuda que los bancos internacionales debieron conocer en su momento cuando concedieron el empréstito ilegal a Gramont Berres.
Tiene razón el senador Bacchetta en que no se debe pagar la deuda de Gramont, sino en conseguir el veredicto de La Haya para evitarle al Estado paraguayo una enorme erogación con recursos que bien podrían ser destinados a fines de inversión en infraestructura o en gastos sociales.
Como se ve, de nuevo la irresponsabilidad de los gobernantes priva al pueblo paraguayo de recursos valiosos que ahora se utilizan en pagar abogados cuando que hace tiempo se debieron finiquitar las deudas de esta naturaleza y recurrir a la Justicia nacional con el fin de recobrar todo lo gastado en estas instancias accionando contra los funcionarios que tuvieron que ver con la contratación o la generación de estas deudas internacionales fraudulentas.
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